Una empresa de la lista de Aldama en la trama Ábalos ganó una licitación igual que Levantina

La adjudicación del contrato para ampliar el tercer carril de la autovía A-66 entre Lugones y Matalablima, en Asturias —valorado en más de 20 millones de euros— siguió un patrón muy similar al detectado en otras licitaciones bajo sospecha concedidas a empresas como Levantina Ingeniería y Construcción (LIC): informes técnicos subjetivos, exclusión de ofertas más baratas y modificaciones contractuales a posteriori, incluso cuando los pliegos lo prohibían expresamente.

Publicada en junio de 2019, la licitación terminó meses después en manos de la UTE formada por Lantania y ASCH, tal como, según su confesión judicial, ya anticipaba Víctor de Aldama desde el inicio del procedimiento. El caso ha sido incorporado a la investigación de la trama Ábalos, tras el auto del Tribunal Supremo que autoriza indagar sobre nuevas adjudicaciones bajo sospecha.

El Tribunal Supremo desestimó así los recursos presentados por el exministro y su exasesor. El documento clave, entregado por el propio Aldama, contenía anotaciones manuscritas atribuidas a Koldo García donde aparece el nombre «Lantania» repetido tres veces, aunque, sin embargo, solo recibió la adjudicación de la obra en la autovía asturiana.

En el análisis de las ofertas donde se presentaron 25 empresas, la UTE Lantania-ASCH recibió la máxima puntuación en los criterios técnicos (62 puntos), pero el informe que lo justifica repitió frases idénticas entre distintos apartados. No se aportó ninguna motivación diferenciada que explicara por qué la UTE encabezada por Lantania fue mejor valorada que otras empresas, como Gévora o Abaldo, que recibieron notas mucho más bajas pese a contar con informes similares.

Esta práctica ya fue detectada en varias de las licitaciones presuntamente amañadas por Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), donde la puntuación técnica subjetiva se usaba como herramienta para decantar los concursos. En este caso, la diferencia con la segunda clasificada, la UTE Copcisa–Becsa, fue de solo 1,59 puntos, por lo que cualquier corrección mínima habría podido alterar el resultado.

El informe técnico fue firmado por Coral Collazos Ramos, jefa de área de obras, y Camino Arce Blanco, subdirectora general de Construcción. Ambas también intervinieron en el siguiente paso clave: la exclusión de ofertas por considerarlas “anormalmente bajas”.

Se fijó un umbral del 22,13%, dejando fuera a gigantes del sector como FCC, CHM, Obras Caminos o Peninsular de Contratas, muchas de ellas por márgenes inferiores al 1%. Según la Ley de Contratos del Sector Público, este tipo de ofertas deben ser analizadas y justificadas, pero ninguna fue readmitida, consolidando la posición de Lantania como ganadora, y desestimando todas como en otras licitaciones presuntamente amañadas en las que no había opción para las alegaciones. De este modo, con un informe de criterios subjetivos poco detallados y la exclusión inmediata de las ofertas anormales se obtenía el resultado predeterminado.

Modificados prohibidos

Una vez adjudicada la obra, se aprobó una doble modificación contractual, repitiendo el esquema detectado en otras licitaciones vinculadas a la trama. El contrato se incrementó en 2,5 millones de euros (un 11,43% del total) y se amplió el plazo de ejecución en nueve meses más. Todo ello pese a que el pliego especificaba que no se permitirían modificaciones: «Modificación: NO».
Además, no consta en la Plataforma de Contratación del Estado (PLACE) la resolución que justifique este cambio, lo que impide saber si estaba debidamente motivado o si cumplía con los requisitos legales. Una situación que, según expertos en contratación pública, representa una ventaja competitiva injusta frente al resto de empresas que no podían anticipar esos beneficios posteriores.

Según explican fuentes conocedoras del procedimiento, este caso reproduce al milímetro el llamado modelo de la constructora Levantina: se presentan ofertas ajustadas pero no temerarias, se inflan las puntuaciones técnicas sin motivación clara, se eliminan competidores estratégicamente y, finalmente, se compensan los márgenes con modificados.

La aparición del nombre «Lantania» en notas manuscritas de Koldo García y los mensajes celebratorios con responsables de Carreteras refuerzan la sospecha de que la adjudicación pudo estar dirigida. Y el hecho de que se repitan los patrones detectados en obras concedidas a LIC, empresa ya investigada por manipulación de licitaciones a cambio de mordidas, refuerza la hipótesis de un esquema sistémico y no casos aislados.

El auto del Supremo subraya que la instrucción sirve para confirmar o descartar indicios, y que no es necesario contar con pruebas concluyentes para abrir una investigación. Además, rechaza que una causa ya abierta proteja a los investigados ante nuevas evidencias.

La versión de la empresa

Fuentes de Lantania han querido destacar respecto al modificado, aunque no aparece publicado en la Plataforma de Contratos del Estado, que el documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE acredita que fue avalado por la Abogacía del Estado al detectar errores técnicos en el proyecto inicial, y que fue aprobado once meses después de la salida de Ábalos y Koldo del Ministerio. El modificado, afirman, fue autorizado igualmente por el Consejo de Ministros.

Sobre la exclusión de ofertas, insisten en que el umbral de temeridad se calcula mediante una fórmula matemática objetiva, aplicada por igual en todas las licitaciones. En cuanto al supuesto resultado predeterminado, descartan que una empresa pueda conocer de antemano las ofertas de sus competidores ni el umbral de temeridad que depende de esas cifras, lo que imposibilita cualquier ventaja anticipada en la fase económica.