La defensa de Begoña Gómez pide suspender su declaración como imputada del 11-S

El letrado Antonio Camacho Vizcaíno, representante legal de Begoña Gómez Fernández, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid solicitando la suspensión de las declaraciones testificales programadas para el próximo 11 de septiembre en el marco de las Diligencias Previas 1146/2024, en las que Gómez Fernández figura como investigada.

En el documento, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, fechado el 21 de agosto y firmado por Camacho Vizcaíno y la procuradora Felisa González Ruiz, se argumenta que el abogado tiene un señalamiento previo en el Juzgado de Instrucción número 1 de Arona (Tenerife) para el mismo día, en las Diligencias Previas 1448/2025. Este compromiso judicial fue establecido mediante un auto del 17 de junio de 2025, que adjuntan como prueba, y que fija la declaración de los querellantes a las 9:30 horas.

El escrito invoca el artículo 188.1.6ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para justificar la petición, solicitando que se acuerde una nueva fecha para las declaraciones afectadas. «Interesamos se acuerde la suspensión de las declaraciones testificales señaladas para el próximo 11 de septiembre, acordándose en su lugar nueva fecha para su práctica», reza el texto presentado al juzgado.

La citación de Begoña Gómez

Fue el pasado 18 de agosto cuando el juez Juan Carlos Peinado imputó a Gómez por un delito de malversación y le citó a comparecer de nuevo tras el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid, que le emplazó a centrar la investigación e instó a fijar los indicios de responsabilidad que se le podrían imputar la asesora –aunque descartó que malversación fuese uno de delitos que se le podía imputar–.

La esposa de Pedro Sánchez hasta ahora figuraba como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. Todo ello, en el marco de cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del ‘software’ de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.

La decisión de Peinado de imputar malversación a Gómez supone un cambio de criterio respecto a lo que concluyó el pasado mayo, cuando imputó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, un delito de malversación por la contratación de la asesora durante su etapa en Moncloa y descartó investigar a Gómez y Álvarez por dicho delito al considerar que no tenían responsabilidad en el nombramiento.