El Supremo se abre ahora a encarcelar a Ábalos y a iniciar una vía contra el PSOE
Las fuentes consultadas creen que «la situación es distinta» y valoran un riesgo de destrucción de pruebas o de fuga
El exministro José Luis Ábalos en su escaño en el Congreso. | EP
El cerco judicial se estrecha sobre José Luis Ábalos. El exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE comparecerá de nuevo el próximo miércoles, 15 de octubre, ante el Tribunal Supremo en calidad de investigado. Y esta vez, la posibilidad de que salga del Alto Tribunal con una orden de prisión provisional ya no es descartable. Según fuentes judiciales consultadas por THE OBJECTIVE, el magistrado Leopoldo Puente valora la medida, aunque solo la adoptará si la Fiscalía Anticorrupción la solicita. Hasta ahora, el juez había mantenido una posición prudente, pero el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha cambiado por completo el panorama.
La decisión se produce tras el último informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que detalla nuevos hallazgos patrimoniales vinculados a Ábalos. Entre ellos, un chalé en Perú gestionado por una mujer identificada como Jennifer Balta Cueva, a quien el exministro otorgó un poder notarial. La investigación apunta a que la esposa de Koldo García, Patricia Úriz, realizaba transferencias periódicas a Balta por la gestión del inmueble. Estos movimientos contradicen las declaraciones públicas de Ábalos, que siempre negó tener bienes fuera de España. Las fuentes consultadas explican que «la situación ahora es distinta» y valoran un posible riesgo de destrucción de pruebas o de fuga debido a su patrimonio en el extranjero, factores determinantes para justificar medidas cautelares más severas.
Sin embargo, el letrado Jacobo Teijelo, que representa a Santos Cerdán en la misma causa, ha solicitado suspender la declaración, lo que podría alterar los tiempos procesales. Pero todo apunta a que el próximo miércoles marcará un punto de inflexión. Por primera vez, el Supremo no solo apunta al exministro, sino que abre la puerta a una posible derivada política. El caso Ábalos deja de ser una mancha personal y amenaza con convertirse en un problema estructural para el PSOE.
Una vía de investigación
El nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aporta datos que, según fuentes judiciales, dibujan un patrón de comportamiento sostenido en el tiempo. Los investigadores señalan que tanto Ábalos como su asesor, Koldo García, habrían recibido alrededor de 32.000 euros procedentes del PSOE, entregados en metálico y en sobres recogidos directamente en la sede de Ferraz. Según el documento, parte de ese dinero figura como liquidación de gastos declarados por el partido, pero otra parte «no guarda correlación» con la documentación oficial.
Los socialistas admiten esos pagos en efectivo, pero mantienen que «todos están justificados». Sin embargo, la Guardia Civil no comparte esa interpretación. En su propio informe, el Instituto Armado apunta a «entregas de dinero en efectivo» al ex secretario de Organización «que no han sido documentadas por el partido». En varias ocasiones, la UCO se refiere a los supuestos descuadres de dinero entre los pagos registrados y la documentación presentada por el PSOE. La «falta de concordancia», señala literalmente el informe, «resulta especialmente relevante en la medida en que apunta a la existencia de una fuente de ingresos no declarados y que no se trataría de un hecho aislado».
El documento detalla también las comunicaciones internas entre los implicados. «Así lo evidencian otras conversaciones que Koldo mantiene con su mujer Patricia Úriz o Celia Rodríguez Alonso, identificada como trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE, en las que no se distingue expresamente el destinatario del efectivo –Koldo o Ábalos–, pero cuya cuantía tampoco aparece reflejada en la documental aportada por el PSOE», añade la Guardia Civil.
De acuerdo con el relato de la UCO, en ocasiones era Koldo García quien recogía los sobres en persona. En otras, enviaba a su esposa, Patricia Úriz, para hacer la gestión en Ferraz. Después, ella le confirmaba la recepción del dinero. Según las estimaciones del Instituto Armado, la cantidad recibida por Ábalos del partido –al menos, la parte constatada– rondaría los 20.000 euros, mientras que la correspondiente a su asesor se aproximaría a 12.000 euros.
Pero la investigación no se detiene ahí. Tal como adelantó THE OBJECTIVE, las pesquisas apuntan a que las cifras reales podrían ser mucho más elevadas: hasta 800.000 euros, según diversas fuentes del caso. Parte de ese dinero tendría su origen en presuntas comisiones ilegales vinculadas al amaño de contratos públicos durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. Y lo más delicado: parte de esas cantidades habrían retornado al PSOE en forma de donaciones canalizadas a través de terceros, sin que el nombre de Ábalos apareciera en los registros.
Este escenario coloca al partido en una posición incómoda. La investigación judicial empieza a cuestionar no solo la conducta individual del exministro, sino también los mecanismos de control interno del PSOE sobre los fondos entregados a sus cargos orgánicos. En otras palabras, el Supremo ya no analiza únicamente si Ábalos se benefició de una red irregular de cobros, sino si dentro del partido existió una estructura que permitió –por acción u omisión– que ese flujo de dinero circulara sin rendición de cuentas clara.