Servinabar movió un millón de euros de las VPO en Navarra con solo el 0,01% de una UTE

Servinabar, señalada en el caso Cerdán por el presunto pago de mordidas en la adjudicación de obras públicas, solo acredita un porcentaje de participación del 0,01% en la UTE Ripagaina VPO, entidad que ganó el concurso de construcción de 46 viviendas protegidas en Pamplona y que también está en el punto de mira de las investigaciones. Según el sumario con datos de la Hacienda Foral de Navarra al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la empresa de Antxon Alonso hizo transacciones de más de un millón de euros con esta sociedad, pese a tener una presencia meramente testimonial en la compañía compartida con Acciona.

Una presencia testimonial que es un buen ejemplo de las cuestionadas adjudicaciones del Gobierno de Navarra. Este diario ya ha contado que la constitución de estas UTE (unión temporal de empresas) es un requisito habitual de las administraciones locales para optar a contratos públicos y garantizar que parte del dinero «se quede en la región». Esto obliga a que gigantes como Acciona se vean obligados a acudir junto a pequeñas sociedades como Servinabar para asegurarse el éxito en la licitación, aunque esta última apenas tenga actividad y recursos para afrontar la obra adjudicada.

Y Servinabar parece ser el mejor ejemplo de la utilización de una pequeña sociedad para ganar contratos públicos. En primer lugar, la empresa es de Antxon Alonso, pero en 2016 Santos Cerdán adquirió el 45% de la compañía, aunque el contrato refrendado entre las dos partes nunca llegó a ser elevado a escritura pública; por tanto, no llegó a tener validez. En sede judicial, el ex secretario de Organización del PSOE explicó que compró estas acciones ante la posibilidad de dejar la política y la necesidad de buscar nuevas salidas laborales.

Empleados de la empresa

En segundo lugar, en el sumario de la Unidad Central Operativa (UCO) de finales de junio se apunta a pagos de Servinabar a la cooperativa Noran, participada por Koldo García y Antxon Alonso. Unas transacciones que la Guardia Civil relaciona con las adjudicaciones de obras. También se ha sabido que la hermana de Cerdán trabajó como contable de la empresa y que también empleaba a la mujer del número dos de la presidenta navarra, María Chivite y al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Una serie de vínculos que hacen difícil obviar sus relaciones con la administración que le daba los contratos.

Y ahora una de las cinco adjudicaciones a Servinabar investigadas por el propio Gobierno navarro arroja nuevas inconsistencias. La compañía solo tiene un 0,01% de la UTE Ripagaina VPO, como así queda reflejado por sus declaraciones de impuestos, pese a lo cual se han acreditado transacciones de 1.075.000 euros entre las dos sociedades desde 2020 a 2024. Lo normal es que los socios de las UTE se repartan gastos, impuestos y beneficios según su porcentaje de participación. Así pasa con sus impuestos, ya que la empresa de Antxon Alonso solo pagó sus correspondientes 80 euros (de unos ingresos totales de 800.000) en 2020, pero no en el reparto del contrato de casi siete millones de euros, del que habría recibido al menos un millón.

Es más, el hecho de que Servinabar tenga un 0,01% de la UTE es algo completamente anómalo para las uniones temporales de empresas en la que los participantes tienen como mínimo entre el 20% y el 40% de sus acciones. De hecho, en el resto de las UTE que Servinabar registra en sus declaraciones del Impuesto de Sociedades se mantienen estos porcentajes: un 25% en Archivo UTE Navarra para la rehabilitación del antiguo Archivo General y los jardines de la Diputación; un 20% en Pabellón Navarra UTE para las obras de acondicionamiento de las oficinas del Navarra Arena; y un 44% en Sangüesa Zaragoza Services UTE para obras en la mina de esta localidad.

UTE de Servinabar

El objetivo de una UTE es que dos o más empresas unan fuerzas para poder abarcar obras públicas de gran envergadura, pero en este caso Servinabar deja todo en manos de Acciona, trastocando el sentido original de esta fórmula societaria. Y es que la sociedad de Antxon Alonso nunca tuvo una estructura real para realizar estos trabajos, subcontrataba todos los servicios y pagaba elevados salarios a sus escasos trabajadores, no más de once en sus mejores momentos de facturación.

En este caso hablamos de la construcción de 46 viviendas protegidas en régimen de alquiler en Pamplona por valor de 6,8 millones de euros, adjudicadas en diciembre de 2018 a la UTE de Acciona y Servinabar. El proyecto fue cofinanciado por el Gobierno de Navarra, Nasuvinsa, el Banco Europeo de Inversiones y los fondos europeos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Túnel de Belate

A estos contratos se suma la UTE de Servinabar y Acciona para construir un tramo del túnel de Belate que se adjudicó en 2023 por valor de 62,8 millones. Tras conocerse estas vinculaciones con la trama Cerdán y otras anomalías como que esta sociedad ganó al menos tres obras con una actividad social de “organización de eventos” o que se adjudicó el túnel sin tener presentadas sus últimas cuentas en el Registro Mercantil, la compañía del Ibex decidió romper todos sus contratos en vigor.

Por otro lado, en una década de funcionamiento, Servinabar ha pasado de facturar apenas 13.000 euros en 2015 hasta los 1,5 millones en 2022, coincidiendo con la puesta en marcha de todas estas UTE con Acciona y con contratos del Gobierno navarro. En total, ingresaron 5,85 millones en nueve años, con un millón en beneficios acumulados y pagos por apenas 281.000 en tributos directos por Impuesto de Sociedades. Y todo ello con una media de cinco empleados al año y casi sin actividad administrativa.