Anticorrupción concluye que la adjudicación de Belate vinculada a Cerdán debió ser anulada
Según concluye el ente foral, la mesa de contratación «vulneró las reglas esenciales del procedimiento»
María Chivite y Santos Cedán | Una ilustración de Alejandra Svriz
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra ya ha emitido el informe correspondiente a la investigación sobre la adjudicación de las obras del túnel de Belate, una obra vinculada a la sociedad Servinabar en la que participaba el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Una obra que supera los 70 millones de euros y cuya adjudicación recayó sobre la UTE de Acciona y Servinabar, la constructora a la que está vinculado por escritura privada Cerdán. La colección de irregularidades registradas en la mesa de contratación de este macroproyecto llevan a Anticorrupción a concluir que debió ser «anulada». El Gobierno de María Chivite, que había señalado que el caso Belate «no existe», ha reculado y ha admitido irregularidades. THE OBJECTIVE desveló que Chivite se había reunido hasta en cuatro ocasiones en su despacho con Joseba Antxón Alosno Egurola, dueño de Servinabar y socio de Cerdán, antes de este concurso de obra pública.
THE OBJECTIVE ha tenido acceso al documento de la Oficina Antifraude en el que no deja lugar a duda de que la adjudicación de Belate estuvo viciada desde las primeras fases del proceso. La institución Foral pone el foco en el desempeño de la mesa de contratación, destacando como determinante un hecho del que informó este diario: en la valoración de los criterios cualitativos, «cuatro miembros de la Mesa de Contratación remitieron sus puntuaciones al presidente, y este determinó la suya teniendo conocimiento de las asignadas por los demás».
Es decir, que el presidente de la mesa, Jesús Polo, recibió de otros integrantes -técnicos- sus puntuaciones y pudo votar ajustando el resultado para que fuese Acciona y Servinabar, vinculada a Cerdán, la que obtuviese el jugoso contrato. Uno de los mayores otorgados por la administración navarra en las últimas décadas. Ante esta irregularidad, el secretario de la mesa pidió que no se tuviese en cuenta la votación de Polo para no viciar el resultado. «El presidente de la mesa de contratación remite a todos los miembros un escrito dirigido al secretario de la mesa, defendiendo su honorabilidad y manifestando su negativa a la propuesta de que no se tuvieran en cuenta sus puntuaciones, alegando que ‘siempre se ha hecho así’».
Concluye Antifraude que esta extraña votación «constituye una infracción de las normas de formación de la voluntad de los órganos colegiados y cuando dicha infracción es de carácter esencial, como hemos indicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento de las Administraciones Públicas, supone la nulidad de pleno derecho de los acuerdos de la mesa de contratación y, por tanto, de la propuesta de adjudicación».
Cabe recordar que Polo debía jubilarse unos años antes participar en esta adjudicación, pero su pase a retiro se retrasó por decisión del Gobierno de Chivite.
Maniobra del Gobierno de Chivite
Cabe recordar que Polo debía jubilarse unos años antes participar en esta adjudicación, pero su pase a retiro se retrasó por decisión del Gobierno de Chivite. Polo abandonó el Servicio de Nuevas Infraestructuras el pasado mes de enero, cuando ya tenía 73 años y había participado en multitud de mesas de contratación de obra pública en Navarra. Sin embargo, en condiciones normales, debió hacerlo mucho antes. Al cumplir 70 años, exactamente, la edad tope que marcaba la ley navarra.
El Gobierno de María Chivite, sin embargo, decidió modificar la ley para permitir prorrogar durante varios años la presencia de Polo en el Servicio de Nuevas Infraestructuras. Y con ello, su presencia en mesas de contratación de obras especialmente significativas y polémicas, como esta de Velate. Lo hizo a través de la Ley de Presupuestos de 2021, en la que introdujo una disposición final tercera bajo el epígrafe «excepción permanencia en servicio activo».
Más irregularidades
No es la única parcela del contrato en la que Anticorrupción navarra ve irregularidades. «Los criterios cualitativos de adjudicación del expediente revisado […] debieran haber sido más desarrollados y desagregados técnicamente, así como la forma de asignar su puntuación, con el objeto de garantizar el principio de igualdad de trato y transparencia, dado que un insuficiente detalle de los mismos puede perjudicar el derecho de los licitadores a disponer de la información necesaria para interpretarlos de la misma forma», señala el documento.
«No cabe duda de que la mesa de contratación, como órgano colegiado que es, ha de someterse a estas normas básicas de funcionamiento, ya que una vulneración grave de las mismas acarrearía la nulidad de los acuerdos adoptados», apunta el informe. Además, destaca que el hecho de que algunas de las reuniones presenciales de la mesa se hubiesen cambiado por comunicaciones por email «vulneró las reglas esenciales del procedimiento»
El Gobierno de Chivite lo admite
El Gobierno de María Chivite admite abiertamente ya que la adjudicación fue irregular. No sólo la de Belate, sino otras tres obras que ganó Servinabar tienen defectos significativos en el proceso por el que se eligió a las adjudicatarias. Así lo ha adelantado el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, en una rueda de prensa que ha ofrecido este lunes, 15 de septiembre, día en el que expiraba el plazo para que el Ejecutivo foral remitiera a la comisión de investigación del Parlamento de Navarra la información que había solicitado.
En concreto, las adjudicaciones analizadas por la Oficina Anticorrupción son dos proyectos de construcción de VPO, la construcción del colegio de Arbizu y la duplicación de los túneles de Belate. No se han analizado las adjudicaciones de la reforma del Archivo y del Jardín del Palacio de Navarra porque la directora de la Oficina Anticorrupción fue directora general de Presidencia del Gobierno cuando se llevaron a cabo y ha decidido inhibirse. Se trata de adjudicaciones que se realizaron a empresas señaladas en el informe de la UCO, si bien estas adjudicaciones no aparecen en la investigación de la Guardia Civil.