Las acusaciones piden al juez que investigue el patrimonio de la asesora de Begoña Gómez

Las acusaciones populares lideradas por la organización Hazte Oír han solicitado al juez Juan Carlos Peinado que examine el patrimonio de Cristina Álvarez desde julio de 2018, fecha en la que fue nombrada asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. Además, según publica Europa Press, han reclamado que se solicite a la Agencia Tributaria las declaraciones de la renta de Álvarez correspondientes a los años 2018 a 2024.

Esta petición forma parte de un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press. El documento detalla una serie de diligencias que ya se adelantaron el pasado sábado durante una vista en la que se informó a las defensas de Gómez, Álvarez y del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, de que, en caso de llegar a juicio por malversación, el proceso se resolvería ante un jurado popular compuesto por ciudadanos, en lugar de un tribunal de jueces profesionales.

Entre las medidas solicitadas, destaca la declaración como testigo de Pedro Sánchez, con el fin de «esclarecer el grado de conocimiento, supervisión, consentimiento o tolerancia» que, en su doble rol como jefe del Ejecutivo y esposo de la investigada Gómez, pudo tener sobre las actividades de Álvarez y la supuesta «desviación sistemática de recursos de la Presidencia del Gobierno para fines privados».

El escrito también incluye la petición de testifical para Félix Bolaños, actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien ocupaba el cargo de secretario general de Presidencia en el momento de la designación de Álvarez. Igualmente, se reclama la comparecencia de Judit González, que actualmente ejerce esa misma función, y un careo entre Alfredo González, ex vicesecretario general de Presidencia, y la propia Álvarez.

Un perjuicio económico cuantificado en 320.000 euros

En el documento, las acusaciones subrayan que Álvarez «dedicó de manera sistemática su jornada laboral —de lunes a viernes y en horario oficial— a tareas privadas en beneficio exclusivo» de la esposa del presidente, lo que califican como una «malversación continuada» que ha generado un «perjuicio económico» de «extrema gravedad» para el erario público.

Según sus cálculos, el daño asciende a 320.834 euros, correspondientes al salario percibido por Álvarez desde julio de 2018 hasta diciembre de 2024, sin incluir el año en curso. Para las acusaciones, esto representa un «aprovechamiento ilícito del tiempo de trabajo», ya que durante años la asesora utilizó su jornada para atender asuntos estrictamente privados, configurando una «apropiación ilegítima de fuerza de trabajo sufragada por el Estado».

Esta suma, que abarca no solo el salario público sino también el uso de bienes y servicios estatales, consumo de medios tecnológicos, recursos humanos y logísticos, se enmarca en el concepto amplio de malversación reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que incluye cualquier bien, servicio o fuerza de trabajo con valor económico.

Gómez, consciente de la separación entre lo público y lo privado

Las acusaciones sostienen que Begoña Gómez era «plenamente consciente de la diferencia entre su agenda pública y su esfera privada», una distinción que ella misma reconoció en su declaración del 10 de septiembre de 2025. A pesar de ello, afirman que Gómez «impulsó y dirigió de forma continuada un sistema para valerse del trabajo retribuido» de Álvarez y de los recursos de la Presidencia en su beneficio particular.

El escrito no solo apunta a Gómez y Álvarez, sino también a Francisco Martín Aguirre, quien era el ‘número dos’ de Bolaños en Presidencia cuando se aprobó el nombramiento de la asesora. Según las acusaciones, Martín Aguirre, «con pleno conocimiento de las funciones que debía desempeñar» Álvarez, «consintió que se consolidara un patrón de desvío de recursos públicos», mientras que Gómez utilizó directamente el cargo de su asistente y los medios materiales del Estado para fines privados.

Todo ello, argumentan, forma parte de un «patrón de desviación prolongada y consciente» que evidencia «una estrategia deliberada para detraer fondos y medios públicos en beneficio exclusivo» de Gómez. «La persistencia en el tiempo, la magnitud de las cantidades desviadas y la multiplicidad de recursos comprometidos elevan la gravedad de los hechos y refuerzan la imputación por el delito de malversación de caudales públicos previsto en los artículos 432 y siguientes del Código Penal», concluyen.

En este contexto, recuerdan que Álvarez fue designada como directora de programas para realizar «tareas de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo, en el marco de la atención a la esposa del Presidente del Gobierno». Entre sus funciones figuraban la gestión de la agenda, preparación de reuniones, visitas y viajes; gestión y acompañamiento en desplazamientos; interlocución con departamentos implicados; y atención a cuestiones de seguridad y protocolo.

Sin embargo, las acusaciones consideran que «ha quedado constatado» que Álvarez no cumplía con el requisito de desempeñar habitualmente sus labores en la sede oficial de Moncloa, dedicándose en cambio a «tareas privadas» en beneficio de Gómez.