El fiscal general ordena investigar los crímenes en Gaza y apunta a delitos de lesa humanidad

La Fiscalía General del Estado mira a Palestina. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha acordado investigar los crímenes cometidos en la Franja de Gaza tras la operación militar que desarrolla Israel desde hace casi dos años. El Ministerio Público apunta ya a genocidio y otros delitos de lesa humanidad. La investigación recaerá en un equipo conjunto que estará integrado por la fiscal jefe de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y por el jefe de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. Las autoridades gazatíes cifra en 65.062 los asesinatos cometidos por las fuerzas israelíes. La ONU y numerosos expertos independientes consideran que se trata de una estimación fiable.

García Ortiz ha dictado un decreto en el que acuerda la creación de un grupo de trabajo que investigará «las violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Gaza». Delgado y Alonso actuarán como coinvestigadores en las diligencias que se tramitarán en la Fiscalía de la Audiencia Nacional con la colaboración del fiscal de Sala Coordinador de Cooperación Internacional, Francisco Jiménez-Villarejo Fernández. Las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que el objetivo es recabar pruebas para ponerlas a disposición del órgano competente, como ya se hizo con la guerra de Ucrania.

El fiscal general concede a su predecesora la autorización que pidió el 28 de julio para llevar a cabo las pesquisas. Delgado formuló la petición tras recibir un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional sobre las acciones del ejército israelí contra la población civil en la Franja de Gaza, «que podrían ser contrarias al Derecho Internacional». La decisión llega apenas cuatro días después de que tuviese que ser suspendida la última etapa de la Vuelta ciclista por el boicot de manifestantes propalestinos. La oposición política culpa a Pedro Sánchez de alentar las protestas.

Derechos Humanos en Gaza

El decreto detalla que Delgado «procedió a analizar la información contenida en el informe elaborado por la unidad operativa, relativo, entre otros aspectos, al testimonio de testigos protegidos, y en el que también se aportan importantes elementos probatorios sobre las acciones y circunstancias en el terreno». El fiscal general indica que «los hechos que se describen serían graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, constitutivas de crímenes previstos en los artículos 607 (genocidio) y siguientes del Código Penal», referidos a los delitos de lesa humanidad.

El fiscal general ordena remitir a Alonso el informe de la Comisaría General de Información «al objeto de incoar las correspondientes diligencias de investigación preprocesal, las cuales serán comunicadas a la Corte Internacional de Justicia, a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y a la fuerza policial actuante». Además, recuerda la existencia de dos procedimientos ante tribunales internaciones, uno en la Corte Internacional de Justicia y otro en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con los que España tiene obligación de cooperar. Además, subraya que el artículo 96.1 de la Constitución declara que los tratados internacionales forman parte del ordenamiento interno.

García Ortiz asegura que «concurren los presupuestos legales» para dar este paso, dada la «especial trascendencia» y «gravedad» de los hechos, así como el «número de víctimas hasta el momento». El Ministerio de Sanidad palestino eleva a 65.062 las víctimas desde el inicio de la ofensiva israelí. Una cifra que avala la ONU y numerosos expertos independientes. «Los hechos acaecidos supondrían graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, resultando de especial singularidad y complejidad una efectiva investigación que, además, presenta derivadas internacionales», insiste el fiscal general en su escrito.

El jefe del Ministerio Público explica que el artículo 23.4 p) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) «atribuye jurisdicción a los tribunales españoles respecto de cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un tratado vigente para España o por otros actos normativos de una organización internacional de la que España sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determinen en los mismos».

Una obligación internacional

Ese mismo artículo en su apartado a) establece que los tribunales españoles solo podrán investigar hechos cometidos fuera del territorio español que pudieran ser constitutivos de delito de genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, cuando el procedimiento se dirija contra un español o contra ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas.

García Ortiz también alude al informe que publicó el pasado martes por una comisión de Naciones Unidas, donde califica de genocidio lo ocurrido en Gaza y urge a Israel a frenarlo. Además, exhorta a los miembros de la ONU a ayudar a impedirlo por los medios que les sea posible. El fiscal general sostiene que España «ha asumido la obligación de prestar la debida colaboración y canalizar la asistencia que se precise de los órganos competentes para la investigación de las conductas que se están produciendo, lo que legitima la apertura de diligencias de investigación en el marco de las competencias del Ministerio Fiscal»

En opinión del fiscal general, «en el contexto actual se hace necesaria la cooperación entre los estados para satisfacer las demandas de justicia y seguridad de los individuos y de la sociedad, así como para luchar contra la impunidad de manera efectiva». Por ello, razona, «los estados se han dotado de mecanismos jurídicos que permiten la actuación extraterritorial en materia de cooperación en la investigación de los graves crímenes internacionales, al tiempo que se salvaguarda la soberanía de cada Estado, permitiendo recopilar elementos de prueba para un posterior enjuiciamiento de los hechos por la jurisdicción que corresponda».

Sobre esto, sostiene que, «a la vista de la situación actual en los territorios de Palestina, cualquier prueba, directa o indirecta, que sea posible recabar en nuestro país ha de ser incorporada a un marco procesal que permita su utilización posterior». Y detalla: «Y ello en un doble sentido: como elemento catalizador de la cooperación internacional y de preservación del acervo probatorio que sea posible recopilar para que en un futuro puedan ser utilizadas adecuadamente como pruebas de cargo de los delitos cometidos».