La Fiscalía se opone a que la UCO analice los correos de Begoña Gómez: «Es desmesurado»

La Fiscalía considera «absolutamente desmesurado» que el juez Juan Carlos Peinado reclame una copia de todos los correos electrónicos de Begoña Gómez. El magistrado quiere que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analice los emails de la esposa del presidente del Gobierno desde 2018, cuando se acordó el nombramiento de su asesora. El Ministerio Público ha recurrido la decisión al considerar que «adolece de la más elemental motivación». La esposa del presidente del Gobierno también ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que evite indagar en su intimidad.

El Ministerio Público ha presentado un recurso de apelación, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, contra la providencia que dictó Peinado el pasado 3 de septiembre. En ese escrito ordenó a Moncloa copia de los correos electrónicos «recibidos y enviados» desde 2018 en una cuenta asignada a Begoña Gómez. A principios de agosto ya se dirigió a Presidencia del Gobierno para que aclarara si la investigada contaba con un correo electrónico oficial de @presidencia.gob.es.

Para el fiscal José Manuel San Baldomero, la medida afecta «indudablemente» a «la intimidad y al secreto de las comunicaciones y, en definitiva, al derecho al entorno virtual de la persona afectada». «Es decir, se ven afectados derechos fundamentales constitucionalmente protegidos», apunta, e incide en que por ello la diligencia se debió dictar a través de un auto y no una providencia. El Ministerio Público coincide con el argumento de la defensa de Begoña Gómez, que también ha impugnado la petición del juez.

El recurso de Begoña Gómez

«Qué estamos buscando con la adopción de esta medida? No podemos estar de acuerdo, ya que se están vulnerando derechos fundamentales y la propia ley procesal», señala San Baldomero en el escrito que ha presentado a la Audiencia de Madrid. Esta ya ha avisado en ocasiones anteriores a Peinado de qué determinadas decisiones deben dictarse a través de auto. La Fiscalía sostiene que la decisión del instructor «adolece de la más elemental motivación» y recalca que para acordar una diligencia de este tipo «es preciso» explicar por qué se adopta y con qué finalidad.

En este caso, considera que «la ausencia de análisis de todos los principios es evidente, pues no se realiza análisis ni de la especialidad, idoneidad, ni de la excepcionalidad, ni la necesidad». Y pregunta: «¿Es proporcional atendiendo a los principios y criterios expuestos recabar y analizar todos los correos electrónicos enviados y recibidos? ¿Todos? ¿Todos los correos están relacionados con el delito investigado? ¿Qué estamos buscando con la adopción de esta medida».

El recurso de la Fiscalía se suma al que presentó Begoña Gómez, que también pidió a la Audiencia de Madrid frenar el análisis de los correos. La defensa de la esposa del presidente del Gobierno, a cargo del exministro socialista Antonio Camacho, rechaza de manera tajante que haya ningún indicio de malversación en la actuación de su defendida y carga contra el juez por hacer una interpretación del Código Penal «exorbitada», «extremadamente extensiva y alejada de la realidad».

Peinado investiga a Begoña Gómez por cinco delitos. El último, el de malversación por la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. La acusación mantiene que la asistenta le ayudó a gestionar asuntos personales, los de su cátedra en la Universidad Complutense. La esposa del presidente del Gobierno reconoció el pasado miércoles ante el juez que le hacía «favores» en ocasiones excepcionales por su relación de amistad. Álvarez fue contratada en Moncloa el 16 de julio de 2018 y había sido compañera de la mujer de Sánchez en un trabajo anterior.