Piden bloquear el correo de Begoña Gómez para evitar que borre datos como García Ortiz
Reclaman medidas «inmediatas de conservación» de esas cuentas tras el precedente del fiscal general, que las eliminó
Pedro Sánchez y Begoña Gómez. | EFE
Las acusaciones populares del caso Begoña Gómez han solicitado conservar los correos electrónicos de Begoña Gómez y de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. El juez que instruye la causa, Juan Carlos Peinado, deberá elevar la petición a Google, gestora de Gmail, para evitar que los emails se eliminen de forma definitiva, como ocurrió en el caso del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trató de localizar los mensajes del jefe del Ministerio Público se encontró con que había desactivado para siempre su cuenta y borrado todo su contenido, que habría sido clave para la causa por la que tendrá que ir a juicio en el Tribunal Supremo.
El último informe de la UCO, que analiza los correos electrónicos enviados por la ayudante de Begoña Gómez, deja poco lugar a dudas: Álvarez estaba al día y al detalle de la gestión de su cátedra en la Universidad Complutense. Sus tareas se extendieron durante meses, con 11 empresas diferentes y su trabajo se realizaba en horario laboral. Incluso hablaba del proyecto en primera personal del plural y recurrió al correo de Presidencia a modo de tarjeta de visita. Las acusaciones creen que esos 121 emails son la clave del delito de malversación por el que acusan a la esposa de Pedro Sánchez y a su asistente en Moncloa.
La investigación aún no dispone de la totalidad de los correos electrónicos enviados entre 2018 y 2024, tanto por Begoña Gómez como por Álvarez desde sus cuentas oficiales y particulares. Presidencia del Gobierno se resiste a entregar ese material, enviado y recibido en sus cuentas con dominio presidencia.gob.es. Google, que administra las cuentas de Gmail que utilizaban para comunicarse con patronos de la cátedra y altos directivos de la Complutense, requiere una petición expresa del juez Peinado para que entregue la totalidad de esas comunicaciones.
«Medidas inmediatas de conservación»
Eso es precisamente lo que han solicitado las acusaciones a Peinado: que requiera «a la Administración del Estado, a los proveedores de correo institucional y a los proveedores de correo y almacenamiento privado que adopten medidas inmediatas de conservación y entrega» de todo ese material. Es decir, que se actúe sobre las cuentas para evitar su eliminación y la destrucción de correos, si es que ya aún no se ha producido.
«Esta diligencia es esencial para reconstruir con precisión la cronología del plan de desvío de fondos, acreditar que la investigada Álvarez recibía instrucciones directas de la investigada Gómez para actividades privadas y demostrar que se emplearon medios públicos como vehículo de comunicaciones estrictamente privadas», advierten.
Las acusaciones recalcan en su escrito el «requerimiento exhaustivo de todos los correos electrónicos y cualquier tipo de soportes cruzados entre la investigada Begoña Gómez y la investigada María Cristina Álvarez Rodríguez». Señalan que «se reitera y amplía la petición para que se requiera la entrega íntegra, en soporte forense y con metadatos completos, de todas las comunicaciones electrónicas entre ambas investigadas».
Entre las acusaciones existe la sospecha de que tanto Begoña Gómez como su asesora pueden eliminar sus cuentas de correo electrónico, el mismo movimiento que realizó el fiscal general cuando ya estaba en marcha la investigación sobre él por un delito de revelación de secretos. Cuando la UCO intentó acceder a su dirección de correo personal de Gmail, que usó durante una década y en la que se guardaba además la copia de seguridad de su WhatsApp, se encontró con un mensaje advirtiendo que había sido eliminada. No fue posible recuperarla.
El precedente de García Ortiz
El instructor del caso García Ortiz, el magistrado del Supremo Ángel Hurtado, dictó el pasado 20 de enero una comisión rogatoria a Irlanda en la que solicitaba a WhatsApp y Google que aportara datos de las cuentas de usuario del fiscal general entre el 7 y el 14 de marzo, los días clave en los que habría tenido lugar la filtración de datos confidenciales del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El jefe del Ministerio Público recurrió sin éxito la decisión, pero las compañías no encontraron contenido alguno porque al tratarse de aplicaciones con contenido cifrado no pueden leerlo, aunque permanezca alojado.
García Ortiz borró su cuenta alegando motivos de seguridad. El fiscal general argumentó que la UCO la había incluido en uno de sus informes y que, a partir de ese momento, comenzó a recibir mensajes «hostiles». Lo puso en conocimiento de un comisario de Policía, pero no presentó denuncia alguna por ello. Eso sí, decidió liquidar la cuenta a la que, según apuntan los indicios, se le enviaron los mensajes entre la Fiscalía y el abogado de la pareja de Ayuso en los que Alberto González Amador admitía la comisión de dos delitos fiscales por los que será juzgado.
En la última semana, la investigación en torno a la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense ha sumado nuevos elementos tras los últimos movimientos judiciales. Peinado ha reclamado al Instituto de Empresa (IE) todos los correos electrónicos que la asesora de Begoña Gómez en Moncloa mantuvo con esa institución, en la que la esposa del presidente dirigió el Africa Center entre 2018 y 2022. La medida busca esclarecer si la asesora desarrolló labores privadas para Gómez mientras ocupaba un puesto en el organigrama de Presidencia, lo que podría encajar en un presunto delito de malversación.
La UCO, de forma paralela, ha entregado un informe que detalla la implicación de Álvarez en la gestión de la cátedra Transformación Social Competitiva. Según este documento, la asesora no se limitó a cuestiones de apoyo administrativo, sino que llevó a cabo negociaciones directas con patrocinadores como Google, Deloitte, Indra o la ONCE, así como con la empresa Mindway, a la que propuso una cláusula que destinaba un 10% de beneficios a la iniciativa académica.
Los 121 correos de la cátedra
Los investigadores sostienen que Álvarez actuaba como verdadera interlocutora de la cátedra, enviando borradores de convenios, coordinando adendas y respondiendo en nombre de la dirección, incluso en comunicaciones donde Begoña Gómez figuraba en copia. Estos hallazgos refuerzan la tesis de que se desdibujaban los límites entre su papel como asesora institucional en Moncloa y las gestiones vinculadas a una actividad privada.
La Fiscalía, sin embargo, ha advertido que los 121 correos analizados hasta ahora no constituyen prueba concluyente para mantener la imputación por malversación. Tanto Begoña Gómez como Álvarez han defendido que esas actuaciones respondían a iniciativas puntuales, sin remuneración y motivadas por la cercanía personal, descartando que se tratase de un uso irregular de recursos públicos.