La fiscal que decidirá sobre García Ortiz cambió de móvil tras el registro del despacho de su jefe

Una subordinada de Álvaro García Ortiz decidirá si el fiscal general mantiene el cargo. El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha rechazado suspenderle de sus funciones de forma cautelar a pesar de abrirle juicio oral por un delito de revelación de secretos. Deja la decisión en manos de la fiscal jefa inspectora de la Fiscalía General del Estado, María Antonia Sanz Gaite. Buena parte de la carrera fiscal cargó contra ella por no iniciar una investigación interna para depurar responsabilidades por la filtración de los datos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Las pruebas en poder de THE OBJECTIVE demuestran que también habría cambiado de móvil tras el registro del despacho de su jefe.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), una de las acusaciones personadas en el caso García Ortiz, reclamó el pasado diciembre a Hurtado que investigara si el fiscal general u otros subordinados, como Sanz Gaite o el número dos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, cambiaron de teléfono tras los registros. Una conclusión a la que llegó tras advertir en un chat que la responsable de supervisar el buen funcionamiento de la Fiscalía había modificado su número.

Desde el Ministerio Público señalan a este diario que Sanz Gaite no ha cambiado de móvil. «Tiene dos números y cambió a uno de ellos al hacer un viaje al extranjero para poder disponer de datos. A la vuelta de ese viaje, volvió al número que usa habitualmente», precisan las mismas fuentes. Un amplio grupo de fiscales también señalaron a la jefa de Inspección por «tapar» el asunto de García Ortiz al no iniciar una investigación interna. Un portavoz de la Fiscalía explica que el procedimiento estaba abierto, pero «quedó en suspenso al abrirse una causa penal sobre los mismos hechos».

García Ortiz, a juicio

Hurtado dictó este martes un auto de apertura de juicio oral contra García Ortiz. El magistrado considera que existen indicios suficientes para sentarle en el banquillo, aunque no se han podido recabar pruebas que demuestren que el fiscal general envió a los medios de comunicación un correo electrónico fechado el 2 de febrero del año pasado en el que el empresario Alberto González Amador reconocía ser el autor de dos delitos fiscales (por los que está procesado) y proponía al Ministerio Público un pacto que le librara de entrar en prisión.

El fiscal general se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel e inhabilitación. Hurtado le impone una fianza de 150.000 euros con la que hacer frente a responsabilidades pecuniarias. Si no la deposita en el plazo de cinco días, se iniciará un proceso de embargo de sus bienes. Dos de las tres asociaciones profesionales y la oposición política exigen su dimisión; García Ortiz la descarta. El Gobierno mantiene la confianza en él y confía en su inocencia. «Siempre hemos sido conscientes de que siempre ha defendido la verdad y perseguido el delito», declaró este martes la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.

El juez instructor ha descartado suspender a García Ortiz de sus funciones de forma cautelar, tal y como solicitó la APIF. Una petición a la que se adhirió Manos Limpias. Hurtado ya desestimó la reclamación en dos ocasiones: en noviembre del año pasado y en febrero de este, cuando desestimó un recurso de reforma. El magistrado considera que «no han variado sustancialmente las circunstancias» aunque reconoce que «la imputación se ha consolidado» con la apertura de juicio oral. Deriva la cuestión a la propia Fiscalía por ser una decisión administrativa.

El artículo 145.1 del Reglamento del Ministerio Fiscal fija las circunstancias en las que se puede apartar a un miembro de la carrera. El precepto establece que el fiscal general puede acordar motivadamente, con arreglo a los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad, previa audiencia del interesado y de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal, la suspensión cautelar de cualquier fiscal contra el que se siga un procedimiento penal. El problema es que, en este caso, el afectado es el propio fiscal general.

Sin investigación interna

Hurtado explica en su auto que existe una regulación para acordar la suspensión de cualquier miembro de la carrera fiscal, «que es de naturaleza administrativa». Reconoce que no contempla la suspensión del fiscal general, por lo que existe «un vacío legal que no debe servir para dar el salto de sacar la suspensión del único procedimiento contemplado para cualquier miembro».

El magistrado insiste en que «si el problema es que no ha de ser el propio fiscal general el que resuelva su propia suspensión por estar siendo investigado (…) deberían articularse los mecanismos para que se encargue de hacerlo quien le sustituya». El artículo 4.1 del Reglamento del Ministerio Fiscal establece que sea la teniente fiscal del Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, pero se da la circunstancia de que se trata de la persona designada en el caso de García Ortiz. La siguiente en el organigrama es la fiscal jefa inspectora, un cargo que ocupa Sanz Gaite desde mayo de 2021, con Dolores Delgado aún al frente del Ministerio Público.

Las fuentes consultadas consideran que si la suspensión cautelar de García Ortiz depende de Sanz Gaite, no se llevará a cabo. Buena parte de la carrera fiscal ya cargó contra ella al considerar que intentó «tapar» el caso que cerca a su jefe, ya que no inició una investigación interna de oficio para depurar responsabilidades por la filtración de datos sensibles de la pareja de Ayuso. Fuentes de la Fiscalía explican que la investigación administrativa queda en suspenso cuando se desarrolla otra judicial en paralelo.

APIF solicitó al juez que comprobara si cambió de teléfono tras el registro del despacho del fiscal general, como hizo el propio García Ortiz y otros compañeros. La asociación llegó a esa conclusión tras advertir en el chat de Sanz Gaite que había modificado su número. En el escrito incluyó una captura del whatsapp que le envió un fiscal en excedencia en septiembre de 2021, aunque ella nunca respondió. El chat no vuelve a tener actividad hasta el 1 de noviembre, dos días después de que la Guardia Civil irrumpiera en el despacho del fiscal general.

«Cero mensajes»

Sanz Gaite «no sería la única fiscal del entorno de García Ortiz que cambió de número en fechas inmediatamente siguiente al doble registro domiciliario», insistió APIF en su escrito. La asociación subrayó que la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, Diego Villafañe, también habrían cambiado de móvil. Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil constatan que ambos hablaron con el fiscal general durante la supuesta filtración de los datos sensibles de González Amador.

El informe de la Guardia Civil tras el volcado del móvil de García Ortiz encontró «cero mensajes». Ese hecho demostraría que se borraron las comunicaciones, ya que el análisis de otros terminales incautados constata que tuvo conversaciones con diferentes subordinados, entre ellos la fiscal jefe de Madrid. El fiscal general incluso canceló  la cuenta de correo electrónico vinculada a su teléfono. Los técnicos no pudieron recuperar las copias de seguridad porque se había efectuado una «eliminación deliberada de la cuenta».