Hacienda detecta un pago «desconocido» de 80.000 euros a Montoro desde Luxemburgo

Cristóbal Montoro recibió un pago de 77.930 euros desde Luxemburgo cuyo pagador «se desconoce». El ingreso se efectuó en febrero de 2019, meses después de abandonar el gobierno tras la moción de censura que catapultó a Pedro Sánchez. El concepto describe que se trata de una «pension complementaire», pero la Agencia Tributaria no ha podido determinar su origen. El exministro de Hacienda está siendo investigado por siete delitos por, presuntamente, beneficiar a clientes del despacho que fundó en 2006, Equipo Económico (EE), a cambio de dinero. Los investigadores sostienen que la trama disponía de 16 empresas instrumentales para «desviar fondos de la presunta actividad delictiva».

Un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, explica que Montoro percibió 1,6 millones entre 2006 y 2019 por distintas rentas de trabajo. El exministro obtuvo 496.829 euros entre 2012 y 2018 como miembro del Gobierno de Mariano Rajoy. Recibió otros 457.211 del Congreso, donde era diputado por Jaén. Su partido hasta hace unos días, el PP, le abonó otros 234.323 y EE le reportó 200.000 euros en 2007.

Montoro también recibió 93.633 de las Cortes Generales entre 2006 y 2008; 19.888 euros de la Seguridad Social en 2019; otros 17.500 euros del Centro para la Reforma Económica y el Desarrollo Social entre 2006 y 2007; 14.953 euros entre 2012 y 2018 de la Subsecretaría Caja Pagadora Alcalá; 7.904 euros de FAES (el think tank de José María Aznar, con quien también fue ministro) entre 2006 y 2011; y 4.997 euros en 2018 del Grupo Parlamentario Popular.

El despacho de Montoro

A esas cantidades hay que sumarle diferentes sumas de universidades y el pago desconocido desde Luxemburgo. El informe que remitió la Agencia Tributaria al juez Rubén Rus en diciembre de 2023 señala una transferencia de una cuenta en Luxemburgo de Banque et Caisse d’Epargne de l’État a otra de CaixaBank bajo el concepto «Pension Complementaire 05/2019». Las fuentes consultadas sostienen que ese dinero corresponde al fondo de pensiones del Parlamento Europeo, una cantidad acumulada que no habría cobrado mientras permanecía en activo.

«El concepto que figura en los datos es el declarado por el emisor de la transferencia, por lo que se somete a su consideración la conveniencia de obtener la información adicional al respecto. Las herramientas informáticas a disposición de esta unidad no revelan ningún otro contribuyente que haya recibido o enviado divisas a la cuenta contrapartida», indica la Agencia Tributaria en su informe. A continuación detalla una ristra de propiedades.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona levantó el pasado jueves el secreto de sumario tras siete años de investigación. Además del exministro de Hacienda, están imputadas seis personas jurídicas y 26 físicas, entre ellas nueve ex altos cargos. Las pesquisas revelan la existencia de una compleja maraña de sociedades instrumentales a las que EE, presuntamente, desviaba gran parte del dinero obtenido tras recibir pagos de compañías de distintos sectores industriales a cambio de reformas legislativas que las beneficiaban.

Como ya informó este diario, el despacho habría facilitado a empresas gasísticas detalles del borrador de la Ley de Presupuestos de 2018 seis meses antes de que fuese público. EE lo habría enviado a finales de 2017 a sus clientes a pesar de las dificultades de sacar las cuentas públicas por la situación en Cataluña. Sin embargo, la web del Congreso lo colgó en abril del año siguiente. Los investigadores destacan que, de esa forma, pudieron sugerir modificaciones a su favor. El texto propuesto por las compañías «fue el que literalmente se plasmó al final en la ley», aprobada el 2 de julio de 2018 y vigente hasta diciembre de 2020.

Sociedades instrumentales

Los investigadores destacan que la mediación de EE también habría sido fundamental para cambiar el criterio de Hacienda respecto a la tributación del sector gasístico en 2014. Subrayan que, antes de su participación, el departamento de Montoro no quería plegarse a sus exigencias. Finalmente, obtuvieron una bonificación del 85% en el impuesto eléctrico, una rebaja fiscal a la que no podían acceder porque una directiva europea ya transpuesta impedía la rebaja. Los agentes inciden en que ninguna de las vías empleadas antes por las empresas había prosperado.

Los Mossos d’Esquadra y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectan en sus informes la existencia de 16 sociedades instrumentales que servirían para canalizar los beneficios. Están dirigidas por el exsecretario de Estado Ricardo Martínez Rico, Manuel Vicente Tutor, Francisco de Asís Piedras o Salvador Ruiz Gallud, socios del despacho que creó Montoro e imputados en la causa. Los agentes resaltan que las sociedades «carecen de medios personales o materiales, sede conocida y ni siquiera gastos de material de oficina».

Los investigadores apuntan a que los fondos que «pasaron por EE pudieran haber sido transferidos a cuentas de personas físicas o jurídicas radicadas en el extranjero». El despacho habría mantenido supuestamente relaciones con mercantiles sin aparente vinculación con los investigados radicadas en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Alemania, Italia, Polonia, Reino Unido, Colombia, Estados Unidos o Panamá.