La juez abre juicio contra el novio de Ayuso por fraude fiscal y pertenencia a grupo criminal
La magistrada envía al banquillo a González Amador por defraudar 350.951 euros y servirse de facturas falsas
El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. | Mateo Lanzuela (Europa Press)
Alberto González Amador se sentará en el banquillo. La juez ha acordado este lunes abrir juicio oral contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por defraudar presuntamente a Hacienda 350.951 euros y servirse de una trama de facturas falsas. El empresario será juzgados por la vía Penal por dos delitos de fraude fiscal, falsificación en documento mercantil, delito contable y pertenencia a organización criminal. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden tres años y nueve meses de cárcel. En otro auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la juez rechaza los recursos para retrasar su procesamiento hasta después del juicio del fiscal general.
«Procede declarar órgano competente para conocimiento y enjuiciamiento de la causa a un juzgado de lo penal de Madrid», señala la juez Carmen Rodríguez Medel. La magistrada también envía al banquillo a cuatro colaboradores de la pareja de Ayuso: Maximiliano Eduardo Niederer, David Herrera, Agustín Carrillo y José Miguel Carrillo.
El novio de Ayuso fue procesado el pasado 28 de agosto por dos presuntos delitos de fraude fiscal en concurso con otro de falsedad en documento mercantil. La juez Inmaculada Iglesias, que solicitó la jubilación voluntaria, tomó la decisión contra González Amador por la presunta en relación a un supuesto fraude fiscal cometido en 2020 y 2021. El empresario recurrió el 1 de septiembre ante la Audiencia Provincial de Madrid, que tendrá la última palabra.
Facturas falsas
Rodríguez Mendel acuerda la apertura de juicio tras rechazar retrasar la decisión hasta que la Audiencia de Provincial decida sobre un recurso. Los abogados del novio de Ayuso defienden en el escrito que «está de forma inescindible vinculado a la denegación de diligencias de instrucción solicitadas en tiempo y forma», algo que hizo la magistrada en mayo y en julio pasados. Entienden que el auto de procesamiento, acordado «sin haberse permitido practicar ni una sola diligencia de instrucción de defensa solicitada en tiempo y forma», constituye «la eliminación definitiva de sus derechos fundamentales».
La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden tres años y nueve meses de cárcel para el empresario. El caso se inició en mayo de 2022, cuando Hacienda concluyó que González Amador había defraudado al erario público 350.910 euros con la ayuda de 15 facturas falsas a favor de una serie de empresas en las que el novio de Ayuso era administrador único. La denuncia del Ministerio Público se sustenta en un informe de la Agencia Tributaria que exponía que se detectaron «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades».
«Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021», recoge la denuncia del fiscal. El informe, referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, deduce «determinados datos e indicios sobre hechos relativos al impuesto sobre sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito».
El escrito relata dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar «un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer».
Sobornos a un directivo de Quirón
La pareja de Ayuso se enfrenta a otra investigación en el juzgado de Instrucción número 19 de Madrid por un presunto soborno a un directivo del Grupo Quirón. Se trata de una pieza separada que aborda posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.
Inicialmente, la juez Iglesias descartó abrir esta línea de investigación paralela, pero terminó atendiendo los recursos del PSOE y Más Madrid. Ambas formaciones políticas, que actúan como acusación popular, sospechan que el novio de Ayuso pagó a la mujer de un directivo de esa empresa una comisión encubierta de medio millón de euros.