Una contratista vasca de Defensa dio 145.200 euros a Servinabar tras su entrada en Indra

Servinabar recibió un total de 145.200 euros provenientes de Sapa Operaciones, la empresa armamentística que dirige Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad y uno de los empresarios más ricos de España, y que es una de las principales contratistas del Ministerio de Defensa. Así se extrae del profuso informe (635 páginas) que la Hacienda navarra ha entregado al Tribunal Supremo sobre las cuentas de la polémica compañía que –según la documentación incautada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil– habría estado participada en un 45% por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

El montante se transfirió en dos pagos: uno de 101.640 euros y otro de 43.560. Estas dos llamativas transacciones se produjeron en un contexto muy relevante, entre 2021 y 2022. Hay que tener en cuenta que Sapa Operaciones consiguió en diciembre de 2021 entrar a formar parte de Indra con el voto a favor del Gobierno de España, adquiriendo un 5% del capital social de la compañía. Además, SAPA recibió en 2022 una subvención del Gobierno de Sánchez 32 millones de euros de los fondos de la UE.

En aquel momento, el Gobierno que preside Pedro Sánchez, a través de la SEPI, buscaba fortalecer la industria militar española, y SAPA, empresa muy cercana al PNV, se convirtió en socio del Ejecutivo socialista en Indra. Posteriormente, SAPA elevó su participación hasta el 7,94%, convirtiéndose en uno de los mayores accionistas de la compañía y entrando en el Consejo de Administración. Al Gobierno de Sánchez le interesaba que SAPA entrase en Indra para poder acceder después a ITP Aero.

Tras esta operación, SAPA cedió sus derechos sobre ITP Aero a Indra, con el voto a favor del Gobierno Vasco, por lo que el Ejecutivo central entró a controlar también la compañía. De este modo, Sánchez acrecentó su control en la industria armamentística en un contexto de aumento en los presupuestos en Defensa.

En esas mismas fechas, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero trabajaba para Servinabar. Concretamente, entre mediados de 2021 y febrero de 2023. Solo en 2021 Servinabar le abonó 68.632 euros. Sapa ha recibido casi 60 millones de euros en adjudicaciones del Gobierno durante los últimos años, siendo una de sus adjudicatarias predilectas en cuestiones armamentísticas.

Jokin Aperribay y Sapa

Jokin Aperribay es el consejero delegado de Sapa Operaciones SL, empresa del grupo Sapa Placencia, especializado en tecnología de transmisiones y movilidad para vehículos militares. Parte de la influyente familia Aperribay, desempeña un rol clave en la gestión y dirección estratégica de la compañía, junto con su hermano Ibon, que se enfoca en las operaciones diarias. Jokin también impulsa la internacionalización de Sapa, especialmente en Estados Unidos y China, y representa a la empresa en el consejo de administración de Indra.

La empresa de la familia Aperribay se considera la decana de las fábricas de armas españolas. País Vasco tiene una larga tradición de producción de armas, de la que quedan muestras en la cultura popular como la denominación de Éibar como «ciudad armera». Sapa es otra de ellas: su origen se remonta al siglo XVI, cuando se fundaron las Reales Fábricas de Armas Portátiles de Fuego de la Villa de Placencia, produciendo desde entonces de artillería pesada, antiaérea y armas ligeras.

Servinabar y el PNV

Fuentes de la investigación subrayan la importancia de esta adjudicación porque salpicaría al Gobierno de España, al Ejecutivo vasco y a una de las empresas más importantes del País Vasco. Por extensión, al PNV, que ya ha sido salpicado por el informe que la Hacienda navarra ha entregado al Tribunal Supremo. Tal y como contó THE OBJECTIVE el pasado sábado, Servinabar cobró un total de 213.800 euros de empresas adjudicatarias preferentes del partido jeltzale.

Por un lado, la constructora asociada a Cerdán cobró 180.000 euros de Cycasa Canteras y Construcciones SA, presidida por José Manuel Rodríguez Imaldi, un reconocido empresario nacionalista. Pero no es la única adjudicataria preferente del PNV conectada con Servinabar a través de pagos. La empresa propiedad de Joseba Antxon Alonso recibió también 33.800 euros de Bidelan, empresa vasca de gestión de autopistas, tras llevarse adjudicaciones del Gobierno Vasco a través de Bidegi, la Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras y liderada por Arantxa Tapia (PNV), consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras. Se empieza a esclarecer en qué consistía ese «cupo vasco» del que habló el comisionista Víctor de Aldama.