Red Eléctrica pierde en el Supremo un juicio tras ser asesorada por el equipo de Montoro
La compañía eléctrica recurrió ante el Alto Tribunal una sentencia de 2023, con Beatriz Corredor como presidenta
La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. | Europa Press
Red Eléctrica perdió el pasado 27 de junio un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el Ayuntamiento de Fuencaliente (Ciudad Real) después de haber sido asesorada jurídicamente por el equipo de Montoro. El 14 de febrero de 2023 -ya llevaba tres años al frente de la compañía Beatriz Corredor– el gestor de la red decidió recurrir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La-Mancha para evitar el pago de unas tasas municipales por el paso de las líneas eléctricas por el suelo municipal.
El que asesoró a Red Eléctrica en el juicio contra el ayuntamiento manchego fue Manuel de Vicente-Tutor, que está imputado en el caso Montoro y que es uno de los tres socios directores de Equipo Económico, el despacho que está en el foco judicial y mediático. THE OBJECTIVE comunicó el pasado 24 de julio a la compañía semipública su conocimiento sobre la relación profesional que mantenían con el equipo de Montoro, y la empresa respondió haciendo público que cortaba su relación con ellos algunos minutos después.
En el juicio perdido en el Supremo, el gestor de la red eléctrica se oponía a una ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Fuencaliente, que regula «una tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua, hidrocarburos y similares, constituidas sobre el suelo, subsuelo o vuelo municipal».
El Supremo desestimó el recurso asegurando que «un ayuntamiento -en uso de su autonomía local- sí puede establecer en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos en los supuestos de aprovechamiento especial un tipo de gravamen del 1,5% para supuestos de aprovechamiento especial ligero, y del 3,5% para supuesto de aprovechamiento especial intenso».
Por otro lado, el Alto Tribunal también sentenció que «resultaba admisible que un ayuntamiento -en uso de su autonomía local- gravase únicamente los aprovechamientos hechos por instalaciones destinadas a la distribución y al transporte de la energía eléctrica y del gas». Con este fallo, a Red Eléctrica se le acababa la vía del recurso, y se abre la oportunidad para que otros consistorios reclamen tasas al gestor de la red si viven esta misma circunstancia.
Red Eléctrica trató de evitar el pago argumentando que «el régimen de cuantificación de la tasa infringía el régimen legal». Sin embargo, el consistorio remarcó que «el propio método elegido contaba con un amplísimo aval jurisprudencial». Desde el gestor afirmaron que «la ordenanza fiscal era nula de pleno derecho por la falta de cuantificación de los hechos imponibles que se recogen en la ordenanza, vulnerar los principios de igualdad (recogidos en el artículo 14 de la Constitución Española), de capacidad económica (artículo 31.1 de la Carta Magna) y de interdicción de la arbitrariedad (artículo 9.3)». No obstante, el ayuntamiento señaló que la ordenanza se basaba en un «estudio técnico-económico» y volvió a insistir en que la «jurisprudencia» les respaldaba.
El asesor de Red Eléctrica
El asesor de Red Eléctrica, Tutor, fue director del gabinete del director general de la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004, subdirector general de Planificación y Programación de dicha Institución entre 1999 y el 2001 e inspector de hacienda del Estado desde 1994. Según publicó este medio, recibió 5,9 millones de euros por parte del despacho. En total, varios socios de Equipo Económico se repartieron 32,7 millones de euros entre los años 2008 y 2019.
El titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona atribuye a Montoro y a una treintena de investigados los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Red Eléctrica pagó 1,4 millones entre 2010 y 2015 al despacho. Durante esos años, hubo dos presidentes en la compañía. El primero, con el que se inició el contrato, fue el exministro socialista Luis Atienza. Después, llegó José Folgado, que anteriormente había ocupado importantes cargos en la administración del Estado con el PP.
El despacho de abogados Equipo Económico, del que formó parte el exministro de Hacienda, ha negado «de forma tajante y rotunda» en un comunicado haber pertenecido a ninguna organización o trama encaminada a obtener modificaciones legislativas favorables a empresas.