Jueces y fiscales acusan al Gobierno de «invisibilizar» su huelga al no quitarles el sueldo

Las asociaciones de jueces y fiscales que hicieron huelga del 1 al 3 de julio contra la reforma del Gobierno en el acceso a ambas carreras y de la Fiscalía –todas menos Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF)– han acusado este jueves al Gobierno de querer «invisibilizar» su movilización al no detraerles el sueldo por esos días de parón. Así, en un comunicado, recuerdan que es «obligación» del Ministerio de Justicia restarles el sueldo por esos días de huelga, asegurando que no hacerlo responde a «un burdo ejercicio de propaganda y manipulación».

El Gobierno ha asegurado este jueves que solo un juez y 28 fiscales han comunicado oficialmente su participación en la huelga, por lo que será solo a ellos a quienes «se les practicará la correspondiente deducción salarial». De esta manera, el Ejecutivo reduce drásticamente el seguimiento de la huelga: un juez de un total de 6.259 (un 0,01%); y 28 fiscales de un total de 3.185 (un 0,87%), de los cuales 19 lo secundaron 3 días, 1 lo secundó 2 días y 8 lo secundaron tan solo 1 día, según sus cifras.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) afirman que «el Ministerio de Justicia no ha detraído los haberes correspondientes a los días no trabajados, a pesar de tener la obligación legal de hacerlo en su calidad de empleador». «Esta omisión no es menor: en la anterior huelga del año 2018, los haberes fueron descontados de forma automática y sin objeciones, tal como establece la normativa vigente», denuncian, según recoge Europa Press.

A su juicio, «resulta inaceptable que en esta ocasión el Ministerio no haya actuado del mismo modo», destacando que «los trabajadores en huelga no pueden detraerse ellos mismos el salario». «Desde luego, no es obligación de los huelguistas pedir que se les haga dicha detracción», añaden.

Así, critican que «el Ministerio aproveche su propio incumplimiento y el hecho anecdótico de que algún juez y fiscal aislado haya pedido expresamente esa detracción para salir a la opinión pública a decir que casi no hubo seguimiento de la huelga». Eso, inciden, «no solo contradice los datos de las asociaciones de jueces y fiscales al respecto, sino también los que el propio Ministerio dio en su momento con base en las actuaciones suspendidas, estando ante un burdo ejercicio de propaganda y manipulación».

«Invisibiliza nuestra movilización»

«La detracción proporcional del salario es la consecuencia legal del ejercicio del derecho a huelga, y su no aplicación por quien tiene la obligación de ello no solo transmite a la ciudadanía la falsa impresión de que esta huelga no ha tenido efectos económicos, sino que también invisibiliza nuestra movilización, que es lo que sin duda se pretende con dicho incumplimiento», añaden.

Al hilo, las asociaciones que fueron a la huelga dejan claro «que el derecho a la huelga es un derecho constitucional» que han ejercido «con responsabilidad» y que seguirán «ejerciendo cuando sea necesario», además de que «no puede ser ignorado ni desnaturalizado por decisiones políticas o administrativas».

«Advertimos, además, de que esta actuación del Ministerio no es irrelevante. Eludir deliberadamente una obligación legal tan clara como la detracción de haberes en caso de huelga podría tener consecuencias jurídicas, incluidas posibles responsabilidades en la gestión de fondos públicos», advierten.

Así, aseveran que «la ciudadanía debe saber que» su «protesta no solo es legítima, sino que conlleva un coste económico directo para quienes» la ejercen. «Pretender lo contrario es desinformar, banalizar un derecho fundamental y despreciar el esfuerzo de quienes, desde dentro del sistema, exigimos una justicia más digna y eficaz para todos», apostillan.

Por todo ello, instan al Ministerio de Justicia «a que rectifique de inmediato, cumpla con sus obligaciones legales y respete sin ambigüedades los derechos que la Constitución reconoce a todos los trabajadores, también a jueces, magistrados y fiscales».