El juez del 'caso García Ortiz' da tres días de plazo para reformular las peticiones de cárcel
El fiscal general está a un paso de ir a juicio por un posible delito de revelación de secretos
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. | Ramón Comet (Europa Press)
El futuro de Álvaro García Ortiz se juega en los próximos tres días. Ese es el plazo que ha dado a las acusaciones el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado para que reformulen sus peticiones de cárcel después de que la Sala de Apelación excluyera del procedimiento a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. El fiscal general, a un paso de juicio, está imputado por un delito de revelación de secretos. La denuncia partió del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En una providencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el magistrado se ha dirigido a las partes a la vista de «las modificaciones» acordadas «con ocasión de la estimación parcial del recurso de apelación» que presentó Pilar Rodríguez. La Sala de Apelación acordó el pasado 29 de julio por unanimidad archivar la causa contra la fiscal jefa de Madrid. Consideraron que «la dación de cuentas» que efectuó a García Ortiz «estaba justificada porque el asunto del que se recabó información tenía un indudable interés informativo».
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada en la causa, pide seis años de cárcel y 12 de inhabilitación para García Ortiz. El afectado, González Amador, reclama cuatro años de cárcel, inhabilitación accesoria y 300.000 euros de multa. Muy similar al castigo que solicita Manos Limpias: cuatro años de privación de libertad y casi 150.000 euros. La misma codena que demanda el Colegio de Abogados de Madrid.
Penas para García Ortiz
La defensa lo tiene claro: pide que se archive la causa ante la falta de «verdaderos indicios objetivos». Además, rechaza que García Ortiz recibiera indicaciones desde Moncloa. La Fiscalía, que denuncia a Hurtado por apuntar a Moncloa «sin sustrato probatorio», va más lejos. Solicita que se cancele el procesamiento, una estrategia que ya ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones al referirse a la nulidad del registro que realizó la Guardia Civil del despacho del fiscal general el pasado 30 de octubre.
Los magistrados Andrés Palomo, Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar incidieron el pasado 29 de julio en que esa dación de cuentas que realizó la fiscal jefa de Madrid ante García Ortiz era «un acto neutral y no evidencia por sí mismo riesgo alguno para el bien jurídico protegido por el delito investigado, salvo cuando se acompañe de otros elementos que evidencien la voluntad de concierto con los autores de la revelación de secretos», algo que, a su juicio, no sucedió en este caso.
«Nada de irregular advertimos en la petición de documentación del fiscal general del Estado y en su cumplimiento por la investigada», indicaron los magistrados de la Sala de Apelación. Rodríguez fue finalmente exonerada pero, en ese mismo auto, la Sala de Apelación respaldó la decisión de Hurtado de procesar a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos.
Hurtado procesó al fiscal general el pasado junio, tras ocho meses investigación. Las pesquisas comenzaron a raíz de la causa abierta por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la nota de prensa que emitió la Fiscalía a las 10.20 del 14 de marzo del año pasado para desmentir lo que consideraba un bulo, en alusión a lo publicado la noche anterior por El Mundo. La noticia sostenía que fue el Ministerio Público quien había ofrecido un pacto a González Amador (y no al revés) en un caso que ha acabado con la pareja de Ayuso procesada por delitos fiscales.