El juez propone que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez por otros cuatro delitos
El magistrado ya acordó esa fórmula por el delito de malversación si se abre juicio contra la esposa de Sánchez
Begoña Gómez en un acto del PSOE. | Begoña Gómez. | Francisco J. Olmo (Europa Press)
El juez Juan Carlos Peinado extiende el procedimiento con jurado a toda la investigación contra Begoña Gómez. En un auto al que he tenido acceso THE OBJECTIVE, el magistrado propone que, en caso de llegar a juicio, sea un jurado popular quien juzgue a la esposa del presidente del Gobierno, a su asistente en Moncloa Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo. Todos ellos conforman la pieza principal de la causa, que indaga la creación de la cátedra en la Universidad Complutense y el software que registró Gómez a su nombre. La decisión llega días después de que el instructor planteara la misma fórmula para el delito de malversación por el que se investiga a la mujer de Pedro Sánchez.
Peinado cita a los tres investigados y sus abogados a comparecer el próximo lunes a las 17.30 horas para comunicarles la decisión. Begoña Gómez ya plantó el pasado sábado al juez, que la convocó para informarle de que sería un jurado popular quien la juzgaría en caso de abrirse juicio oral por un delito de malversación. La esposa del presidente del Gobierno evitó acudir porque su defensa, que ejerce el exministro socialista Antonio Camacho, considera que su presencia no es indispensable para ese trámite.
Tanto Begoña Gómez como su asesora en Moncloa han solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que corrija la decisión de Peinado de abocarla a un juicio con jurado por malversación. El artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ) establece que dicho delito pueda ser juzgado mediante esa fórmula. El origen de esta línea de investigación se remonta a la pieza separada que abrió el instructor el pasado marzo, aunque inicialmente rechazó indagar sobre la contratación y funciones que habría desempeñado su asistente en Moncloa en favor de la cátedra que codirigía la esposa de Sánchez en la Complutense.
La cátedra de Begoña Gómez
El magistrado considera que existen «indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos» por malversación. Ahora amplía ese escenario a los otros cuatro delitos por los que investigaba a la esposa de Sánchez. El auto dictado este jueves por Peinado supone el primer paso para sentar en el banquillo a Begoña por la parte principal de la causa, relativa a la creación de la polémica cátedra de Transformación Social y Competitiva en 2020 y el software que Begoña Gómez registró a su nombre. Todos esos delitos pueden ser también juzgados por un jurado popular, según establece el artículo 1 de la citada LOTJ.
«La decisión del juez no es discrecional, sino que responde a una obligación estricta», defiende Iustitia Europa, una de las organizaciones personadas como acusación popular. La fórmula elegida puede suponer un dolor de cabeza para Begoña Gómez y el resto de acusados. Como avanzó este diario, el 89,9% de los juicios que se celebran con jurados populares condena al imputado. El Gobierno ha criticado la medida, que muchos juristas ven como una estrategia del instructor para desactivar los ataques del Gobierno por lawfare, ya que la esposa de Sánchez será enjuiciada por ciudadanos.
Peinado también propone que Álvarez y Barrabés sean juzgados por un jurado popular si la causa por cuatro delitos llega a juicio. Parte de las pesquisas contra el empresario, las adjudicaciones concedidas por Red.es, están siendo investigadas por la Fiscalía Europea. El organismo comunitario asumió el caso después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid le informara de que Innova Next SLU había concentrado una serie de contratos públicos tras unas cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez.
Esta misma semana se ha conocido un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el que se detectan anomalías en las adjudicaciones a favor de Barrabés. El organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, alerta de un presunto «fraude de ley» y una «gran opacidad» en el proceso. Sostiene que se borró información clave según indican los «metadatos» y que existe una pérdida de la «trazabilidad» de documentos que permitieron conseguir contratos por valor de 10,6 millones de euros. Para la IGAE, el ente benefició «injusta e ilegalmente» al empresario.