Manos Limpias pedirá que el caso de Cristóbal Montoro se traslade a la Audiencia Nacional
Solicitará el traslado debido a la naturaleza de los hechos investigados y la condición de los implicados
Cristóbal Montoro, en una reciente comparencia del exministro Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados. | Europa Press
El sindicato Manos Limpias ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona su personación como acusación popular en la causa abierta contra el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pero, según ha podido saber THE OBJECTIVE, reclamará que el caso sea trasladado a la Audiencia Nacional. La organización argumenta la «trascendencia social e institucional» del asunto y considera que debe ser juzgado por un órgano competente para delitos económicos de gran escala.
La iniciativa del sindicato se produce tras el levantamiento del secreto de sumario de un procedimiento iniciado en 2018, que ha destapado una presunta trama de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y corrupción en los negocios. Según la documentación judicial conocida esta semana, el despacho Equipo Económico —fundado por Montoro antes de asumir la cartera de Hacienda y del que se desvinculó oficialmente en 2008— habría percibido más de 700.000 euros procedentes de empresas del sector gasista que supuestamente después se beneficiaron de cambios normativos impulsados por el propio ministerio.
Manos Limpias argumenta que la naturaleza de los hechos investigados y la condición de los implicados —entre ellos altos cargos de Hacienda y directivos de importantes compañías— justifican que sea la Audiencia Nacional la que asuma el caso, en línea con su competencia en causas de corrupción económica de especial complejidad y relevancia nacional. El sindicato alegará también la «trascendencia social e institucional» de los hechos como base jurídica para la remisión de la causa a ese órgano judicial.
Una trama de presuntos favores fiscales
La investigación se centra en la posible connivencia entre funcionarios del Ministerio de Hacienda y determinadas empresas privadas a las que se habría favorecido mediante modificaciones legales en el Impuesto de Sociedades y otras normas tributarias. Según fuentes judiciales, dos reformas concretas del régimen fiscal habrían generado un ahorro millonario para estas compañías, que a cambio habrían canalizado pagos hacia Equipo Económico en concepto de asesoramiento.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda entre 2011 y 2018 en los gobiernos de Mariano Rajoy, fue formalmente imputado el pasado 17 de julio. Ese mismo día comunicó su baja como afiliado del Partido Popular, con el objetivo —según indicó— de evitar perjuicios al partido y centrarse en su defensa jurídica. Junto a Montoro, están imputados varios ex altos cargos del ministerio durante su mandato, incluidos secretarios de Estado y responsables de la Dirección General de Tributos. En total, el juez ha citado como investigados a 27 personas físicas y cinco jurídicas, entre ellas algunas de las empresas presuntamente favorecidas por las reformas tributarias en cuestión.
La personación de Manos Limpias añade un nuevo actor a un caso que ya ha captado la atención política y mediática. El sindicato, liderado por Miguel Bernad, ha intervenido como acusación popular en algunas de las causas más sonadas de los últimos años, como los casos Nóos y ERE y la imputación de Artur Mas por el referéndum del 9N.
Su estrategia habitual consiste en solicitar la apertura o impulso de diligencias judiciales a partir del interés general y el derecho de participación ciudadana en la justicia. En este caso, aspiran también a reforzar la presión para que el caso se eleve de forma definitiva a la Audiencia Nacional, donde —según defienden— habría mayor capacidad técnica y medios para instruir una causa de esta envergadura. El partido Vox ya había anunciado días antes su personación como acusación popular en esta misma causa.