La Justicia es el servicio peor valorado por los españoles: el 71,5% lo suspende
La politización, la lentitud y los casos pendientes hacen que los ciudadanos desconfíen del sistema judicial
Félix Bolaños, ministro de Justicia. | Ilustración de Alejandra Svriz
Siete de cada diez españoles consideran que la Justicia no funciona. El porcentaje es el segundo más elevado desde el primer desembarco de Pedro Sánchez en La Moncloa en 2018. El dato forma parte de la encuesta Opinión Pública y Política Fiscal que elabora anualmente el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El sondeo muestra que hasta 47,6% de los ciudadanos está poco satisfecho con este servicio público.
El sondeo, analizado por THE OBJECTIVE, deja patente que el 23,9% de los interrogados sobre el funcionamiento de la Justicia está muy insatisfecho. El segundo servicio peor valorado es la ayuda a las personas dependientes. Todavía un porcentaje destacado de personas que solicitan la prestación mueren antes de recibirla debido a los retrasos de la gestión. La seguridad ciudadana y el transporte público son los servicios más valorados. La encuesta fue realizada antes del verano, un periodo en el que los retrasos e incidentes con los trenes aumentaron considerablemente.
En cuanto a la Justicia, los dos últimos años -2024 y 2025- se han caracterizado por su politización, el afloramiento de tramas de corrupción y por los retrasos de los juicios. La falta de medios materiales y humanos es muy significativa, pese a que el gasto público en juzgados y tribunales en España está por encima de la media de la Unión Europea. Mientras, tras cinco años y medio, en mayo del año pasado se consiguió desbloquear el Consejo General del Poder Judicial.
Huelga de magistrados
El CIS realizó el sondeo -4.000 entrevistas- el 7 y el 16 de julio. Pocos días antes, tuvo lugar una huelga mayoritaria en el ámbito judicial. Mientras Justicia estimó un seguimiento de un 31%, las asociaciones convocantes de la huelga —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)— cifraron el seguimiento en un 70%.
El objeto de la protesta era la denominada ley Bolaños. Esta ley prevé una profunda reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal y rediseñar el papel de la Fiscalía. Las asociaciones impulsoras de la huelga consideran que los cambios son una amenaza a la imparcialidad del proceso penal y el equilibrio de poderes.
Los órganos judiciales de España registraron en 2024 un 11,4% más de asuntos que el año anterior, alcanzando un total de 7,8 millones. La capacidad de resolución también creció un 13,2 %, con 7,3 millones de asuntos resueltos. Sin embargo, los casos pendientes a 31 de diciembre aumentaron un 13,7%, sumando 4,5 millones.
Justicia colapsada
Según el Informe sobre la situación de los órganos judiciales, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, el número de nuevos asuntos aumentó en todos los órdenes jurisdiccionales, excepto en el Contencioso-Administrativo, donde apenas hubo variaciones.
En la jurisdicción civil se registraron 3,56 millones nuevos asuntos (+19,4%), con 3,15 millones resueltos (+20%), aunque la pendencia también creció un 18,3%, con 2,68 millones casos en trámite. En la Penal ingresaron 3,5 millones de asuntos (+4,7%), de los cuales se resolvieron 3,45 millones (+7,5%), quedando 1,12 millones pendientes (+7,1 %).
La tasa de litigiosidad en España fue de 160 asuntos por cada 1.000 habitantes en 2024. Canarias lideró con 212, seguida de Madrid (178), Asturias (165), Andalucía (163), Murcia (162) y Baleares (162). El informe refleja un aumento en la carga de trabajo de los tribunales, junto con una mayor capacidad de resolución, aunque la acumulación de asuntos pendientes sigue siendo un reto para el sistema judicial.
Duración de los procesos
La duración de un procedimiento judicial en España varía mucho y es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que ofrece datos oficiales. La estimación de la duración media de los procesos llevados a cabo por el Tribunal Supremo es mayor en aquellos asuntos que se tienen que resolver en las salas de lo contencioso-administrativo -nueve meses-, de lo civil -24,9 meses- y de lo social -13,3 meses-.
En la Audiencia Nacional, los asuntos de los que se encarga la sala de lo contencioso-administrativo duran de media más de 19 meses. En la sala social tienen una duración media de 2,5 meses y la sala penal, de 1,5 meses. Los tiempos de duración de los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional son más dispares, si bien los que más tardan se han repartido desde 2010 (con alguna excepción) entre los Juzgados Centrales de Menores, el Contencioso-Administrativo y el Penal.