El juez abre juicio contra el fiscal general y le impone una fianza de 150.000 euros

El Tribunal Supremo juzgará en los próximos meses a Álvaro García Ortiz. El juez Ángel Hurtado ha acordado abrir juicio oral contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos tras la querella que interpuso Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El magistrado rechaza suspenderle de su cargo de forma cautelar, pero le impone una fianza de 150.000 euros con la que hacer frente a responsabilidades pecuniarias. Si no la deposita en el plazo de cinco días se iniciará un proceso de embargo de sus bienes. Dos de las tres asociaciones profesionales y la oposición exigen su dimisión, aunque el fiscal general la descarta avalado por la confianza del Gobierno.

En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Hurtado da el paso para sentar a García Ortiz en el banquillo de los acusados. Es la primera vez que un fiscal general se enfrenta a juicio en el Supremo. La decisión del magistrado no es recurrible, por lo que ahora la Sala de lo Penal tendrá que fijar la fecha (previsiblemente en noviembre) para un juicio sin precedentes. Este diario ya avanzó que la resolución estaba preparada y que se haría efectiva esta misma semana, tras el acto de apertura del año judicial en el que jueces y fiscales plantearon un boicot contra el jefe del Ministerio Público.

Hurtado reprocha a García Ortiz que su actuación «pone en cuestión el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comporta». El juez que ha instruido la causa los últimos ocho meses asegura que si se pone «la mira en el cometido y función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal, sujeto en esa función a principios como el de legalidad e imparcialidad, que pueden quedar en entredicho en la medida que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas, y, sin duda, tener indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado».

Los mensajes del fiscal general

El magistrado rechaza suspenderle cautelarmente de sus funciones, como pedía la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada en la causa. No obstante, remite el auto a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado para que resuelva lo que considere pertinente. En cambio, Hurtado impone una fianza de 150.000 euros para hacer frente a las responsabilidades económicas que se puedan deriva y le apercibe de que, si no la deposita en el plazo de cinco días, «se le embargarán bienes para asegurar dicha cantidad».

El fiscal general se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel e inhabilitación por haber filtrado, supuestamente, un correo electrónico que envió el abogado de González Amador a la Fiscalía en febrero de 2024. El email reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales, por lo que está procesado, y proponía al Ministerio Público un pacto que le librara de entrar en prisión.

La defensa pedía el sobreseimiento, aunque para Hurtado «no concurre supuesto alguno» y acuerda la apertura de juicio oral por, «indiciariamente, haber revelado, en su condición de fiscal general del Estado, secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo», tal y como recoge el artículo 417 del Código Penal.

La Fiscalía, que denuncia a Hurtado por apuntar a Moncloa «sin sustrato probatorio», también solicitó que se cancelara el procesamiento. Una estrategia que García Ortiz ya ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones al referirse a la nulidad del registro que realizó la Guardia Civil a su despacho el pasado 30 de octubre. Esa fecha podría ser clave, ya que los juristas consultados afirman que el fiscal general puede llevar la cuestión al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.

Ganar el relato

El auto de apertura de juicio oral llega seis semanas después de que la Sala de Apelación del Supremo confirmara el procesamiento de García Ortiz al considerar que impulsó y coordinó «personalmente» la filtración sobre la investigación por delitos fiscales contra González Amador. Esta decisión se adoptó por mayoría de dos contra uno, que emitió un voto particular discrepante.

Hurtado considera que existen indicios suficientes para sentar en el banquillo a García Ortiz, a pesar de que no ha conseguido recabar ninguna prueba que demuestre que fue él quien hizo llegar el correo de la pareja de Ayuso a los medios de comunicación. Las pesquisas demostraron que el fiscal general había borrado todos sus whatsapps y que, incluso, había eliminado la cuenta de correo electrónico vinculada a su teléfono. Un informe de la Guardia Civil señala que no se pudieron recuperar las copias de seguridad porque se había efectuado una «eliminación deliberada de la cuenta».

La Fiscalía excusó a García Ortiz afirmando que los datos se eliminan de forma periódica. Fuentes del Ministerio Público aseguraron a este diario que se hace un borrado cíclico del contenido de los dispositivos por razones de seguridad, tal y como aconsejarían las normas internas. Sin embargo, los fiscales que declararon como testigos en el Supremo, Almudena Lastra y Julián Salto, negaron al juez que existiera un protocolo para borrar los mensajes.

El volcado del terminal de la fiscal provincial de Madrid, que llegó a estar imputada en la causa, reveló que ella le envió ese email a las 21.59 del 13 de marzo del año pasado. Sin embargo, en los mensajes cruzados entre ambos, no había ninguno que apuntara a que ese correo electrónico se enviara a algún periodista. Hurtado sostiene que García Ortiz «aprovechando» la información publicada por El Mundo ese 13 de marzo, «y con la finalidad de ganar el relato, (…) entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales».