Investigan por presunta estafa a un alto cargo de la Consejería de Salud extremeña

Inmaculada Sanchez Polo, gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SEPAD) en Badajoz, organismo dependiente de la Consejería de Salud extremeña, está investigada judicialmente cuatro presuntos delitos: falsedad en documento público y mercantil, alzamiento de bienes, estafa agravada y delitos societarios.

Así, el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Badajoz tiene en marcha un procedimiento judicial abierto contra ella y otras dos personas más tras admitir a trámite una querella presentada por un empresario del ámbito sanitario, según ha adelantado Cadena Ser. El auto judicial está fechado el 30 de junio de 2024.

Según la querella, Sánchez Polo, fundadora y administradora de la empresa sanitaria Cekinesia S.L., habría ocultado información relevante a sus socios, como que su marido, contratado como gestor sanitario por Clínica Extremeña de Salud, padecía Alzheimer avanzado, lo que habría comprometido el buen desarrollo de la clinica y habría derivado en su cierre años después.

Sánchez Polo, en su calidad de fundadora y administradora de CEKINESIA S.Lhabría ocultado información relevante a sus socios, entre ellos que su esposo contratado como gestor sanitario por Clínica Extremeña de Salud, padecía Alzheimer avanzado desde el inicio de la relación contractual. Esta situación, según el escrito, habría comprometido la operativa de la clínica hasta su cierre varios años después.

También se señala que la alto cargo extremeña habría podido incurrir en un alzamiento de bienes al haber simulado solvencia patrimonial al ofrecer como garantía la situación financiera de Cekinesia, mientras, presuntamente, se ejecutaba la venta de su principal activo, una finca urbana de más de 320.000 euros. En la querella también se recoge el impago de alquiler de un local durante más de seis años, lo que supondría una deuda cercana a los 420.000 euros.

Todo ello habría ocasionado la quiebra de Clínica Extremeña de Salud S.L. y CESA S.L., el despido de unos 100 empleados y pérdidas superiores a los 20 millones de euros, de las que cerca de 8,5 millones habrían afectado al empresario que tramitó la querella.