'Caso Montoro': los juristas desconfían de las 70 prórrogas de la instrucción

El caso Montoro comenzó con una denuncia anónima, continuó con un hallazgo casual y se desarrolló durante siete años bajo secreto de sumario. Una medida que requirió más de 70 prórrogas. El artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece que la ampliación del plazo máximo de un año de instrucción debe hacerse mes a mes en caso de que permanezca reservada. Los juristas consultados por THE OBJECTIVE desconfían de la medida y consideran que, si no está suficientemente justificada, podría motivar la nulidad de la causa. Equipo Económico (EE), el despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro en 2006, ha solicitado que se anulen los emails en los que se basa la investigación por derivar de otra operación.

El origen del caso se remonta a una denuncia anónima que aseguraba que EE operaba como lobby y obligaba a empresas energéticas y de renovables a contratar con ella para «influir» en las decisiones políticas. La Fiscalía Anticorrupción la archivó en 2017. Un año más tarde, los Mossos d’Esquadra localizaron unos correos electrónicos por casualidad durante un registro a la empresa gasística Messer Ibérica, a la que se investigaba por otros delitos.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona abrió diligencias y comenzó a investigar bajo secreto el presunto pago de comisiones al despacho a cambio de modificar leyes. Para conseguirlo, dispondrían del favor de Montoro y su equipo, acusados de favorecer políticamente a diferentes compañías. Con esta práctica, EE habría ingresado casi 50 millones de euros y sus socios se repartieron 33 millones a través de empresas pantallas. El magistrado Rubén Rus ha imputado por siete delitos a 26 personas físicas, Montoro entre ellas, y otras seis jurídicas.

Recurso del despacho de Montoro

EE ha pedido a la Audiencia de Tarragona la nulidad del procedimiento al considerar que «en ningún momento durante la entrada y registro» de Messer Ibérica se solicitó «una nueva autorización que legitimase la incautación de esos correos», por lo que los agentes habrían actuado al margen del «más mínimo control judicial» y habrían vulnerado el artículo 18 de la Constitución, el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.

El despacho que creó Montoro antes de formar parte del Gobierno de Mariano Rajoy carga tintas contra esos emails, que datan de finales de 2013. Estos no son la única fuente de la investigación, que incluye los expedientes de tres leyes en las que presuntamente influyó la trama y pinchazos telefónicos, aunque estos fueron anulados tras un recurso de la Fiscalía Anticorrupción. EE acusa al juez instructor de iniciar una «investigación prospectiva» tras incorporar esos correos a una causa que mantuvo siete años en secreto.

«Es una barbaridad. No he visto una cosa igual en toda mi carrera», reconoce María de la Torre, de Govcom Abogados. La prestigiosa penalista sostiene que prorrogar el secreto sin estar suficientemente justificado puede suponer un motivo de nulidad. Para ello, los perjudicados deben recurrir ante la Audiencia de Tarragona. Rus explicó la medida en un auto de 2019 por tratarse de una causa «sumamente compleja» en la que se estaban revisando reformas legislativas aprobadas durante el mandato de Montoro: «Si se conoce su existencia, podrían producirse injerencias que pongan en riesgo su éxito».

En la misma dirección se manifiesta Alfredo Arrien, abogado de Paredes & Asociados. El penalista explica que el secreto de sumario es una medida excepcional que se establece «para prevenir que se afecte de manera grave a la investigación, como la desaparición de pruebas». En su opinión, la prórroga en el caso Montoro puede suponer un récord. E insiste: «Si los autos de prórroga son automáticos, estereotipados, repetitivos y sin fundamento, pueden llevar a la nulidad». El experto también señala que se ha podido «atentar contra el derecho de tutela judicial efectiva» reconocido en el artículo 24 de la Constitución.

Validez de los emails

«Me cuesta creer que en estos siete años haya habido justificación suficiente, no solo para las prórrogas, sino para mantener el caso bajo secreto de sumario», subraya Javier Gómez-Ferrer, socio de BDO Abogados. En opinión de este abogado del Estado en excedencia, la ley permite ampliar el plazo de investigación, pero debe existir una explicación válida que no suponga vulnerar un derecho fundamental de los investigados, como es su derecho a defenderse.

Nicolás González-Cuéllar, abogado penalista y catedrático en Derecho Procesal, tilda de «barbaridad» que la investigación se haya prorrogado durante siete años bajo secreto de sumario. Considera que ahora hay que ver si se ha ido prorrogando conforme a la ley porque, en caso contrario, la causa podría derribarse como un castillo de naipes. «Las instrucciones tan largas demoran las sentencias y reducen las penas a una cuarta parte por incluir atenuantes», lamenta. Este experto también pone en duda que un hallazgo causal, como esgrime el despacho que fundó Montoro con los emails, pueda invalidar el caso.

El artículo 579 bis de la LECrim admite la posibilidad de abrir un proceso con la información obtenida en un procedimiento distinto y descubrimientos causales, por lo que la actuación de los Mossos en la sede de Messer Ibérica, una de las personas jurídicas investigadas en el caso Montoro, estaría justificada.

El precepto se incluyó tras una modificación de 2015, explica González-Cuellar, pero se venía aplicando a entradas y registros desde junio de 1992, tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Naseiro. El asunto se archivó finalmente porque las escuchas, que derivaron en un caso de financiación ilegal del PP, solo se habían permitido para aclarar un presunto caso de narcotráfico.

Otra de las cuestiones que ha suscitado «extrañeza» es la competencia del juzgado de Tarragona. Los juristas consultados por este diario coinciden en que, inicialmente, se estaban investigando personas no aforadas y que, cuando se dio la condición de imputado a Montoro, este ya habría dejado de ser diputado (no se presentó a las elecciones generales de noviembre de 2019). Mientras tanto, EE pide acceder a la totalidad de la causa y reprocha a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que su informe esté «plagado de falsedades, opiniones sesgadas y deformaciones interesadas de la realidad».