El Supremo mantiene a Cerdán en prisión ante los indicios que apuntan a su «papel directivo»

Santos Cerdán seguirá en prisión preventiva. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado este miércoles el recurso que presentó su defensa al considerarle víctima de una causa general. Los magistrados sostienen que existe riesgo de obstrucción a la investigación, lo que justifica la medida cautelar. El auto al que ha accedido THE OBJECTIVE subraya que hay indicios suficientes para pensar que el ex secretario de Organización del PSOE ejercía un «papel directivo» en la trama que investiga el cobro de comisiones a cambio de amañar obra pública. Está acusado los delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

El exsecretario de Organización del PSOE acusa al juez del caso, Leopoldo Puente, de adoptar una actitud «inquisitiva». También ha deslizado que le encarceló el pasado 30 de junio buscando «una confesión» al estilo de Víctor de Aldama. Los magistrados de la Sala de Apelación han avalado al instructor al considerar que existen «indicios suficientes» en su contra y persiste el riesgo de ocultar pruebas y condicionar testigos.

Este diario ya avanzó que sus propios abogados, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, eran conscientes de que Cerdán pasaría todo el verano en la cárcel de Soto del Real tras conocer la composición del tribunal que iba a estudiar su recurso. La defensa reclamó al Supremo que le dejara en libertad de forma «inmediata» al considerar que no existen pruebas suficientes para mantenerle en la cárcel. Durante la vista celebrada este martes, los abogados calificaron a su cliente como víctima de una «presunción de indecencia» y recordaron que otros investigados, como el exministro José Luis Ábalos y Koldo García, se encuentran en libertad.

Cerdán y las pruebas

La Sala de Apelación, integrada por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena (ponente) ha rechazado el recurso de Cerdán. El tribunal comparte con Puente que existe el riesgo de obstrucción de la investigación y otorga al investigado «un papel directivo y de control en la actividad criminal de los distintos partícipes» en la trama. «Está racional, objetiva y detalladamente fundada la consideración del magistrado instructor de existir un peligro de que pueda perjudicarse irremediable y gravemente la investigación por una actuación obstruccionista del recurrente» señala el auto.

Frente a la alegación de la defensa de que la medida cautelar se ha adoptado sin que aparezcan elementos de criminalidad suficientes contra el investigado, la Sala indica que los indicios recogidos en la instrucción sobre la actuación delictiva y la participación de Cerdán en la trama «son nutridos y poderosos». Entre ellos, las grabaciones realizadas por Koldo García, que el juez instructor ha accedido a analizar y entregar al ex secretario de Organización del PSOE después de que su defensa afirmara que está manipuladas.

La Sala indica que el instructor considera estas conversaciones «extraordinariamente elocuentes» sobre la participación de los investigados en una red de mordidas a cambio de amaños de obra pública que habrían beneficiado a diferente empresas, entre ellas Acciona; Obras Públicas y Regadíos; o Levantina, Ingeniería y Construcción. Los audios analizados hasta ahora acumulan más de 15 horas de conversaciones entre Koldo García, Ábalos y Cerdán. Suponen la base del último informe policial y el principal indicio para que el juez decidiera enviar a prisión al ex secretario de Organización del PSOE.

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, se opuso al recurso de Cerdán al considerar «impecable» el auto de Puente, que desgrana la existencia de un «amplísimo caudal de indicios». El representante del Ministerio Público reiteró que el dirigente navarro tuvo un papel «capital» en la presunta trama y alertó de que persiste el riesgo de «ocultar» pruebas y «condicionar» a testigos. En esa línea se expresaron también las acusaciones populares.

Desacredita las grabaciones

Puente sospecha que «más personas, físicas o jurídicas», además de Ábalos, Koldo García y Cerdán, pudieron haberse lucrado y que el ex secretario de Organización del PSOE tendría un «conocimiento privilegiado». Eso llevó al juez a apreciar un riesgo de «ocultar, alterar o hacer desaparecer las pruebas que pudieran existir al respecto». La privación de libertad fue solicitada tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por las acusaciones populares.

El ex secretario de Organización del PSOE está acusado de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho como supuesto cabecilla de la trama que cobró mordidas a cambio de amañar obra pública. En su recurso de apelación cuestionó las grabaciones realizadas por Koldo García. También señaló al asesor ministerial de Ábalos como «un posible colaborador policial» para intentar entorpecer la instrucción.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil advirtió que sus grabaciones demuestran el «interés» del preso en las obras públicas, de las que hablaba tanto con Koldo García como con Ábalos, con quienes mantenía una relación de «cierta preeminencia». Cerdán ejercía de «interlocutor entre el partido y el Gobierno», especialmente «en los meses y semanas anteriores a la campaña electoral, por la necesidad de desencallar algunas obras paralizadas».

Los investigadores señalan que el dirigente navarro desempeñó «un papel activo en la gestión de los fondos», que Puente cifró en cinco millones de euros. El juez le sitúa en el origen de la operativa desde hace una década en Navarra, cuando comenzó a colaborar con Koldo García. Durante su declaración judicial negó cualquier implicación en las adjudicaciones y haber cobrado mordidas.

Acciones en Servinabar

Para los magistrados de la Sala, «el marco indiciario que se ha descrito desvela por sí solo la naturaleza de la actividad que se desplegó, así como el modo en que se desarrolló y cómo los investigados se repartían, de manera furtiva, unas cantidades portentosas e injustificadas de dinero, en un comportamiento que solo se muestra coherente con la actividad delictiva que se investiga».

Cerdán también disponía de un contrato privado que le convertiría en el dueño del 45% de Servinabar, una de las empresas que se habría beneficiado de las adjudicaciones irregulares. El ex secretario de Organización afirmó que nunca elevó el acuerdo a escritura pública y que tanto Joseba Antxon Alonso como él acordaron romperlo y dejarlo sin efecto. No obstante, su socio no lo hizo y los agentes de la UCO encontraron el documento durante el registro de la vivienda del empresario.