Antifraude confirma pagos irregulares de un ayuntamiento al hermano de Ximo Puig
El Consistorio de Morella realizó 629 abonos por valor de 408.000 euros a la empresa de Francis Puig

Francis Puig | Rober Solsona (Europa Press)
La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana (AVAF) ha confirmado este viernes, tras dos años de investigación, los pagos irregulares que realizó el Ayuntamiento de Morella a la empresa de Francis Puig, hermano del expresident de la Generalitat, Ximo Puig.
La investigación surgió después de que en abril de 2023 el Grupo Popular en Les Corts (GPP) denunciara al Ayuntamiento de Morella por pagar facturas a las empresas de Puig, sin contrato desde 2015. Los populares señalaron 629 pagos por valor de 408.000 euros, llevados a cabo sin licitación ni procedimiento administrativo, según recoge Valencia News. Así, el PP calculó que esta práctica se repitió desde 1996, lo que elevó el coste total para el consistorio a más de un millón de euros.
La resolución, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, asegura «constatada la irregular contratación de la publicidad institucional durante el periodo 2020 a 2024 por parte del citado Ayuntamiento».
Antifraude exige al ayuntamiento revisar de oficio las facturas abonadas sin contrato y analizar la posible exigencia de responsabilidades vinculadas a esta práctica. «Deberá acreditarse la adecuación de precio abonado de las prestaciones al valor de mercado sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que, vinculadas a esta práctica irregular de contratación pública, pudieran derivarse acreditadas para el personal al servicio de las Administraciones públicas», señala.
Asimismo, también recomienda al consistorio «la aprobación de un plan de medios anual ajustado a las disposiciones recogidas en la ley que establezca un reparto de acuerdo a criterios objetivos, establezca y de a conocer los criterios generales de comunicación institucional y planifique la inversión publicitaria del ayuntamiento para cada anualidad y en el que se establezca desde que área administrativa y presupuestaria se gestionará».
Por último, obliga al ayuntamiento a «publicar en el portal institucional la información relativa a todas las campañas de publicidad y de promoción institucional y su coste, especificando el órgano que inicie el expediente, los medios de comunicación empleados, el importe destinado a cada medio, los criterios utilizados para realizar su distribución entre estos, el coste de los diferentes conceptos y la modalidad y el periodo de ejecución», y añade: «Esta información deberá actualizarse al menos una vez en el año».