El exministro Catalá medió con Montoro para que trabajara con una empresa de apuestas
Los investigadores subrayan que su papel fue clave para el acercamiento entre Codere y el despacho Equipo Económico
Cristóbal Montoro, en el centro, junto a Rafael Catalá (derecha). | Europa Press
El caso Montoro salpica a nuevos miembros del Gobierno de Mariano Rajoy. El sumario de la investigación vincula con la trama al exministro de Justicia, Rafael Catalá. Según la información adelantada por la Cadena Ser, Catalá habría mediado con Montoro para que éste incluyera a una multinacional del sector de las apuestas -Codere- entre la cartera de clientes de Equipo Económico, el despacho de abogados a través del cual contrataba a las compañías que luego, presuntamente, beneficiaba fiscalmente.
El informe elaborado por los Mossos d’Esquadra recoge que Codere contrató los servicios del despacho Equipo Económico —vinculado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro— durante entre 2008 y 2012, gracias a la mediación directa del exministro de Justicia Rafael Catalá.
Catalá mantuvo relaciones profesionales con Codere desde 2005, ocupando cargos como secretario y consejero dentro de la compañía. Aunque en 2011 asumió funciones en el Gobierno, su relación con la empresa no se interrumpió. Además, considera el informe policial, conocía bien a los miembros de Equipo Económico, puesto que había coincidido con algunos de ellos durante su etapa en el Gobierno de José María Aznar, como subsecretario de Hacienda. Los investigadores subrayan que su papel fue clave para facilitar el acercamiento entre Codere y el despacho asociado a Montoro.
Los investigadores señalan que Codere trató de influir en la legislación española y más concretamente en la fiscalidad sobre el juego online. En 2011, con el gobierno de Zapatero, se aprobó el primer gran cambio legal. Mismo año en el que se produjo la llegada de Rajoy y de Cristóbal Montoro al Gobierno. El informe señala que esa firma «habría hecho labores de ‘lobby’ junto o a través de Equipo Económico» durante la redacción de la ley del Juego, en la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y durante su posterior implementación, ya con el PP, en este último caso «en relación al proceso de adjudicación de las licencias del juego para operar en España».
La intermediación de Equipo Económico creen que podría haber sido determinante la aplicación de la ley, según el sumario. El Ministerio de Hacienda, a través de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria (ONIF), realizó inspecciones a empresas del juego extranjeras para que pagaran impuestos con retroactividad como condición para obtener las licencias, lo que beneficiaba a Codere, cliente de Equipo Económico.
A cambio de estas gestiones, la empresa Codere realizó importantes pagos al despacho legal mencionado. Así lo concluyen los Mossos, quienes sostienen que se realizaron múltiples transferencias como compensación por los servicios prestados por valor de 679.000 euros.
No es el único ministro salpicado
Además de Catalá, el sumario judicial sobre la implicación del Cristóbal Montoro en la trama salpica también al entonces ministro de Industria, José Manuel Soria. Las empresas gasistas, las principales implicadas en el caso, trataron de presionar una reforma dedicada a las energías renovables que «perjudicaban los intereses de algunas empresas».
El Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona ha imputado a un total de 28 personas y seis empresas por la presunta comisión de siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Entre los miembros de Hacienda imputados se encuentran el ex secretario de Estado, Miguel Ferré Navarrete; los subsecretarios Pilar Platero y Felipe Martínez Rico; el ex director de la Agencia Tributaria Santiago Menéndez; los ex directores generales de tributos Diego Martín-Abril y José Álberto García Varela; el ex subdirector de tributos locales Óscar del Amo; el ex asesor del Gabinete del ministro Rogelio Menéndez; y el que fuera director de gabinete, José María Buenaventura Zabala.
Según la investigación, Equipo Económico habría cobrado más de 10 millones de euros de distintas empresas a cambio de modificar leyes. Entre ellas, cinco firmas gasísticas imputadas junto al exministro de Hacienda y varios de sus colaboradores durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Estas compañías habrían pagado 270.000 euros por conseguir que se les bonificara un impuesto eléctrico en 2014 al que no podían acceder, según la normativa comunitaria.