La Fiscalía gallega insta a valorar medidas cautelares como la prisión para incendiarios

La Fiscalía Superior de Galicia ha explicado este jueves que en junio emitió una instrucción interna en la que insta a valorar medidas cautelares como la prisión provisional ante comportamientos incendiarios para así impedir la reincidencia en este tipo de sucesos.

Esa instrucción fue remitida, según recoge el Ministerio Público en un comunicado, a las fiscalías provinciales gallegas, así como a las de las áreas de Ferrol, Santiago de Compostela y Vigo. En ella, hacía incidencia en la importancia de «lograr una mayor eficacia para contribuir a la disminución de estas conductas delictivas».

Ahora, en plena ola de incendios, después de haberse quemado más de 20.000 hectáreas esta semana solo en la provincia de Orense, la Fiscalía vuelve sobre estos postulados y remarca que las «dificultades» para recabar pruebas sobre estos sucesos «no deben ser obstáculos» para la solicitud de estas medidas cautelares.

Así, aboga por el empleo de medios tecnológicos «que permitan armar la causa», como balizamientos, drones, cámaras de trampeo o análisis telefónicos; además de análisis forenses y otros mecanismos que permitan paliar la habitual «falta de testigos».

En el comunicado, la fiscal delegada de Medio Ambiente, Carmen Eiró, expone que «no existe una motivación única» entre los incendiarios que prenden fuego al monte; aunque sus perfiles sí suelen «contemplar dos características clave»: su pertenencia a entornos rurales y el conocimiento sobrado de la zona.

Para la calificación de los fuegos como intencionados se siguen criterios como su origen en horario nocturno o en diferentes focos de manera simultánea, aunque no es sinónimo inequívoco de que hayan sido provocados.

En cualquier caso, la Fiscalía Superior de Galicia llama a «intensificar» su coordinación con las administraciones «para potenciar la represión de los incendios» e insiste en que se activen «todas las herramientas disponibles» para evaluar la peligrosidad y la posible reiteración de las personas sospechosas.

Además, en el caso de las solicitudes de medidas cautelares, como la prisión provisional para los procesados, el fiscal superior, Fernando Suanzes, aboga por que se tenga en cuenta «la especial gravedad del resultado producido y del riesgo ocasionado» por la actividad incendiaria.

Junto al escrito hoy facilitado, la Fiscalía aporta una memoria de actividad que constata una caída progresiva de la actividad incendiaria, pero en la que recoge la necesidad de mantener la «intensa actividad» judicial y policial de control de estos comportamientos, puesto que los fuegos son causantes de «grandes daños ecológicos, económicos y sociales, cuando no incluso de la pérdida de vidas humanas».

Durante la ola de incendios de 2017 en Galicia, la Fiscalía de Medio Ambiente protagonizó un enfrentamiento con la Xunta al declarar el entonces fiscal delegado, Álvaro García Ortiz, hoy fiscal general del Estado, que no existía -como alegaba el Gobierno gallego en aquel entonces- una «trama» de «terrorismo» incendiario en la comunidad.