Hamlyn traspasa varias empresas tras destaparse el escándalo de Leire Díez

Alejandro Hamlyn ha empezado a traspasar varios de sus negocios, que controla a través de una sociedad patrimonial, tras destaparse en mayo el escándalo de Leire Díez, la militante socialista que dimitió a raíz de las supuestas negociaciones con distintos empresarios para supuestamente recabar información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles que trabajan en los casos que acorralan al presidente el Gobierno, Pedro Sánchez.

Hamlyn, que se enfrente a juicio por un presunto fraude con hidrocarburos, ha movido ficha en dos de sus compañías. A finales de junio dejó de ser administrador único de Lucifera-1 Energia, una firma radicada en Valladolid, y hace unos cedió el mismo cargo en Hafesa Logística, según los datos recabados por THE OBJECTIVE en el Registro Mercantil.

En el primer caso, el empresario vasco ha dejado el sillón a José Luis Miguel Esteban, quien fue administrador mancomunado de Athicus Farmaceutical Laboratory and Corporation. En 2019 la Agencia Tributaria dictó el cierre de esta firma porque los débitos con la Hacienda pública del Estado habían sido declarados fallidos o no había realizado la declaración del impuesto de sociedades correspondiente a tres períodos impositivos consecutivos.

En el segundo caso, el puesto de Hamlyn ha pasado a manos de uno de sus estrechos colaboradores, Diego César Guardamino Cruzat. Este aparece como apoderado en diferentes negocios del empresario salpicado por los audios de Leire Díez e, incluso, en su holding patrimonial.

Hamlyn, que es conocido en el País Vasco desde hace tiempo, fue beneficiado por el PNV a través de una ayuda por parte de la Diputación de Vizcaya a pesar de estar acusado de defraudar 154 millones con el IVA de los hidrocarburos. La ‘fontanera’ del PSOE se reunió con el empresario para que le suministrara información sobre el jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, Antonio Balas, a cambio de beneficios en los procesos judiciales.

Leire Díez le pidió información sobre Balas, responsable de las pesquisas sobre la mujer y el hermano de Pedro Sánchez; el fiscal general del Estado y el caso Ábalos/Koldo, entre otros. Mediante una videoconferencia, en la que estuvo acompañada por el empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en subvenciones y colaborador de Ferraz, y el abogado Jacobo Teijelo, aseguró a Hamlyn que si caía el teniente coronel de la UCO, eso sería el comienzo del fin de todos sus problemas.

Este periódico publicó que representantes de la Fiscalía se reunieron con José Antonio Choclán, abogado del dueño del Grupo Hafesa, en la sede de la Audiencia Nacional en octubre de 2024, justo un mes después de que se aplazara sine die, a petición del Ministerio Público. A partir de ahí se abrió una negociación que avanzaba por buen camino hacia la consecución de un pacto que, sin embargo, se rompió abruptamente poco antes de que viesen la luz los audios en los que Hamlyn negociaba la entrega de presunto material sensible para acabar con el teniente coronel Balas.

En el encuentro, el letrado de Hamlyn, que también representa al comisionista Víctor de Aldama en el caso Villafuel, propuso a los fiscales llegar a un acuerdo. Para ello, se exigió al acusado reconocer el delito y el resarcimiento del daño o reparación del perjuicio. El empresario de los hidrocarburos se comprometió a entregar como aval los bienes embargado.

Los movimientos que ha realizado el empresario de hidrocarburos es habitual en las tramas de corrupción. De hecho, Aldama y sus socios ha estado realizando cambios, ventas, traspasos en sus negocios desde que en febrero de 2024 se desvelara el denominado caso Koldo, por el que se encuentran imputados, entre otros, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán. Este último dimitió semanas después de que saltaran a la opinión pública las negociaciones de Leire Díez y actualmente está en prisión.

El juicio al que se enfrenta Hamlyn se ha tenido que aplazar porque el acusado se encuentra fugado de la justicia y es residente en Dubái. Aprovechó un permiso de la Audiencia Nacional para viajar fuera de España y no ha regresado. Tiene una deuda de 3.000 euros con la hacienda dubaití, y la legislación del país impide abandonarlo si hay cargas pendientes con el fisco local. Tras el escándalo de los audios, el empresario llegó a decir que tenía conocimiento de que Aldama compartía una sociedad en Suiza con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para exportar petróleo.