El juez retira el pasaporte a Pardo de Vera y al exdirector de Carreteras acusado de amaños
El magistrado les atribuye los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias
El exdirector general de Carreteras Javier Herrero llega a declarar en la Audiencia Nacional este lunes. | Jesús Hellín (Europa Press)
Isabel Pardo de Vera no podrá salir de España. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la libertad provisional con las medidas cautelares de retirada de pasaporte y prohibición de salida del país tanto para la expresidenta de ADIF como para el ex director general de Carreteras Javier Herrero. Ambos tendrán que personarse cada 15 días en el juzgado acusados por el presunto amaño de obra pública a cambio de compensaciones económicas. El magistrado les atribuye cinco delitos: organización criminal, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y cohecho.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha adoptado estas medidas en sendos autos. Lo hace a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, una petición a la que se han adherido las acusaciones populares después de tomarles declaración como investigados. Ambos exdirigentes se han desmarcado de la trama y defendido la legalidad de las adjudicaciones de obra pública. Pardo de Vera, en cambio, se ha quejado de las presiones y de los comportamientos machistas de Koldo García, algo que puso en conocimiento del entonces ministro José Luis Ábalos.
El magistrado considera que no concurren las circunstancias para acordar la prisión provisional, ya que los investigados carecen de capacidad para hacer desaparecer «fuentes de prueba». Especialmente, después de que el pasado 26 de junio se realizara las diligencias de entrada y registro en sus viviendas, en las que se procedió a la incautación de toda la documentación relativa al caso, que se encuentra en custodia por la unidad actuante.
Pardo de Vera se desmarca
«De la investigación realizada, las evidencias digitales y la documentación obrante en la causa, se ha constatado que habrían participado en la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes, favoreciendo de manera recurrente, a petición de Koldo García, a diferentes constructoras para la obtención fraudulenta de contratos de obra pública, en concreto a las mencionadas mercantiles Acciona, OPR (Obras Públicas y Regadíos) y LIC (Levantina, Ingeniería y Construcción)», señala el juez.
La expresidenta de ADIF se ha desvinculado de los amaños, ya que en su opinión las concesiones siguieron los cauces correctos de la administración. Ha enmarcado sus conversaciones con Koldo García, que este grabó, dentro de la normalidad administrativa. Pardo de Vera también ha revelado que se quejó de las formas del asesor ante Ábalos, que le decía cosas «que las mujeres a veces tenemos que aguantar». También ha subrayado que se trataba de una persona sin formación que irritaba a los técnicos porque les decía lo que tenían que hacer.
En una conversación grabada por Koldo García el 18 de noviembre de 2020, el exasesor pedía con insistencia a Pardo de Vera una adjudicación para Levantina, Ingeniería y Construcción. En un primer momento trató que fuese de mantenimiento, pero tras la negativa de la entonces presidenta de ADIF propuso que fuera de emergencia. La investigada le recordó que acababan de concederle una y darle otra iba a resultar sospechoso, aunque se comprometió a sopesar las opciones, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El juez Moreno también imputó a Pardo de Vera al sospechar que se involucró en la contratación de Jésica Rodríguez en Ineco. Un informe de la UCO desveló diferentes mensajes con Koldo García que demuestran que la expresidenta de ADIF estaba al tanto del fichaje y que realizó gestiones. La ingeniera gallega ha explicado que cuando supo que era la pareja de Ábalos le reprochó que le utilizaran para contratarla. Ha señalado que si hubiese sabido que la joven no trabajaba, habría intercedido, que se negó a prorrogarle el contrato y que desconocía que había saltado a otro ente público, Tragsatec.
Herrero y el bingo
Herrero también se ha desmarcado de los presuntos amaños de obra pública a cambio de contraprestaciones económicas. El exdirigente ha sostenido que pensaba que el asesor de Ábalos le preguntaba por interés político, no para influir en los procesos. El magistrado señala que, «a petición» de Koldo García, habría favorecido «de manera recurrente» a «diferentes constructoras para la obtención presuntamente fraudulenta de contratos de obra pública». Entre ellas, Acciona, Levantina y Obras Públicas y Regadíos (OPR).
El magistrado se basa en una conversación de WhatsApp entre Herrero y Koldo García en abril de 2019. El exdirector de Carreteras celebra con el asesor de Ábalos la concesión de una obra: «Bingo!!! En Logroño». Los agentes lo vinculan a una adjudicación a la UTE conformada por Acciona y Aquaterra por 92,4 millones de euros. El investigado ha negado este extremo ante el juez asegurando que existían presiones por la cercanía electoral y que se trataba de una exclamación de alivio tras resolver un problema.
Los interlocutores también hablan del proyecto de construcción del Puente del Centenario (Sevilla), adjudicado también a Acciona por 71,4 millones, aunque las obras ya superan los 100. Herrero también habría «favorecido a la constructora OPR» con «la presunta adjudicación fraudulenta» de varios tramos de carretera o la aprobación de modificaciones de obra a favor de Levantina. Herrero también ha negado que pagara el impuesto revolucionario del PSOE, aunque admite que le llamaron desde el partido, como le avisó Koldo García por WhatsApp en marzo de 2022.