Manos Limpias denuncia a Sánchez y Montero por no presentar Presupuestos

La asociación Manos Limpias ha presentado una denuncia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por un presunto delito de prevaricación administrativa por omisión, tipificado en el artículo 404 del Código Penal. La organización acusa al Ejecutivo de incumplir de forma continuada la obligación constitucional de presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el escrito, firmado por el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, se sostiene que durante los ejercicios 2023, 2024 y 2025 el Gobierno no ha remitido al Congreso de los Diputados ningún proyecto presupuestario, «sin causa objetiva impeditiva y con conocimiento del deber de hacerlo», en contra de lo establecido en el artículo 134.3 de la Constitución Española.

Según la denuncia, el Ejecutivo ha recurrido a «prórrogas presupuestarias encadenadas», lo que, a juicio de la asociación, «desnaturaliza el carácter excepcional» previsto en la Carta Magna y «neutraliza el control parlamentario anual». Manos Limpias considera que esta inacción constituye una «resolución material negativa» con efectos jurídicos y acusa al Gobierno de actuar «a sabiendas» de que no contaba con mayoría parlamentaria suficiente para aprobar unas nuevas cuentas.

El escrito califica esta práctica como «un claro fraude de ley» y denuncia que el uso repetido de prórrogas ha permitido «mantener prioridades de gasto e ingresos obsoletos» y «sustraer al Parlamento del control presupuestario anual». Además, asegura que existían advertencias técnicas sobre la obligación de remitir el proyecto presupuestario y los riesgos de una «prórroga estructural».

En los fundamentos jurídicos, la asociación recuerda que el Tribunal Supremo es competente para investigar presuntos delitos cometidos por miembros del Gobierno en el ejercicio de sus funciones. Solicita que se interprete la inacción como una «resolución arbitraria» a efectos del artículo 404 del Código Penal, que castiga la prevaricación administrativa.

La denuncia pide la apertura de diligencias de investigación y propone varias pruebas, entre ellas requerimientos a la Intervención General del Estado, a la Secretaría de Estado de Presupuestos y al Congreso para recabar documentación, así como testificales de responsables técnicos y un informe pericial sobre los efectos económicos de las prórrogas.

Manos Limpias concluye que la no presentación de los presupuestos supone «la mayor vulneración del Estado de Derecho» y acusa al Ejecutivo de «vapulear» el mandato constitucional. Si el Tribunal aprecia indicios de delito, la asociación anuncia que presentará una querella formal contra Sánchez y Montero.