La trama Montoro creó un plan para «atraer» a Alberto Nadal, nuevo gurú económico del PP
Las gasísticas buscaron el favor del entonces secretario de Estado de Energía para cambiar leyes en su beneficio
El nuevo vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, durante su etapa como secretario de Estado de Energía. | Eduardo Parra (Europa Press)
Las empresas beneficiadas por la trama Montoro tenían un plan: pagar a despachos influyentes para conseguir sus objetivos políticos. Tras fracasar en su intento de cambiar una ley, las gasísticas contrataron a Equipo Económico (EE), el despacho que fundó Cristóbal Montoro antes de convertirse en ministro de Hacienda con Mariano Rajoy. Los corruptores ya habían intentado «atraer», esto es, sumar a su causa, al nuevo vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, que entonces ocupaba el cargo de secretario de Estado de Energía. Los populares le desvinculan de cualquier práctica ilegal. El juez ha imputado a seis personas jurídicas y 27 físicas, entre ellas nueve ex altos cargos entre los que no está Nadal.
La estrategia para contratar a EE tomó cuerpo el 15 de octubre de 2013, durante una junta directiva de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim). Los empresarios creían que era la «vía más directa» para cambiar su suerte. El acta de la reunión, incluida en el sumario al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, destaca las gestiones para obtener los beneficios fiscales contemplados en una directiva europea. Los representantes de las gasísticas y un miembro del despacho que fundó Montoro, Manuel de Vicente Tutor, comenzaron entonces a intercambiarse emails.
Un informe de los Mossos d’Esquadra fechado en enero de 2021 señala que la contratación de EE empieza a fraguarse cuando los miembros de Afgim pierden la esperanza de que sus demandas fuesen atendidas mediante la ley de medidas en materia de fiscalidad medioambiental. La norma se aprobó el 29 de octubre de 2013 y fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un día más tarde. Sin embargo, no contemplaba la exención impositiva del 50% que ansiaba el sector.
El despacho de Montoro
Ese mismo 30 de octubre las empresas beneficiadas por la trama de Montoro se reunieron en el despacho de EE para fijar las bases del acuerdo. «Se puede inferir que ya se habían iniciado las negociaciones con el Ministerio de Hacienda, ya que [el acta] destaca que no podrán conseguir la retroactividad de la norma», según el informe de los Mossos. Los investigadores subrayan que, durante el registro del despacho de Rubén Folgado, se encontró una carpeta azul con dos folios manuscritos que desvelan la estrategia de las gasísticas.
En uno de esos documentos se desgrana la labor de lobby que intentan desarrollar los miembros de Afgim. Se hace hincapié en la pretendida reforma eléctrica y la necesidad de verse con diferentes dirigentes políticos. El escrito menciona a varios diputados catalanes, al entonces consejero catalán de Empresa y Ocupación Felip Puig y al secretario de Estado de Energía Alberto Nadal. «Propuesta de línea de actuación para atraer a Alberto Nadal. Mirar diversas opciones de gabinetes facilitadores», se puede leer en las anotaciones.
Los investigadores sostienen que las empresas beneficiadas por la trama Montoro se plantearon la opción de contratar algún gabinete con acceso al secretario de Estado de energía «para atraer su atención» antes de echarse en brazos de EE. El primer acercamiento se habría producido en 25 de abril de ese 2013, cuando la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) envió un email a las gasísticas para invitarles a un evento para comer con Nadal.
El nombre del economista volvió a estar en el candelero a principios de junio, cuando Alberto Núñez Feijóo le nombró nuevo vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP. Se reincorporará en septiembre, una vez que finalice sus compromisos laborales en Estados Unidos. Su designación no ha gustado en determinados sectores del partido. Su aparición en el sumario del caso Montoro, aunque no sea uno de los imputados, ha acrecentado las voces críticas. Sin embargo, los populares defienden su actuación.
La defensa del PP
Su vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, salió este lunes en auxilio de Nadal, al que desvinculó de las prácticas irregulares. En una entrevista en Telecinco señaló que Feijóo se encontraba en Galicia cuando tuvieron lugar las actuaciones de Montoro al frente de Hacienda, por lo que «no tenían vínculo». Los socialistas le acusan de privatizar al BOE y aseguran que su actual líder es la continuación del PP de siempre. Bravo les acusó de «difamar» al adversario político.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, levantó el pasado jueves el secreto del sumario tras siete años de pesquisas. El auto detalla que existen indicios de que el exministro de Hacienda y otros altos cargos crearon una «red de influencias» para impulsar cambios normativos en favor de empresas que contrataban al despacho fundado por el propio Montoro en 2006, aunque lo abandonó dos años más tarde vendiendo sus acciones; pero los investigadores creen que seguía siendo socio gracias a testaferros.
«A cambio de importantes pagos y con un presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas, con el fin de que estas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes», subraya Rus. El entonces secretario Estado de Hacienda Miguel Ferre reconoció a las gasísticas que el impuesto de electricidad estaba armonizado a nivel de la UE respecto a una directiva comunitaria, aunque esta preveía la posibilidad de que los Estados miembros establecieran beneficios fiscales para sectores de consumo intensivo.
Tras la contratación de EE, las gasísticas consiguieron una exención del 85% gracias a una modificación normativa aprobada en noviembre de 2014. No fue la única. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en otro informe incluido en el sumario que los clientes del despacho conocieron el borrador de los Presupuestos de 2018 seis meses antes de que llegara al Congreso para pedir reformas legales a cambio de suculentos pagos. Estas operaciones le habrían reportado unos beneficios de más de 10 millones de euros en total.
La UCO sospecha que el despacho que fundó Montoro se favorecía de una serie de sociedades fantasmas a través de las cuales los socios canalizaban los beneficios. Los investigadores apuntan a «la posibilidad de que parte de los fondos que pasaron por EE pudieran haber sido transferidos a cuentas de personas físicas o jurídicas radicadas en el extranjero». Los países señalados son Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido.