El juez del Supremo rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general
La decisión se produce después de que García Ortiz deposite los 150.000 euros iniciales mediante un aval
Álvaro García Ortiz. | Chema Moya (EFE)
El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general. Lo hace unas horas después de que Álvaro García Ortiz haya asegurado la cantidad que le impuso inicialmente, 150.000 euros, para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias en caso de ser condenado por revelación de secretos en el juicio que se va a celebrar en los próximos meses. El magistrado corrige su decisión tras descontar el importe de una eventual multa, según el criterio del Tribunal Constitucional. La acusación particular, ejercida por Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, solicitó duplicar la cantidad (hasta los 300.000 euros) al considerar que los daños morales sufridos como consecuencia del «relato político» no han cesado ni un día.
El fiscal general ha depositado este martes la fianza de 150.000 euros impuesta en primera instancia por el juez. Una cantidad que ha avalado con su patrimonio ya que no contaba con ese dinero en efectivo, explican fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE. Estas mismas fuentes indican que personas cercanas a García Ortiz mostraron su disposición a ayudarle a afrontar esa cifra, pero que él no ha querido implicar a ninguna persona en la causa. El Supremo tendrá que verificar ahora si los bienes aportados cubren la cantidad fijada.
García Ortiz estaba convencido de recurrir la fianza por considerarla «desproporcionada». No hará falta. El propio ha emitido este mismo martes un auto en el que acuerda rebajar de 150.000 a 75.000 euros la fianza impuesta al fiscal general para asegurar responsabilidades pecuniarias tras abrir juicio oral contra él por un presunto delito de revelación de secretos. Hurtado no incluye en la nueva cuantía la partida por la eventual multa para ese delito que se pudiera imponer al investigado y que sí había incluido en el cálculo inicial.
El fiscal general, a juicio
El magistrado explica en su resolución que la acusación particular ha presentado un recurso de reforma contra el auto de apertura juicio oral en el que solicita que se corrija el error material de integrar la multa contemplada para el delito de revelación de secretos en el cálculo de los 150.000 euros establecidos inicialmente. Además, hace referencia para corregir el error a la doctrina del Constitucional. En una sentencia de 2023, la corte de garantías avisó de que imponer fianzas para satisfacer una eventual multa por un delito aún no sentenciado vulneraría el derecho a la presunción de inocencia al constituir una condena anticipada.
«El presente auto no ha de ser el que dé respuesta a dicho recurso de reforma, porque el trámite para ello está en curso, pero sí ha introducido un elemento que no fue tenido en cuenta cuando se fijaron en esos 150.000 € la cantidad para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias, y puesto que el mismo tiene repercusión favorable al acusado, no es cuestión de esperar más tiempo y prolongar la decisión sobre este particular, por cuanto que, aun sin necesidad de recurso, el propio juez, de oficio, puede hacer modificación en la cantidad, en función de las circunstancias que se le presenten», insiste Hurtado en su escrito.
La acusación particular recurrió la cantidad de la fianza y pidió duplicarla alegando que los daños morales sufridos como consecuencia del «relato político» no han cesado ni un día. «Los daños morales padecidos por Alberto González Amador y su entorno familiar directo como consecuencia de los hechos delictivos protagonizados por Álvaro García Ortiz se actualizan diariamente y no pueden ser valorados en un importe inferior a 300.000 euros», insiste el recurso
La pareja de Díaz Ayuso esgrime que «no ha existido día desde el 14 de marzo de 2024», cuando la Fiscalía emitió un comunicado dando detallada cuenta de los emails entre su defensa y el fiscal que le investigaba por delitos fiscales, «en que algún personaje político o periodístico, con el ministro de Justicia a la cabeza, no denomine a través de los medios de comunicación a Alberto González Amador «delincuente confeso» o «defraudador confeso».
Seis años de cárcel
Hurtado envió a juicio el pasado 9 de septiembre al fiscal general al estimar, indiciariamente, que la noche del 13 de marzo del año pasado filtró a la Cadena SER el correo electrónico del 2 de febrero donde la defensa de González Amador se ofrecía a reconocer los delitos fiscales por los que finalmente ha sido procesado a cambio de llegar a un acuerdo con Fiscalía.
Hurtado llegó a esta conclusión tras ocho meses de investigación que culminaron con el procesamiento de García Ortiz y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos. No obstante, ambos recurrieron y la Sala de Apelación archivó el caso para Rodríguez, dejando al fiscal general como único acusado.
El juicio contra García Ortiz podría celebrarse en noviembre y tendrá una duración aproximada de una semana. El tribunal lo conformarán siete magistrados de mayoría conservadora encabezados por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta. La sentencia podría estar disponible ante de que finalice el año. El fiscal general se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel y 12 de inhabilitación, como reclama la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que le atribuye un delito de prevaricación en concurso con un delito continuado de revelación de secretos.