Ábalos pide que se prohíba difundir las fotos de sus 'amigas' desveladas por THE OBJECTIVE

El exministro de Transporte José Luis Ábalos sigue con su estrategia: la de señalar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En un escrito remitido al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, al que ha tenido acceso este periódico, el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez pide de manera anómala que se identifique a los investigadores que están llevando a cabo su causa y que se prohíba que se incorporen a la instrucción las carpetas con fotografías clasificadas de las chicas que él contrataba para mantener encuentros íntimos y que han sido desveladas por THE OBJECTIVE.

Ábalos guardaba en su ordenador decenas de carpetas con fotografías de las mujeres que participaban en sus encuentros íntimos, minuciosamente clasificadas, tal y como se recoge en las fotografías publicadas en exclusivas por este periódico. Quien también fuera secretario de Organización del PSOE custodiaba esta información en los dispositivos electrónicos incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su registro domiciliario el pasado mes de junio. La clasificación del material audiovisual se hacía siguiendo un patrón muy simple: una carpeta por cada una de las mujeres ‘escogidas’ por el asesor del ministro que organizaba esos encuentros sexuales, Koldo García Izaguirre. A las favoritas las ubicaba en una carpeta nombrada como «TOP» en el fichero Z de su disco duro.

Un contenido de interés público

Estos archivos no son meros documentos digitales: se trata de un retrato gélido y descarnado de quién era realmente José Luis Ábalos tras los muros del poder y el relato oficial. Cada carpeta, etiquetada con minuciosidad casi burocrática, contenía imágenes de mujeres con las que el exministro mantenía encuentros íntimos organizados por su entonces asesor, Koldo García Izaguirre. La instantánea a la que ha tenido acceso este periódico permite dimensionar la crudeza con la que estaban archivadas estas mujeres, como piezas colección privada. Y complementa la crudeza reflejada en el informe de la UCO conocido el pasado mes de junio, donde se plasmaba el reparto entre «la Carlota y la Ariadna». Este patrón, sistemático y metódico, contrasta con la imagen pública que Ábalos proyectaba: la de un político comprometido con el feminismo, que llegó a declarar sin rubor que «soy feminista porque soy socialista».

Tras esa frase de cartel electoral, se escondía una práctica sostenida y completamente contraria al ideario de su propio partido, el PSOE, que ha hecho bandera de la abolición de la prostitución. Mientras se proclamaba defensor de los derechos de la mujer, en la intimidad ordenaba, almacenaba y consumía imágenes de mujeres con las que mantenía encuentros sexuales que, según fuentes consultadas por este periódico, respondían a un esquema organizado desde su entorno más cercano.

La contradicción es demoledora. No solo pone en evidencia un alto grado de hipocresía política, sino que abre la puerta al debate sobre cómo era capaz de costear el pago de estos encuentros sexuales. La investigación judicial busca algo concreto: entender el ritmo de vida que Ábalos llevaba y, sobre todo, cómo lo financiaba. Con el sueldo de un ministro, resulta prácticamente imposible costear encuentros sexuales con la frecuencia y el despliegue que revelan los archivos incautados. Y ahí radica la clave: no es solo una historia de doble moral, sino potencialmente de corrupción, favores y desvío de fondos. Por eso, ese material no es anecdótico, sino esencial para comprender el alcance real de un caso que amenaza con salpicar mucho más allá del escándalo personal.

Prohibir la publicación de las fotografías

Ahora, el exministro se queja al magistrado Leopoldo Puente de que «se está facilitando información» a periodistas y culpa de ello, sin una sola prueba, a los agentes de la UCO de la Guardia Civil con la intención de desprestigiar a estos investigadores. Una estrategia que ya trató de llevar a cabo el Gobierno difundiendo un bulo sobre un capitán del instituto armado al que acusaban falsamente de querer poner una «bomba lapa» al presidente Pedro Sánchez.

Ábalos pide «requerir al jefe responsable de la unidad investigadora al objeto de prevenirle» por esa presunta filtración de información y que indique el número de identificación personal de los agentes que realizan el volcado de los terminales que se intervinieron en su domicilio el pasado mes de junio. Y solicita, además, que ordene «el expurgo en cuanto a la documentación, fotografías, o cualquier otro documento que no tenga relación con la presente instrucción, y no se incluya en los informes que se aporten por la UCO en esta causa especial».