El juez propone que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez por otros cuatro delitos

El juez Juan Carlos Peinado extiende el procedimiento con jurado a toda la investigación contra Begoña Gómez. En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el magistrado propone que, en caso de llegar a juicio, sea un jurado popular quien juzgue a la esposa del presidente del Gobierno, a su asistente en Moncloa Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo. Todos ellos conforman la pieza principal de la causa, que indaga la creación de la cátedra en la Universidad Complutense y el software que registró Gómez a su nombre. La decisión llega días después de que el instructor planteara la misma fórmula para el delito de malversación por el que se investiga a la mujer de Pedro Sánchez y a su asesora.

Peinado cita a los tres investigados y sus abogados a comparecer el próximo lunes a las 17.30 horas para comunicarles la decisión. Begoña Gómez ya plantó el pasado sábado al juez, que la convocó para informarle de que sería un jurado popular quien la juzgaría en caso de abrirse juicio oral por un delito de malversación. La esposa del presidente del Gobierno evitó acudir porque su defensa, que ejerce el exministro socialista Antonio Camacho, considera que su presencia no es indispensable para ese trámite.

Tanto Begoña Gómez como su asesora en Moncloa han solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que corrija la decisión de Peinado de abocarla a un juicio con jurado por malversación. El artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ) establece que dicho delito pueda ser juzgado mediante esa fórmula. El origen de esta línea de investigación se remonta a la pieza separada que abrió el instructor el pasado marzo, aunque inicialmente rechazó indagar sobre la contratación y funciones que habría desempeñado su asistente en Moncloa en favor de la cátedra que codirigía la esposa de Sánchez en la Complutense.

La cátedra de Begoña Gómez

El magistrado considera que existen «indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos» por malversación. Ahora amplía ese escenario a los otros cuatro delitos por los que investigaba a la esposa de Sánchez. Sin embargo, la LOTJ solo establece que solo puede ser juzgado por un jurado popular el de tráfico de influencias. Peinado basa su decisión en el artículo 5 de esa ley, que señala que podrían incluirse delitos relacionados si todos los imputados han cometido esos delitos o si estos se pusieron de acuerdo para cometerlos.

«La competencia del Tribunal del Jurado se extenderá al enjuiciamiento de los delitos conexos, siempre que la conexión tenga su origen en alguno de los siguientes supuestos: a) que dos o más personas reunidas cometan simultáneamente los distintos delitos; b) que dos o más personas cometan más de un delito en distintos lugares o tiempos, si hubiere precedido concierto para ello; c) que alguno de los delitos se haya cometido para perpetrar otros, facilitar su ejecución o procurar su impunidad», aclara Peinado.

«La decisión del juez no es discrecional, sino que responde a una obligación estricta», defiende Iustitia Europa, una de las organizaciones personadas como acusación popular. La fórmula elegida puede suponer un dolor de cabeza para Begoña Gómez y el resto de acusados. Como avanzó este diario, el 89,9% de los juicios que se celebran con jurados populares condena al imputado. El Gobierno ha criticado la medida, que muchos juristas ven como una estrategia del instructor para desactivar los ataques del Gobierno por lawfare, ya que la esposa de Sánchez será enjuiciada por ciudadanos.

El auto dictado este jueves por Peinado supone el primer paso para sentar en el banquillo a Begoña Gómez por la parte principal de la causa, relativa a la creación de la polémica cátedra de Transformación Social y Competitiva en 2020 y el software que Begoña Gómez registró a su nombre.

Adjudicaciones de Red.es

Peinado también propone que Álvarez y Barrabés sean juzgados por un jurado popular si la causa por cuatro delitos llega a juicio. Parte de las pesquisas contra el empresario, las adjudicaciones concedidas por Red.es, están siendo investigadas por la Fiscalía Europea. El organismo comunitario asumió el caso después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid le informara de que Innova Next SLU había concentrado una serie de contratos públicos tras unas cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez.

Esta misma semana se ha conocido un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el que se detectan anomalías en las adjudicaciones a favor de Barrabés. El organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, alerta de un presunto «fraude de ley» y una «gran opacidad» en el proceso. Sostiene que se borró información clave según indican los «metadatos» y que existe una pérdida de la «trazabilidad» de documentos que permitieron conseguir contratos por valor de 10,6 millones de euros. Para la IGAE, el ente benefició «injusta e ilegalmente» al empresario.

El juez abrió diligencias en abril del año pasado, tras una denuncia presentada por Manos Limpias en la que acusaba a Begoña Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios como Barrabés. Peinado le imputó presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, a los que las pesquisas posteriores han ido sumando otros tres, como el del software de la Complutense que registró a su nombre, que se originó a través de una querella de Vox.