La Fiscalía pide al Supremo absolver a García Ortiz del delito de revelación de secretos

La Fiscalía reclama al Tribunal Supremo la absolución de Álvaro García Ortiz en el juicio al que se enfrentará en los próximos meses por un delito de revelación de secretos. La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, sostiene que los hechos no son constitutivos de delito. La número dos del Ministerio Público ha presentado este lunes su escrito de conclusiones y las pruebas que solicita ante la vista oral. Pide que declaren 19 testigos, entre ellas la persona que le denunció, Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. También solicita la testifical de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y de una decena de periodistas.

El escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE afirma que, al no ser los hechos constitutivos de delito, procede la libre absolución con todos los pronunciamientos a ella inherentes». El juez Ángel Hurtado envió a juicio el pasado 9 de septiembre a García Ortiz al estimar que la noche del 13 de marzo del año pasado filtró a la Cadena SER un correo electrónico fechado ese 2 de febrero donde la defensa de González Amador se ofrecía a reconocer los delitos fiscales por los que finalmente ha sido procesado a cambio de llegar a un acuerdo con Fiscalía.

«Ninguna intervención puede atribuirse al fiscal general del Estado en la divulgación de los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal Julián Salto Torres y el letrado Carlos Neira», asegura en su escrito Sánchez Conde. La teniente fiscal defiende que, en cualquier caso, el contenido del email no era secreto cuanto, supuestamente, lo recibió García Ortiz, a las 21.59 del 13 de marzo de 2024. Varios de los periodistas que han declarado en la causa, y que ahora propone como testigos, aseguraron que conocieron los detalles del pacto antes de que el jefe del Ministerio Público tuviera la información.

García Ortiz y los correos

Sánchez Conde contradice el relato que hace Hurtado al asegurar que los hechos no comienzan a las 21.29 horas, cuando El Mundo publica una información en la que asegura que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo de conformidad a la pareja de Ayuso para que admitiera dos delitos fiscales. La teniente fiscal retrotrae lo sucedido a unas horas antes, cuando el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña contacta con varios periodistas para transmitirle que había sido el Ministerio Público quien propuso el pacto a González Amador.

Como consecuencia de la publicación de esa información, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, contactó con García Ortiz, que pidió que se le informase de la actuación que había llevado a cabo la Fiscalía de Madrid en el caso de la pareja de Ayuso. Sánchez Conde defiende que esta reclamación del fiscal general se ciñe a lo previsto en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece la facultad del jefe del Ministerio Público para impartir órdenes e instrucciones a sus subordinados y la obligación de estos de comunicar hechos relevantes.

La número dos de García Ortiz también alude a la nota de prensa que publicó la Fiscalía Provincial de Madrid la mañana del 14 de marzo para explicar lo ocurrido. El comunicado precipitó la querella de González Amador y del Colegio de Abogados de Madrid contra la Fiscalía al entender que contenía detalles confidenciales. Un extremo que el Supremo descartó de inicio pero que Hurtado ha recuperado a lo largo de la instrucción.

«Esta nota contenía hechos ciertos y acreditados, que desmentían las informaciones inveraces publicadas por algunos medios de comunicación y responsables públicos, eran de público conocimiento con anterioridad a la difusión de aquella y demostraban que el fiscal responsable del asunto se había atenido escrupulosamente a sus deberes profesionales», insiste Sánchez Conde en su escrito de conclusiones. García Ortiz, que ya ha depositado la fianza por posibles responsabilidades pecuniarias, se enfrenta hasta a seis años de prisión y 12 de inhabilitación.

Críticas a Sánchez Conde

Fiscales críticos denunciaron a este diario que el proceso al que se enfrenta su jefe nació «viciado» porque la designada para representar al Ministerio Público era Sánchez Conde, lugarteniente de García Ortiz. «La teniente fiscal en el Supremo tiene un interés directo en el pleito porque actuará para favorecer a su jefe. No lo puede llevar», insistieron. Incluso plantearon que esa responsabilidad recayera en el más antiguo del escalafón o se decida por sorteo.

Los intentos de García Ortiz por no llegar a juicio han resultado infructuosos. La Sala de Apelaciones rechazó su intención de anular el registro de su despacho, en el que la Guardia Civil requisó el pasado 30 de octubre sus móviles y dispositivos electrónicos. El fiscal general alegó que la entrada fue desproporcionada e invadió sus derechos fundamentales. Gracias a esos terminales se puedo comprobar que el jefe del Ministerio Público había borrado todos los mensajes, algo que la Fiscalía achacó a razones de seguridad.