La Fiscalía Europea rechaza ampliar su investigación con otro contrato de Barrabés
Considera que solo dilataría el procedimiento contra Begoña Gómez, que ya está muy «avanzado»
Ilustración de Alejandra Svriz.
La Fiscalía Europea ha rechazado ampliar su investigación al empresario Juan Carlos Barrabés e incluir en ella un contrato que forma parte de la causa que el juez Juan Carlos Peinado dirige contra él y Begoña Gómez al considerar que solo dilataría un procedimiento que ha alcanzado un estado «avanzado».
Este empresario solicitó hace unos días a la Fiscalía europea que realizase el ejercicio de avocación, es decir, que reclamase al juez Peinado la parte del procedimiento relativa a un expediente de contratación adjudicado por Red.es (entidad pública dedicada a la transformación digital) relativo a un servicio de asesoramiento de pequeñas y medianas empresas.
La Fiscalía Europea, en un decreto al que ha tenido acceso EFE, cuestiona que la defensa de Barrabés haga esta petición después de todo el tiempo transcurrido desde que el juez Peinado abrió su procedimiento -abril de 2024-. Sugiere que lo que pretende la defensa podría ser apoyar el recurso que ha presentado contra la decisión del juez de proponer que, en caso de llegar a juicio, la causa sea enjuiciada por un jurado popular.
En definitiva, considera la Fiscalía Europea que el procedimiento que dirige el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha alcanzado tal «madurez procesal» que asumir la competencia sobre el citado expediente, como pide Barrabés, dilataría y distorsionaría la causa, afectando al derecho de defensa del resto de imputados.
La Fiscalía Europea, una institución de carácter supranacional, investiga, al margen de la causa del juez Peinado, la adjudicación por parte de Red.es de lotes de dos contratos financiados con fondos europeos por valor de 8,3 millones de euros a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Innova Next, empresa de Barrabés, y The Valley Digital, a quienes Begoña Gómez firmó cartas de recomendación.
En paralelo, el titular del Juzgado de Instrucción 41 investiga a la mujer del presidente del Gobierno por delitos como tráfico de influencias o corrupción en los negocios en una causa en la que también están imputados su asesora, Cristina Álvarez; el empresario Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco MArtín.