La Justicia investiga el 'hackeo' de los archivos de Leire Díez sobre jueces y fiscales

La Justicia investiga el posible hackeo de los archivos de Leire Díez con información sensible de jueces y fiscales. La exmilitante socialista denunció el pasado junio la publicación de la cuenta de Google Drive en la que trabajaba junto al empresario Javier Pérez Dolset sobre malas praxis judiciales. La denominada fontanera del PSOE sostiene que alguien accedió al servidor que ambos compartían en la nube y distribuyó la información a los medios de comunicación. El Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao acordó abrir diligencias por delitos de descubrimiento y revelación de secretos contra varios periodistas, pero se inhibió a favor de los juzgados madrileños.

Distintos medios publicaron el 10 de junio «el archivo central» de la cuenta de Google Drive. Había pasado una semana desde que Díez se dio de baja como militante en el PSOE tras los polémicos audios en los que ofrecía pactos a imputados a cambio de información sensible sobre jueces, fiscales y miembros de la Guardia Civil. Antes de abandonar el partido, entregó en Ferraz una copia del material que poseía, según su versión, tras años de investigación sobre el mal funcionamiento de la Justicia en España. Su intención sería publicar un libro con los casos documentados.

Díez interpuso la denuncia en una comisaría de Bilbao el mismo 10 de junio, según la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. En las diligencias se alude al «hackeo y acceso al servidor compartido en la nube» que compartían la exmilitante socialista y Pérez Dolset, ambos «usuarios únicos» del Google Drive. La denunciante afirma que en los artículos periodísticos «se puede ver claramente» cómo uno de los archivos «fue abierto el día del acceso ilegal, el 30 de mayo de 2025».

La denuncia de Leire Díez

«En el resto del artículo se relata el contenido de las diferentes carpetas disponibles, por lo que resulta evidente que navegaron por ellas», insiste la denuncia que presentó Díez. El escrito subraya que, en esos momentos, «se desconoce si se descargaron archivos, modificaron o borraron archivos del repositorio». La publicación del Google Drive en los medios de comunicación se produjo una semana después de que fuese convocada a una reunión en la sede del PSOE, al que solicitó su baja voluntaria tras décadas de militancia.

Antes de dar ese paso, Díez entregó al responsable de los servicios jurídicos del PSOE, Alberto Cachinero, un pendrive con 224 gigabytes. El dispositivo incluye 51 carpetas con datos sensibles de jueces, fiscales, periodistas y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, según avanzó este diario. Los socialistas aseguran que entregaron la memoria externa a la Fiscalía «sin abrir». El Ministerio Público ha abierto diligencias y ha pedido a la UCO que le ayude a analizar su contenido.

Durante su reunión en Ferraz, Díez se vio unos minutos con Santos Cerdán, que unos días más tarde dimitió como secretario de Organización del PSOE tras la publicación de un informe demoledor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le vinculaba al presunto amaño en las adjudicaciones de obras públicas a cambio de mordidas. Ambos se habían visto durante los cinco días de «reflexión» que se tomó Pedro Sánchez en abril del año pasado, cuando la exmilitante socialista le presentó una serie de pruebas que avalarían la persecución judicial que sufría el presidente del Gobierno.

Cerdán habría pedido a Díez poner en marcha una estrategia de contraataque. La fontanera del PSOE reconoció el pasado lunes en el Senado que se reunió en varias ocasiones con el dirigente navarro, pero negó que le informara de sus investigaciones. Los socialistas se han desmarcado de las operaciones. La exmilitante socialista, periodista de formación, asegura que el pendrive contiene «años de trabajo periodístico» sobre «víctimas de malas praxis policiales» y que hay gente de «todos los partidos». Además, ha explicado en alguna ocasión que la memoria solo contiene «información» y que buena parte de ella se encuentra en sumarios judiciales.

Pactos a cambio de información

Entre las carpetas que incluye el dispositivo hay datos sobre la Operación Cataluña; denuncias contra el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón; e información comprometedora contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. También existen archivos del fiscal José Grinda; y documentos de periodistas y policías relacionados con el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Pérez Dolset se vio involucrado en 2017 en una investigación judicial en la que actuó como fiscal Grinda. Las prácticas de este y Díez salieron a la luz después que El Confidencial desvelara que se habían reunido en febrero con Alejandro Hamlym. En el audio, la exmilitante socialista promete favores al empresario investigado en la Audiencia Nacional por un fraude millonario a cambio de información comprometedora del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe del departamento de delincuencia de la UCO y, por tanto, al frente de las pesquisas contra la esposa y el hermano de Pedro Sánchez, el fiscal general y el caso Koldo.

THE OBJECTIVE destapó otro audio de cómo la denominada fontanera del PSOE manejaría la Fiscalía para atacar a la UCO. «Los fiscales se mueven, no hay problema para resolver la cuestión», prometió Díez al empresario imputado. Los investigadores sospechan que, a través de ella, los socialistas llevarían meses ofreciendo pactos a empresarios vinculados a los casos de corrupción que afectan a su formación a través de terceros para embarrar las actuaciones de los investigadores.

Díez también se habría reunido en al menos dos ocasiones con el comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, para ofrecerle un ascenso. «Los de arriba en el Gobierno necesitan pruebas para atacar a la UCO», le reconoció la fontanera del PSOE. Como avanzó El Mundo, los encuentros habrían servido para pedirle información comprometedora de los «elementos subversivos» del instituto armado a cambio de dispensarle protección judicial y gestionar su rehabilitación. Con las pruebas obtenidas se habría intentado «invalidar» las causas judiciales que cercan al Gobierno.

Varios juzgados madrileños han abierto diligencias contra Díez por un presunto delito de tráfico de influencias. Han remitido las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que fue el primero en iniciar una investigación a raíz de una denuncia de Hazte Oír. El titular de ese juzgado, el magistrado Arturo Zamarriego, citó el pasado julio a la fontanera del PSOE a declarar como investigada el 11 de noviembre. Ese día también tendrán que personarse, como testigos, Pérez Dolset; Villalba y el abogado Jacobo Teijelo, letrado de Cerdán.