El juez propone juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular

El juez Juan Carlos Peinado propone que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación. También resuelve sentar en el banquillo por el mismo delito a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. El magistrado ha convocado este sábado a las 18.00 horas a sus letrados para comunicarle los términos de la imputación. Todos ellos están investigados en la pieza separada que abrió el pasado 10 de marzo para indagar en la contratación de la asistenta al entender que habría realizado tareas privadas para la esposa de Pedro Sánchez. La decisión llega solo un día más tarde de que la Audiencia de Badajoz confirmara que David Sánchez vaya a juicio por prevaricación y tráfico de influencias.

En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Peinado sostiene que existen «indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos». El juez se apoya en el respaldo que recibió el pasado junio de la Audiencia Provincial de Madrid para investigar la contratación y en la negativa de Begoña Gómez y de su asesora a dar explicaciones. También basa su decisión en los correos electrónicos que Álvarez se cruzó con diferentes personas en relación con la polémica cátedra de la esposa de Sánchez.

Ha sido esencial para ello los correos electrónicos con la asesora que aportó el exvicerrector de la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio el pasado 16 de septiembre, que actúan como elemento probatorio de refuerzo. En el auto, Peinado también justifica su cambio de parecer, ya que inicialmente rechazó investigar a Begoña Gómez y a Álvarez por malversación. El magistrado invoca para ello la doctrina de «la cristalización progresiva», recordando que la fase de instrucción es, por naturaleza, dinámica y evolutiva.

La asesora de Begoña Gómez

Begoña Gómez acudió a declarar ante Peinado el pasado 10 de septiembre. Ese día reconoció que pidió «favores» en ocasiones excepcionales a su asesora en Moncloa. La esposa del presidente del Gobierno, que solo respondió a un par de preguntas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, reprochó que su imputación por malversación responde únicamente a esa ayuda puntual que reclamó Álvarez, que momentos antes se había acogido a su derecho a no declarar.

La esposa de Sánchez justificó durante apenas dos minutos las funciones de su asistenta, entre las que se encontraba acompañarle a actos y llevar su agenda. Esta era la cuarta ocasión en la que declaraba, aunque en dos de ellas guardó silencio. Peinado, que investigaba a Begoña Gómez por cuatro delitos, añadió a principios de agosto un quinto, el de malversación, a petición de las acusaciones populares, que sostenían que había hecho uso de un correo electrónico oficial de Moncloa y se había valido de su asesora para realizar funciones privadas.

Begoña Gómez aseguró que Álvarez siempre se ha dedicado a las labores encomendadas. No obstante, explicó que no recordaba cómo se gestó su nombramiento como asesora en Moncloa. La esposa del presidente del Gobierno señaló que le informaron de que tenía que designar a una persona para asistirla en sus funciones ya que las esposas de otros presidentes habían tenido a personas a su disposición y que, algunas, llegaron a tener entre dos y cuatro asesores.

Idéntica justificación que usó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que tuvo que declarar ante el juez como testigo ya que el fichaje de Álvarez se produjo durante su etapa como secretario general de la Presidencia del Gobierno. El dirigente socialista negó ante Peinado que hubiese intervenido en la contratación de la asesora de Begoña Gómez, aunque defendió su legalidad. Afirmó que desconocía de quién procedió la orden y señaló a Raúl Díaz, que ejercía como coordinador de personal de Moncloa cuando se contrató a Álvarez. El juez llegó a atribuir al titular de Justicia un presunto delito de falso testimonio, aunque el Tribunal Supremo rechazó investigarle.

Uso de recursos públicos

Álvarez fue contratada como asesora de Begoña Gómez el 16 de julio de 2018, mes y medio después de que Sánchez llegara a Moncloa. Fue la esposa del presidente del Gobierno quien se puso en contacto con ella. Habían trabajado juntas previamente y se trataba de una persona de su confianza. La directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia disfruta de un sueldo de 37.000 euros netos (algo más de 52.000 euros brutos) por llevar su agenda.

La acusación señala que Álvarez habría ayudado a Begoña Gómez a gestionar asuntos de su cátedra, en la que su hermana ejercía como coordinadora del máster. Los emails remitidos al juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno por cinco delitos revelan que la asesora de Moncloa contactó con el vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, para gestionar el polémico software que la esposa del líder socialista habría registrado a su nombre y envió correos electrónicos a los patrocinadores de la cátedra.

La asesora de Moncloa escribió el pasado febrero a Pilar Suárez-Inclán, directora de Comunicación y Reputación Corporativa de Reale Seguros, que ya sufragaba el proyecto académico de la esposa del presidente del Gobierno. «Me dice Begoña [Gómez] que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis». La compañía aportaba 15.000 euros al año a la cátedra, 60.000 en los cuatro ejercicios en los que participó.

Álvarez le contactó en esa ocasión desde su cuenta personal. Tres años antes, usó el email institucional, donde se identificó como directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia. Ese hecho, para la acusación, evidencia que Suárez-Inclán conocía el desempeño de su interlocutora cuando recibió el mensaje desde una cuenta de Gmail en febrero. La asesora de Moncloa ya mencionaba a Begoña Gómez en un correo electrónico fechado el 10 de noviembre de 2021, lo que podría suponer que la esposa de Sánchez se sirvió de recursos públicos para hacer gestiones privadas relacionadas con la cátedra.

En su declaración ante el juez el pasado diciembre, Álvarez reconoció que escribió a patronos de la polémica cátedra que coodirigía la esposa de Sánchez para que mantuvieran el apoyo económico a su jefa, aunque fue para hacerle «un favor personal». Peinado abrió la investigación en abril del año pasado, pero a medida que se desarrollaron las pesquisas fue ampliando los delitos hasta sumar cinco: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación.