La Fiscalía pide cuatro años de prisión para el hermano de Ximo Puig por falsedad documental
El Ministerio Público también solicita dos años y seis meses de cárcel para Juan Enrique Adell Bover
El expresidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig. | A. Pérez Meca / Europa Press / ContactoPhoto
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha solicitado la apertura de juicio oral contra Francisco Javier Puig Ferrer, hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, y contra Juan Enrique Adell Bover, por presuntos delitos de falsedad documental, estafa agravada y, de forma subsidiaria, malversación de caudales públicos.
Según el escrito de conclusiones provisionales al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Ministerio Público pide cuatro años de prisión para Puig Ferrer por falsedad en documento mercantil, además de multas y la devolución de más de 110.000 euros en subvenciones presuntamente defraudadas. Para Adell Bover, se solicitan dos años y seis meses de cárcel como cooperador necesario en los mismos delitos.
En el escrito del Ministerio Público se detalla un esquema de fraude en torno a subvenciones destinadas al fomento del valenciano en medios de comunicación. Puig Ferrer, como administrador de las empresas Comunicacions dels Ports SA (CDP) y Masmut Produccions SL (MMP), habría simulado gastos empresariales mediante facturas ficticias, duplicadas o cruzadas con empresas vinculadas, con el objetivo de inflar las cantidades recibidas de la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya entre 2015 y 2018.
Según el fiscal, Puig Ferrer “con la intención de beneficiarse económicamente obteniendo una cantidad superior a la que le hubiera correspondido”, integró en las cuentas justificativas conceptos genéricos no pagados ni relacionados con la actividad subvencionada, como alquileres de locales agrícolas o contenidos audiovisuales en castellano. La Intervención General de la Generalitat Valenciana (IGVA) y la Policía Judicial han considerado muchas de estas facturas como no subvencionables, al no estar justificadas o por corresponder a actividades ajenas al fomento del valenciano, como radio o prensa en otros idiomas.
Entre los ejemplos destacados en el escrito figuran facturas de Joaquín Puig Mestre (padre del acusado) por alquileres de un almacén en Morella, valorados en miles de euros pero sin relación con la actividad digital; o facturas de proveedores como TVCS SL, SER (Sociedad Española de Radiodifusión) e Interferencias y Comunicaciones SL, que no fueron pagadas ni acreditadas mediante contratos. En el caso de MMP, descrita como una “empresa ficticia” con sede en un domicilio particular en Peñarroya de Tastavins (Teruel), se aportaron facturas mensuales de Repartos Alcaniz SLU por conceptos vagos como “colaboración continuada en diari digital”, sin pruebas de los servicios prestados.
El total defraudado asciende a 110.691,97 euros, de los cuales 58.866,69 euros corresponden a la Generalitat Valenciana (distribuidos en 11.307,85 euros en 2015; 13.376,00 euros en 2016; 20.023,99 euros en 2017; y 14.158,85 euros en 2018). El resto procede de subvenciones catalanas. El fiscal subraya que estas ayudas no se aplicaron a la finalidad prevista, como la promoción del valenciano en radio, prensa o digital, sino que se desviaron mediante simulaciones.
Adell Bover, administrador de Canal Maestrat SL y Kriol Produccions SL, aparece como cooperador necesario. Habría establecido una “relación fraudulenta” con Puig Ferrer, intercambiando facturas cruzadas entre sus empresas para simular gastos y aumentar las subvenciones. Por ejemplo, facturas de MMP a Canal Maestrat por “contenidos audiovisuales” no acreditados, o viceversa, sin contratos ni pagos reales (alegando compensaciones no probadas). El fiscal pide para él una pena menor, pero incluye la indemnización solidaria de 74.710,75 euros por la facturación vinculada a sus sociedades.
Además de las penas de prisión, el Ministerio Público solicita multas de 7.200 euros para Puig Ferrer y 3.600 euros para Adell Bover por falsedad, así como inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio durante el tiempo de la condena. En concepto de responsabilidad civil, exige la devolución íntegra de las cantidades defraudadas, con CDP y MMP como responsables subsidiarias. El escrito también propone medidas cautelares, como embargos preventivos, y una batería de pruebas para el juicio oral, incluyendo declaraciones de los acusados, testificales de peritos de la IGVA y policías judiciales, y periciales sobre la documentación falsificada.