La trama del exministro Montoro maniobró para rebajar un 85% los impuestos a sus clientes
El despacho que creó el exministro de Hacienda habría cobrado 10 millones a cambio de modificar leyes
El ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en unas jornadas de política fiscal el pasado marzo. | Carlos Luján (Europa Press)
Equipo Económico (EE), el despacho de abogados que fundó Cristóbal Montoro, habría cobrado más de 10 millones de euros de distintas empresas a cambio de modificar leyes. Entre ellas, cinco firmas gasísticas imputadas junto al exministro de Hacienda y varios de sus colaboradores durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Estas compañías habrían pagado 270.000 euros por conseguir que se les bonificara un impuesto eléctrico en 2014 al que no podían acceder, según la normativa comunitaria.
Un juez de Tarragona, Rubén Rus, imputó este jueves a seis personas jurídicas y 26 físicas, entre ellas nueve altos cargos del equipo de Montoro. Les imputa siete delitos. En el epicentro de la trama se encuentra el despacho que fundó el exministro de Hacienda en 2006, aunque las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE revelan que vendió todas sus acciones a su hermano dos años más tarde. No obstante, los investigadores consideran que seguían siendo «vasos comunicantes» y que las empresas pagaban a EE para influir en decisiones del Gobierno.
Un informe de los Mossos d’Esquadra avanzado por la Cadena Ser revela que las cinco empresas gasistas implicadas obtuvieron una bonificación del 85% en el impuesto eléctrico en 2014. Una rebaja fiscal a la que no podían acceder porque una directiva europea ya transpuesta impedía la rebaja. Los investigadores sostienen que la consiguieron tras abonar a EE 270.000 euros.
El equipo de Montoro
Tras el pago, la trama de Montoro remitió el texto que pretendían aprobar. El encargado de hacerlo habría sido el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, otro de los imputados. El dirigente lo presentó al grupo parlamentario popular, que lo introdujo como enmienda número 80 al proyecto de ley por la que se establecían «medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptaban otras medidas tributarias y financieras».
La enmienda fue aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP. Las empresas gasistas obtuvieron a partir de entonces una rebaja en el 85% del impuesto eléctrico. Rus levantó este jueves el sumario, que recoge un total de 18 tomos tras una investigación que ha permanecido bajo secreto siete años. Las pesquisas revelan una supuesta red de influencias que ha provocado la imputación del exministro, de su secretario de Estado, de dos subsecretarios de Estado, dos directores generales de tributos, un asesor, un jefe de gabinete y el director general de la Agencia Tributaria.
El Ministerio de Hacienda ha destituido este viernes a dos altos cargos imputados en la causa: el subdirector general de Tributos Locales, Óscar del Amo, y el director Económico Financiero de Loterías, Rogelio Menéndez. El primero, que asumió el cargo en 2011, ha sido señalado por su presunta participación activa en los hechos bajo escrutinio.
Del Amo habría ocupado un puesto clave en la elaboración de anteproyectos de ley y proyectos de reglamento que incorporaron las demandas acordadas con empresas gasísticas, tal como revelan emails intervenidos en la causa. Al ser funcionario de carrera, mantendrá el puesto hasta que un juez le condene. El otro alto cargo destituido fue asesor en el Gabinete de Montoro entre 2013 y 2015. Fuentes judiciales apuntan a su intervención en una reunión celebrada el 4 de marzo de 2014 entre el entonces ministro y representantes de la Asociación de Fabricantes de Generadores de Inversores y Motores (AFGIM), a la que pertenecían las cinco empresas beneficiadas.
Influencia en las reformas
El auto de Rus señala que estas empresas contrataron al despacho que creó Montoro «a fin de que hiciese uso de su red de influencias para que se llevasen a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones». Las empresas, que también han sido imputadas como personas jurídicas, habían acudido con anterioridad a varias consultoras sin obtener resultados satisfactorios por la negativa de la Administración. Todo cambió cuando se encomendaron a EE.
El magistrado imputa a Montoro y al resto de imputados la presunta comisión de los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Rus sostiene que el exministro «presuntamente hace uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio, lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE».
Rus insiste en que «el uso de tales potestades» habría permitido al bufete «ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público». Para ello, Montoro habría colocado en puestos clave del Ministerio de Hacienda a personas vinculadas con el despacho de abogados.
«Se ha constatado que el investigado [Montoro] ha nombrado entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas al despacho EE, lo que aseguraría que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de ley y proyecto de reglamentos se redactasen a demanda de las mercantiles investigadas, tras aceptar aquellas pagar por ello», insiste el auto.