Peligra el 'caso Montoro' porque el juez de Tarragona carece de «competencia territorial»

El caso Montoro puede dar un giro de 180 grados. Equipo Económico ha promovido una cuestión de competencia territorial por declinatoria para solicitar al Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona que se inhiba en favor de un juzgado de Madrid. Alegan que es la ciudad donde se encuentra la sede del despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro, el Ministerio de Hacienda y donde la firma desarrolla su trabajo profesional. El bufete sostiene que la falta de competencia territorial puede derivar en la nulidad del procedimiento que sigue el juez Rubén Rus, algo que ya ha pedido por haber sido investigado en secreto durante siete años. En su opinión, supone una «causa efectiva de indefensión».

La investigación contra el despacho que fundó Montoro en 2006, del que se desvinculó dos años más tarde para volver a la política, comenzó con una denuncia anónima contra Messer Ibérica por un delito medioambiental. Semanas después del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, los Mossos d´Esquadra registraron las oficinas de la empresa en Tarragona y se hicieron con medio millar de correos electrónicos, entre ellos varios que aludían a Equipo Económico. Un «hallazgo casual» que desencadenó el caso.

En uno de esos emails, fechado en diciembre de 2013, dos directivos de Messer hablan de que «la vía más directa» para conseguir ciertos objetivos era pagar «a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro». Los Mossos extrajeron este y otros cinco correos y presentaron en abril de 2018 al juez Rus sus conclusiones en un informe: las empresas gasísticas no habían conseguido ser incluidas en una ley que adaptaba una directiva europea, pero tras la intervención del despacho habrían conseguido una exención de impuestos del 85%.

Origen del caso Montoro

En un escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Equipo Económico pide al Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona que traslade el caso a un juzgado de Instrucción de Madrid, zona a la que le competería. El texto, que firma el prestigioso penalista José Antonio Choclán, alega que los emails aprehendidos en Messer «no guardan conexión con el objeto de la investigación», por lo que Rus debió remitir el asunto a un juzgado con competencia objetiva y territorial para su conocimiento. El juez imputa al despacho, a Montoro y a una treintena de personas físicas y jurídicas siete delitos.

El caso Montoro recayó en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona por inhibición del Juzgado de Instrucción número 6, que consideró que Rus ya estaba investigando con anterioridad los mismos hechos. Sin embargo, Equipo Económico sostiene que ese razonamiento es incorrecto porque la causa se inicia tras «un hallazgo casual sin conexión» con el asunto que se estaba tratando, una denuncia por delitos urbanísticos contra Messer, que había sido cliente del despacho.

La defensa del despacho que fundó Montoro considera que el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona se atribuyó «indebidamente» el caso. «La asunción de la competencia implicaba una clamorosa contracción. Acepta la razón dado por el Juzgado de Instrucción número 6, que se encontraba ya conociendo de los mismos hechos, a pesar de haber manifestado en una resolución (…) que se trataba de un hecho diferente, hallado casualmente. Si acaso ya conociera de los hechos nuevos con anterioridad, entonces se habría iniciado una investigación antes de que se hubiera autorizado».

El escrito defiende que ambos juzgados de Tarragona debieron revisar su propia competencia territorial. Equipo Económico explica que el conocimiento del caso correspondía a los juzgados de Instrucción de Madrid, por lo que solicita a Rus que se inhiba en su favor. Y añade: «Cuando los hechos ocasionalmente conocidos no guardan, como aquí sucede, conexión con los causantes de la medida, el juez que lo conoce deducirá testimonio de lo hallado describiendo lo descubierto, para que siguiendo el reparto de competencia territorial se inicie otro proceso correspondiendo a otro juez la instrucción».

Actividad en Madrid

El documento señala diferentes hitos de los que se desprende la «dudosa calificación jurídica» territorial. La defensa del despacho que fundó Montoro considera la posible comisión de un delito de tráfico de influencias en relación a determinadas modificaciones legislativas. Se trataría, en todo caso, de una influencia ante el Ministerio de Hacienda, con sede en Madrid. E insiste: «Tratándose de un delito contra la Administración Pública, resulta esencial a estos efectos el lugar donde se ejerce la función pública que puede verse perturbada».

Sobre el delito de cohecho, negociaciones prohibidas y corrupción en los negocios que se le imputan, aseguran que «no hay en la causa evidencia de haberse pagado dádiva, comisión o retribución ilícita a un funcionario o autoridad alguna». En todo caso, insiste Equipo Económico, esas actuaciones «no guarda relación alguna con la provincia de Tarragona», donde el despacho no ha ejercido su labor profesional. El escrito también hace mención al delito de fraude contra la Administración. Recalcan que «no hay menoscabo para los intereses públicos» pero, en caso de existir, no tendría vinculación alguna con Cataluña.

«Ninguna resolución administrativa fue adoptada en la provincia de Tarragona», insiste Equipo Económico para regatear el delito de prevaricación. El escrito firmado por Choclán sostiene que las decisiones que se les imputan no fueron adoptadas por el Ministerio de Hacienda, sino por las Cortes, que fueron «las que aprobaron los cambios normativos» por los que se les investiga. Sobre el presunto delito de falsedad documental, destaca que su actividad profesional se desarrolló en Madrid y sus informes recogen informes de legislación vigente a nivel europeo, nacional y Derecho comparado.

Los investigadores sostienen que la trama vinculada a Montoro logró dos temas importantes para sus clientes, que acudieron a Equipo Económico «tras no obtener las reformas pretendidas» por medios convencionales y acudir «a la vía más directa». La primera en 2013, cuando habrían conseguido una rebaja impositiva del 85%, como exigía una directiva europea sin aplicación en España. La segunda, en 2018, cuando lograron una rebaja fiscal en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) a través de la modificación de un real decreto legislativo. Los clientes también conocieron de antemano el borrador de los presupuestos de ese año.

Rus apunta a que «el pago realizado» a Equipo Económico por sus clientes «no obedecería a una prestación real, sino que encubriría una comisión para el ejercicio de su influencia y así lograr la reforma legislativa a su favor». La defensa del despacho que fundó Montoro ya solicitó a la Audiencia Provincial de Tarragona que anulara el caso, cuya instrucción ha permanecido en secreto siete años, para lo que se necesitaron 80 prórrogas. En su opinión, se trata de «una anomalía procesal que causa efectiva indefensión».