Jueces y fiscales planean boicotear la apertura del año judicial por la asistencia de García Ortiz

La presencia del fiscal general en la apertura del año judicial inquieta. Jueces y fiscales planean boicotear el acto que se celebra este viernes en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo porque contará con la asistencia de Álvaro García Ortiz. Magistrados del Alto tribunal y del Tribunal Constitucional califican de «bochornoso» y «dañino» para la democracia que el jefe del Ministerio Público intervenga mientras está procesado por un delito de revelación de secretos tras la querella que interpuso el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En el acto, que preside Felipe VI, intervendrá la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, por segundo año. Pese a las presiones de los últimos días, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantiene el discurso del fiscal general, como es habitual. Un número considerable de jueces y fiscales, algunos con importantes responsabilidades, están decididos a no acudir a la apertura del año judicial. Otros rebajan la protesta y abogan por ausentarse solo durante la intervención de García Ortiz.

Los menos osados limitan la protesta: no aplaudirán las palabras de García Ortiz, aunque todos coinciden en defender su presunción de inocencia. «Ese no es el debate. El asunto es si una persona manchada puede dar lecciones de legalidad, contra la criminalidad y sobre la importancia de la Justicia», señala un fiscal crítico. Otros miembros de la carrera judicial creen que solo la presencia del rey y de Perelló evitará una revuelta mayor.

El discurso de García Ortiz

«La situación es un disparate», señala otro de los jueces críticos con la asistencia del jefe del Ministerio Público. Varios magistrados sostienen que su intervención en el acto pone «en tela de juicio» el sistema judicial español: «Es descabellado. En otro país, un fiscal general que está a punto de sentarse en el banquillo no podría dar este discurso de ejemplaridad. Y eso, independientemente de que sea condenado o absuelto». No obstante, desde el punto de vista legal, García Ortiz mantiene todas sus competencias.

El artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que al inicio de cada año judicial se celebre una ceremonia solemne en el Supremo que supone el inicio formal de las actividades del nuevo curso en los tribunales. El presidente del CGPJ y del Supremo (que coinciden en la misma persona) presenta la memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los juzgados y tribunales de Justicia. También prevé que el fiscal general lea la memoria anual «sobre su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia».

Las fuentes consultadas explican que García Ortiz acudirá al acto e insertará su discurso en el papel institucional que «siempre ha defendido». Ya lo hizo el pasado junio, cuando dos de las tres asociaciones profesionales reclamaron su dimisión tras ser procesado. La Sala de Apelación del Supremo confirmó su procesamiento un mes y medio más tarde, el 29 de julio, lo que supone que por primera vez en la historia de nuestro país acuda a la apertura del año judicial un fiscal general imputado.

«Es un escenario bochornoso e inaceptable», se sincera otro magistrado con varias décadas de servicio. Algunos jueces y fiscales proponen al CGPJ que impida a García Ortiz leer su discurso o que otra persona lea un resumen de la memoria. Un extremo improbable, ya que mantiene intactas sus funciones, que solo puede revocar el Gobierno. La semana pasada, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, volvió a mostrar su confianza en el fiscal general al asegurar que «está en plenitud de facultades» para asistir a la apertura del año judicial.

«Enorme daño reputacional»

Los motivos de cese que contempla el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) no incluyen el procesamiento del fiscal general, aunque buena parte de la carrera judicial ha presionado para que abandone el cargo «por responsabilidad». Fiscales, asociaciones, partidos políticos y jueces sostienen que su enrocamiento genera «un enorme daño reputacional» a la institución. «Debería haberse marchado por dignidad, por el bien de la Fiscalía», insisten varios subordinados de García Ortiz.

El juez Ángel Hurtado, que instruye el caso, no prevé dictar el auto de apertura de juicio oral hasta que se celebre la ceremonia. No obstante, este lunes ha solicitado a las acusaciones que reformulen sus escritos de acusación después de que la Sala de Apelación del Supremo archivara el pasado 29 de julio la causa para la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. Habían pedido hasta seis años de prisión para García Ortiz.

El inicio del curso judicial no ha estado exento de polémica en los últimos años. El curso pasado todas las miradas se centraron en Perelló, la primera mujer en la historia en presidir el CGPJ. Su elección se produjo apenas unos días antes de la ceremonia tras un pacto in extremis entre progresistas y conservadores. En 2023 el acto estuvo manchado por las acusaciones de lawfare de los socios del Gobierno, mientras que un año antes el protagonista fue Carlos Lesmes, que avanzó su intención de dimitir por la incapacidad de los políticos para renovar los altos cargos caducados y las vacantes judiciales tras cuatro años de bloqueo.