García Ortiz resiste la presión mientras los jueces renuncian al boicot «por respeto al Rey»
El fiscal general intervendrá en la apertura del año judicial tras una intensa campaña para que se ausentara
Felipe recibe al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el pasado miércoles en Zarzuela. | A. Martínez Vélez (Europa Press)
Álvaro García Ortiz resiste. El fiscal general del Estado intervendrá en la apertura del año judicial, que se celebra este viernes en el Tribunal Supremo, tras soportar en los últimos días una intensa campaña de presión para ausentarse. Asociaciones de jueces y fiscales le pidieron que renunciara a participar en el acto tras su procesamiento por un delito de revelación de secretos. Los magistrados del Alto tribunal planearon boicotear la ceremonia, pero han renunciado finalmente «por respeto al Rey». La situación del jefe del Ministerio Público ha roto incluso el celebrado consenso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
«Sentar junto a S.M. el Rey y ante el Poder Judicial a una persona contra la que se ha acordado la incoación de un procedimiento abreviado en virtud de resolución firme y cuando, con toda probabilidad, se abrirá juicio oral, es un hecho insólito, que constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de derecho y al propio jefe del Estado, mina la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que cada día desempeñamos nuestra función desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad», afirmaron contra García Ortiz dos asociaciones de fiscales y la mayoritaria de jueces.
Las organizaciones profesionales de jueces y fiscales señalaron este jueves en un comunicado conjunto que respetan la presunción de inocencia de García Ortiz, pero esgrimen la necesidad de que no participe en la apertura del año judicial por decoro. En su opinión, el fiscal general «será debidamente amparado ante los tribunales; sin embargo, el respeto a las instituciones y a lo que representan están por encima de los intereses particulares de quienes somos servidores públicos». Además, le solicitaron que, por respeto a Felipe VI y a los integrantes de la carrera judicial, se abstuviera de asistir al acto.
El Gobierno defiende a García Ortiz
García Ortiz se ha mantenido inmutable. El pasado miércoles acudió al Palacio de la Zarzuela para hacer entrega de la habitual Memoria de la Fiscalía General del Estado. Un día más tarde visitó el Complejo de La Moncloa para entregar un ejemplar de dicha memoria a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno defendió su inocencia el pasado lunes durante una entrevista en TVE. Un apoyo que también ha recibido de otros miembros del Ejecutivo, entre ellos el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
La situación procesal del fiscal general ha generado tanta tensión que diversos magistrados del Supremo planearon boicotear el acto que abre el año judicial. Los mensajes por WhatsApp y las llamadas se multiplicaron en los últimos días para evitar un «bochornoso» y «dañino» espectáculo para la democracia. Algunos miembros de la carrera judicial propusieron no acudir a la ceremonia, mientras que otros apostaron por ausentarse solo durante la intervención de García Ortiz.
Un tercer grupo abogaba por acudir a la ceremonia sin aplaudir las palabras del fiscal general o dar la espalda durante su intervención. Finalmente han desistido por respeto al Rey, que preside el acto. A pesar de su procesamiento, García Ortiz mantiene intactas sus funciones, que solo puede revocar el Gobierno. La semana pasada, Bolaños insistió que «está en plenitud de facultades» para asistir a la apertura del año judicial.
Esa opinión dista mucho de lo que piensa la mayoría de la carrera judicial, que considera que García Ortiz se ha aferrado al cargo pese al creciente descrédito. Tras su procesamiento, dos de las tres asociaciones de fiscales pidieron sin éxito que se apartara. Son muchos compañeros los que cuestionan su imparcialidad tras su procesamiento por un delito de revelación de secretos tras la denuncia de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Eso, a pesar de que el empresario Alberto González Amador también está procesado por dos delitos fiscales.
Carta a Perelló
«Lejos de asumir responsabilidades o facilitar una salida institucional, García Ortiz se atrinchera en su puesto», destaca un destacado miembro de la carrera judicial. Desde su punto de vista, las decisiones que ha tomado han puesto en entredicho la autonomía del Ministerio Público. Sus subordinados señalan a THE OBJECTIVE que se sienten «desprotegidos» ante un fiscal general que perciben como instrumento del poder político.
La retirada del boicot no exime a García Ortiz de la pérdida de confianza, que se extiende incluso a los miembros del CGPJ. Los vocales conservadores remitieron este jueves una carta a la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, para que trasladara al fiscal general «la inconveniencia de intervenir» en el acto de apertura del año judicial. Este diario desconoce si la también presidenta del órgano de gobierno de los jueces atendió la petición pero, si lo hizo, no ha tenido éxito.
Los vocales conservadores elevaron el tono y reclamaron que en la ceremonia se visualice su rechazo a los «ataques injustos e injustificados» que reciben los jueces por parte del Gobierno. Para ello plantearon a Perelló que evitara que Bolaños ocupe un lugar prominente en el acto que preside Felipe VI por haber secundado las palabras de Sánchez, que el pasado lunes en TVE afirmó que «hay jueces haciendo política y políticos que tratan de hacer justicia». Días más tarde, el ministro de Justicia aseguró que la «inmensa mayoría» de jueces realiza su trabajo con imparcialidad, pero criticó que hay «actuaciones muy minoritarias» que hacen «daño» a la Justicia.
El artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que al inicio de cada año judicial se celebre una ceremonia solemne en el Supremo que supone el inicio formal de las actividades del nuevo curso en los tribunales. El presidente del CGPJ y del Supremo (que coinciden en la misma persona) presenta la memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los juzgados y tribunales de Justicia. También prevé que el fiscal general lea la memoria anual «sobre su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia».