La Generalitat valenciana pide cuatro años de prisión para el hermano de Ximo Puig por fraude
Según el escrito, los acusados habrían utilizado sociedades vinculadas entre sí para simular gastos con facturas falsas
El hermano de Ximo Puig, Francisco Javier Puig. | Europa Press
La Abogacía de la Generalitat Valenciana ha solicitado formalmente la apertura de juicio oral contra Francisco Javier Puig Ferrer, hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y contra Juan Enrique Adell Bover, por un presunto fraude continuado en la obtención de subvenciones públicas destinadas al fomento del valenciano en medios de comunicación, entre los años 2015 y 2019, según ha informado la propia Generalitat Valenciana en un comunicado.
Según el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Valencia, los acusados habrían utilizado sociedades vinculadas entre sí, algunas de ellas consideradas empresas ficticias, para simular gastos mediante facturación falsa, duplicada o no subvencionable, incrementando de forma ilícita las ayudas públicas recibidas durante dicho periodo.
Principales irregularidades señaladas
La Abogacía de la Generalitat expone una serie de prácticas que sustentan la acusación de estafa y falsedad documental, entre las que se encuentran la simulación de actividades mediante facturas falsas o autofacturación entre empresas vinculadas o el uso de contenido no emitidos en valenciano genérico, duplicado o incluso previo a las fechas justificadas. Además, se le señala por la compensación de pagos como forma de justificación de un gasto (práctica que no está permitida en la normativa vigente) o la inclusión de gastos ajenos a la actividad subvencionada, como facturas de gasolina, merchandising, reparaciones de vehículos particulares o la compra de materiales inventariables (como stands de feria o equipos informáticos).
Por las razones previamente expuestas, la Generalitat Valenciana reclama a Francisco Javier Puig Ferrer, como administrador de MASMUT PRODUCCIONS SL, una indemnización de 58.866,69 euros, importe que corresponde a las ayudas recibidas indebidamente por esta empresa. Además, exigen que los implicados aporten una indemnización solidaria de 74.710,75 euros por la facturación cruzada entre empresas gestionadas por ambos, en especial CDP, Canal Maestrat, Kriol y NOVA CB.
La Abogacía de la Generalitat considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de falses documental, así como un delito de estafa agravada y de apropiación indebida agravada. Además, a Adell Bollver se le acusa de cooperación necesaria en los delitos cometidos por Puig Ferrer.
Por este motivo, según indica el escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, las penas solicitadas son las siguientes:
Para Francisco Javier Puig Ferrer:
- Cuatro años de prisión, multa de diez meses a razón de 20 euros por día e inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
- De forma subsidiaria: entre dos años y medio y tres años por apropiación indebida agravada.
Para Juan Enrique Adell Bover:
- Tres años de prisión, multa de diez meses a razón de 20 euros por día y la misma inhabilitación.
- De forma subsidiaria: cuatro años de prisión si se aplica el concurso real entre falsedad documental y apropiación indebida agravada.
La acusación solicita también la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil para asegurar el pago de las indemnizaciones mediante fianzas o embargos.