El abogado de Bartomeu reconoce errores, pero niega un beneficio patrimonial personal

El abogado del expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu, el letrado José María Fuster-Fabra, ha manifestado que «pudo haber aciertos y pudo haber errores» en su gestión al frente del club blaugrana pero sostiene que no hay ni el más mínimo indicio de que haya obtenido un beneficio patrimonial personal alguno.

«En esta gestión pudo haber aciertos y pudo haber errores, pero resulta ciertamente singular y probablemente sin precedentes el hecho de que el Sr. D. Josep Mª Bartomeu se enfrenta a cuatro procedimientos derivados de su gestión, sin que en ninguno de ellos se le acuse, ni haya el más mínimo indicio de haber obtenido beneficio patrimonial personal alguno», sostiene en un comunicado remitido a los medios este martes.

Fuster-Fabra explica que tras la denuncia interpuesta en enero de 2022 por el actual presidente del Barça, Joan Laporta, tras la realización de un forensic del que Bartomeu tuvo conocimiento por la prensa, presentó un escrito «de inmediato» ante la Fiscalía para trasladarle su predisposición para aclarar cualquier cuestión.

En diciembre de 2023, asegura que su defendido tuvo conocimiento «también por los medios» de que se habían abierto diligencias en un juzgado de instrucción de Barcelona por estos hechos y que el mismo día se ofreció para prestar declaración.

«Ha sido y es su voluntad aclarar ante la Justicia su trabajo en relación con la gestión realizada como Presidente del FCB», sostiene Fuster-Fabra, que recuerda que Bartomeu salió absuelto en el caso ‘Neymar 2’, que quedó en libertad tras su detención por el ‘Barça Gate’, en el que pidió declarar voluntariamente, y que en el ‘caso Negreira’ prestó declaración cuando fue citado.

Imvestigado por el pago de comisiones

El Juzgado de Instrucción 16 de Barcelona ha citado a Bartomeu y a varios de sus directivos a declarar en calidad de investigados el próximo 24 de octubre por el presunto pago de comisiones en fichajes de jugadores. La Fiscalía lo señala, junto a los principales directivos del club durante su mandato, por un delito continuado de administración desleal por tres operaciones financieras del club.

El Ministerio Público atribuye el mismo delito que a Bartomeu al exdirector general del Barça, Òscar Grau, y al exdirector de los servicios jurídicos del club blaugrana, Roman Gómez Ponti. Como autores de un delito de administración desleal, señala también al exdirector general del club, Ignacio Mestre; al exvicepresidente deportivo, Jordi Mestre, y al abogado José Ángel González Franco, entre otros. En total, la acción de la Fiscalía se dirige contra 11 personas, entre las que figuran exdirectivos e intermediarios en dichas operaciones.

Denuncia de la junta directiva

La investigación parte de un informe forensic presentado ante la Fiscalía Provincial de Barcelona por la junta directiva que encabeza Laporta que sugería irregularidades en el fichaje de jugadores. Por este motivo, se ordenó a la Unidad Central de Blanqueo y Delitos Económicos de la División de Investigación Criminal (DIC) de Mossos d’Esquadra que indagara sobre la gestión de los fondos del club durante el mandato de Bartomeu.

De esta investigación, la Fiscalía sostiene que «han resultado acreditados hechos que se estiman indiciariamente constitutivos de un delito continuado de administración desleal». Se basa en que hasta diciembre de 2017, si el importe de los contratos firmados por el club excedía los 200.000 euros tenía que ser la Junta Directiva quien los aprobase y, a partir de esa fecha, se creó el Comité de Adjudicaciones y Aprobaciones.

Este órgano era el encargado de aprobar las operaciones mercantiles por importes comprendidos entre los 200.000 euros y 1 millón de euros, de forma que los que excediesen esa cantidad, tendrían que ser aprobados igualmente por la Junta Directiva.

Las operaciones

La Fiscalía señala que el que fue presidente de la entidad deportiva entre el 23 de enero de 2014 y el 28 de octubre de 2020, Josep María Bartomeu, «en el ejercicio de su cargo», y en connivencia con terceras personas, participó en varios hechos que considera que podrían haber perjudicado al club. En concreto, hace referencia al fichaje de Malcom, un delantero procedente del Club FC Girondins Bourdeaux, en el que asegura que se abonaron comisiones por valor de 10 millones de euros «a intermediarios con los que el Club no había contratado determinadas cantidades derivadas de labores de intermediación para la contratación del jugador».

También cuestiona el pago de honorarios a abogados para lograr una conformidad entre el FC Barcelona y el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado en el ‘caso Neymar I’.

Refiere que Bartomeu, «omitiendo los deberes de diligencia y lealtad en la gestión de un patrimonio que le era ajeno, usurpando además una capacidad de decisión que correspondía a la Junta Directiva», junto a Òscar Grau e Ignacio Mestre, acordaron el pago de 950.000 euros y la emisión de una factura final de 769.111,94 euros a favor del abogado José Ángel González Franco sin haber informado ni haber sometido a votación dicho acuerdo a la Junta Directiva.

Además, pone en duda la participación de González Franco en el proceso judicial, pues el Ministerio Público sostiene que estos pagos se realizaron «sin que dicho letrado hubiese intervenido en la conformidad». Por último, la Fiscalía también cuestiona el pago de 1,5 millones de euros destinados a la creación del Espai Barça.