La 'número dos' de García Ortiz pide archivar la causa contra Armengol por mentir

El nombre de Víctor de Aldama se ha convertido en un quebradero de cabeza para Francina Armengol. La presidenta del Congreso negó cualquier relación con él hace un año en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Meses más tarde apareció un supuesto mensaje entre ellos, y el comisionista habló de una reunión. La dirigente socialista reconoció hace unas semanas que se había visto con el comisionista cuando dirigía el Gobierno balear, aunque como acompañante de un empresario al que asesoraba, por eso no le recordaba. Hazte Oír se querelló contra ella por falso testimonio. La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, aboga por archivar la causa. La asociación que lidera Ignacio Arsuaga ha respondido doblando la apuesta con una ampliación de la querella.

Armengol aseguró en una bronca sesión en el Senado el 7 de junio del año pasado que no conocía a Aldama. Un año más tarde, admitió que cuando dirigía el Gobierno balear se reunió con el comisionista y Juan José Hidalgo, propietario de Air Europa, la empresa rescatada por el Gobierno durante la pandemia con 475 millones de euros. Hazte Oír registró una querella ante el Supremo acusándola de mentir en sede parlamentaria. El delito, recogido en el artículo 502.3 del Código Penal, prevé condenas que oscilan entre los seis meses y un año de prisión o una multa económica de 12 a 24 meses.

La contradicción soliviantó al PP, que la citó a declarar de nuevo en el Senado para que aclarara lo sucedido. Durante su comparecencia, Armengol rechazó haber mentido en la sesión anterior. Explicó que entonces no recordaba que se había reunido con Aldama, ya que actuó como mero acompañante de Hidalgo y como presidenta regional se veía con muchas personas. Habría sido su secretaria, tras las afirmaciones del comisionista y relevarse el intercambio de whatsapps, la que revisó la agenda y advirtió de la cita.

Armengol se reúne con Aldama

Tres días después de su declaración en el Senado, la número dos del fiscal general, Álvaro García Ortiz, presentó un escrito en el que propone archivar la querella de Hazte Oír al no apreciar delito. En un escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Sánchez Conde alega que las pruebas de la asociación se limitan a un artículo periodístico que contiene una captura de la supuesta conversación que mantuvieron Armengol y Aldama durante la pandemia sobre mascarillas infantiles y un testimonio «ratificado por fuentes no identificadas que tampoco acreditaría una relación».

La fiscal subraya en el escrito que «todo ello comporta que no se haya aportado ningún principio de prueba que avale los hechos que se imputan en la querella, esto es, la previa relación, conocimiento y confianza entre Armengol y Aldama que comportaría la falsedad del extremo expuesto en su comparecencia».

«Aunque se admitiera la existencia de dicha reunión cabe precisar que la afirmación de dicho desconocimiento pudo no comportar una desviación manifiesta entre la compareciente y la realidad material al poderse tratar de un mero olvido, dadas las características del cargo ostentado entonces por la compareciente, que comportaba la asistencia a multitud de reuniones con una multitud de personas, lo que pudo determinar que desconociese y olvidase la identidad de una de las múltiples personas con las que se había relacionado años antes», insiste Sánchez Conde.

Una justificación calcada a la que usó Armengol en su segunda comparecencia en el Senado el pasado 8 de julio. La expresidenta balear esgrimió que se veía con mucha gente y que es «imposible» recordar nombre y apellidos de todos. La compareciente explicó que su secretaria revisó la agente y advirtió que Aldama acompañó en una reunión al propietario de Air Europa, empresa a la que asesoró durante un año a cambio de 10.000 euros mensuales. A pesar de ello, la dirigente socialista afirmó no recordarle. También se desmarcó del mensaje que exhibió el portavoz del comisionista en Cuatro, donde hablaban de comprar mascarillas para niños.

La compra de mascarillas

«El hecho de conocer o no a una persona de cierta relevancia social, que posteriormente ha sido señalada como nexo corruptor, carece de importancia si no se ha celebrado ningún contrato público en que dicho individuo haya participado o incluso, si celebrado alguno, este se acomoda a la legalidad», señala la fiscal en su escrito.

El Gobierno balear adquirió al inicio de la pandemia 1,4 millones de mascarillas a Soluciones de Gestión, de la que actuó como intermediario Aldama. Se abonó 3,7 millones de euros. Oposición y acusaciones populares le achacan haber pagado sobrecostes. Los cubrebocas jamás llegaron a utilizarse y quedaron almacenados como stock de seguridad. Se entregaron en abril de 2020, pero posteriormente se certificó que no cumplían con los estándares de ese modelo concreto, por lo que serían defectuosos a efectos técnicos.

El equipo de Armengol solo emprendió las gestiones para reclamar el dinero pasados tres años, poco antes de las elecciones autonómicas que ganó el PP de Marga Prohens. Nunca se recuperó ese dinero porque caducó el plazo. La Fiscalía Europea abrió hace año y medio una investigación por delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias en la compra de las mascarillas.

La presidenta del Congreso subraya que no está imputada, pero Hazte Oír mantiene que mintió en sede parlamentaria para «evitar verse vinculada con la trama investigada en el caso Koldo» porque podría tener «consecuencias políticas». La asociación que preside Arsuaga sostiene que «no resulta en modo alguno creíble» que Armengol no recordase haberse reunido con Aldama ya que en la reunión que mantuvieron solo participaron tres personas.

Hazte Oír presentó el 10 de julio una ampliación de su querella contra Armengol, un día después de que el Supremo decidiera dar traslado de las actuaciones a la Fiscalía para que informara sobre la competencia y el contenido de la querella formulada. Para los querellantes existen «claros indicios de que la querellada mintió conscientemente», lo que justifica la apertura de un procedimiento penal para «depurar las responsabilidades oportunas». Consideran que los whatsapps con Aldama publicados «también son suficientes a efectos indiciarios» para iniciar las pesquisas.