La Complutense responde al juez Peinado que no tiene acceso a los 'emails' de Begoña Gómez
El requerimiento judicial pedía volcar los correos alojados en la cuenta ‘[email protected]’
Begoña Gómez. | Eduardo Parra (Europa Press)
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha respondido al juez Juan Carlos Peinado que no tiene acceso a los correos electrónicos solicitados por el magistrado en el marco de la investigación a Begoña Gómez Fernández, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En concreto, pedía los ’emails’ relacionados con la cátedra de Transformación Social Competitiva y que las acusaciones populares consideran “clave”.
El requerimiento judicial, fechado el 14 de julio de 2025, solicitaba el volcado de los correos electrónicos alojados en la cuenta [email protected]. En la respuesta ahora remitida a Peinado, firmada por el vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad, Jorge Jesús Gómez Sanz, y el director de los Servicios Informáticos, Jaime Arias Javaloyes, la universidad madrileña explica que únicamente tiene acceso a cuentas bajo el dominio «ucm.es», y que el dominio solicitado no está gestionado ni es accesible por su personal técnico.
La universidad precisa que, desde hace más de una década, utiliza Google como proveedor del servicio de correo electrónico, y que el contrato con la empresa no cubre otros dominios distintos al institucional. «El dominio transformacionsocialcompetitiva.com y sus correos no son accesibles por el personal técnico de esta universidad», subraya el escrito enviado al juzgado.
La diligencia forma parte del procedimiento de diligencias previas 1146/2024, en el que se investigan presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. Entre los investigados figura Begoña Gómez, junto a otras personas como Juan Carlos Barrabés Cónsul y María Cristina Álvarez Rodríguez. La causa ha sido impulsada por diversas acusaciones populares, entre ellas HazteOir.org, VOX, Manos Limpias y otras asociaciones y partidos.
La resolución judicial, firmada por el letrado de la administración de justicia Miguel Ángel Ambrona Hernández, ordena incorporar el informe de la universidad a la causa y concede un plazo de tres días para interponer recurso de reposición contra la diligencia.