Los clientes del bufete de Montoro conocían los Presupuestos antes que el Congreso

Todos los caminos conducen a Cristóbal Montoro. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala que los clientes del despacho que fundó en 2006 conocieron el borrador de los Presupuestos de 2018 seis meses antes de que llegara al Congreso. De esa manera pudieron pedir reformas legales a cambio de suculentos pagos. Una práctica que le podría haber reportado al bufete más de 10 millones de euros en total. El juez Rubén Rus investiga por siete delitos al exministro de Hacienda, a seis personas jurídicas y 26 físicas, entre ellas nueve ex altos cargos. Otro informe de la Agencia Tributaria acusa al exdirigente popular de vender sus acciones a un precio irreal. Los investigadores consideran que siguió teniendo relación con la sociedad mientras formaba parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

Un informe de la UCO, fechado en abril de 2021 y adelantado por El País, revela que EE facilitó a las empresas gasísticas detalles del borrador de la Ley de Presupuestos de 2018 seis meses antes de que fuera público. El despacho lo habría enviado a finales de 2017 a pesar de las dificultades de sacar las cuentas públicas por la situación en Cataluña. Sin embargo, la web de la Cámara baja lo colgó en abril del año siguiente. Los investigadores destacan que, de esa forma, pudieron sugerir modificaciones a su favor.

El documento afirma que el texto propuesto por las compañías «fue el que literalmente se plasmó al final en la ley», aprobada el 2 de julio de 2018 y vigente hasta diciembre de 2020. La gestión habría reportado al despacho que creó Montoro 360.000 euros. «La cercanía y confianza de los socios de EE con el ministro de Hacienda pudiera haber dotado a este despacho de la capacidad de influencia suficiente para instar y lograr los cambios normativos perseguidos», insiste el informe. Los agentes señalan que el contenido de los emails intervenidos pone de manifiesto la contratación, al menos en dos ocasiones, de los servicios de EE por parte de las empresas gasísticas para influir en las decisiones del Gobierno.

Montoro y sus acciones

Los investigadores destacan que la mediación de EE también habría sido fundamental para cambiar el criterio de Hacienda respecto a la tributación del sector gasístico en 2014. Subrayan que, antes de su participación, el departamento de Montoro no quería rebajar un impuesto. Finalmente, obtuvieron una bonificación del 85% en el impuesto eléctrico, una rebaja fiscal a la que no podían acceder porque una directiva europea ya transpuesta impedía la rebaja. Los agentes inciden en que ninguna de las vías empleadas antes por las empresas había prosperado.

La UCO sospecha que el despacho que fundó Montoro se favorecía de una serie de sociedades fantasmas a través de las cuales los socios canalizaban los beneficios. Los investigadores apuntan a «la posibilidad de que parte de los fondos que pasaron por EE pudieran haber sido transferidos a cuentas de personas físicas o jurídicas radicadas en el extranjero». Señalan que, con ese nombre o con el que adoptó más tarde, Global Afteli, habría mantenido relaciones con mercantiles sin aparente vinculación con los investigados radicadas en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido.

Hacienda también sospecha del proceso de venta de acciones que utilizó Montoro. El investigado constituyó el despacho en 2006 con un capital de 60.000 euros a través de 6.000 participaciones a diez euros cada una. El exministro disponía del 30%, pero un año más tarde compró nuevos títulos, hasta situarse en el 38%. Las vendió solo dos meses después, en 2008, aunque en su declaración de IRPF «no consta venta alguna». Los técnicos de Hacienda han tenido que recurrir al índice único notarial.

En un informe fechado en diciembre de 2023 y adelantado por El País, la Agencia Tributaria relata que Montoro transmitió sus acciones a su hermano Ricardo y a uno de sus socios, Ricardo Martínez, también imputado. Ambos eran personas de su máxima confianza y quienes se quedaron al frente de EE cuando el investigado volvió al Congreso de los Diputados y, tres años más tarde, Rajoy le otorgó las llaves de Hacienda, desde donde habría amedrentado a periodistas incómodos y rivales políticos.

Sociedades intrumentales

Montoro se deshizo de sus 1.800 participaciones y se embolsó 18.000 euros, pero «no declaró ganancia patrimonial» alguna con esa venta, ya que traspasó los títulos al mismo precio que los había adquirido: diez euros cada uno. Los técnicos sostienen que no es «un precio razonable de venta» y que no existe relación entre el importe declarado y los «parámetros económico-financieros» de la empresa. Se basan en que en las capitulaciones matrimoniales que firmó Martínez el precio de cada acción quedó fijado en 625 euros.

Hacienda también realizó una comprobación al hermano de Montero en 2012, año en que vendió sus acciones por 227 euros cada una. Los Mossos señalan en otro informe que la transmisión de participaciones de los «miembros políticos», en referencia al exministro, se hizo por el «valor nominal» (el que tiene una empresa cuando se constituye) y no por el valor patrimonial (que tiene en cuenta su capacidad de generar negocio y beneficios). Insiste en que la transmisión se ejecutó de forma «desproporcionada» (a unos socios más que a otros), lo que refuerza los indicios de que quizá esos nuevos titulares lo eran «de derecho, pero no de hecho».

La UCO subraya en otro informe, que ese «desfase» en lo percibido por los socios es un «indicador» de que los propios socios, o sus empresas, «pudieron constituir un cauce para canalizar los fondos a otros destinatarios, distintos de ellos» a través de empresas instrumentales. La propia Agencia Tributaria pone de manifiesto el uso de estas. Entre los ejemplos que cita se encuentra Econodos, de Martínez, fundador y presidente económico de EE desde 2008. Una firma que no tenía empleados y que solo facturaba al despacho investigado.

El juez Rus levantó el pasado jueves el secreto de sumario de una causa abierta hace siete años. Acusa a EE de haber cobrado más de 10 millones de euros de distintas empresas a cambio de modificar leyes a través de la influencia de Montoro. El magistrado le imputa hasta siete delitos y, entre otras cosas, sostiene que el exministro «presuntamente hace uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio, lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE». Para ello, habría colocado en puestos clave a personas vinculadas con el despacho. El Gobierno destituyó este viernes a dos altos cargos imputados en la causa: el subdirector general de Tributos Locales, Óscar del Amo, y el director Económico Financiero de Loterías, Rogelio Menéndez.