Ábalos apuesta ahora por dar un giro a su estrategia y estudia pactar con la Fiscalía

A rey muerto, rey puesto. José Luis Ábalos tiene nuevo abogado, el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista. El exministro ficha al representante del Ministerio Público que se encargó de asuntos tan importantes como el caso Faisán o los atentados del 11-M. Lo hace después de tantear a varios letrados en los últimos días, tras despedir el pasado lunes por «diferencias irreconciliables» a José Aníbal Álvarez, el profesional que le ha representado hasta ahora en el caso Koldo. Con esta decisión, el actual diputado del Grupo Mixto apuesta por dar un giro a su estrategia de defensa y se presta a un futuro pacto con la Fiscalía.

Bautista es experto en Derecho Penal Económico y, desde hace un año, socio de Chabaneix Abogados. El despacho ha subrayado que el nuevo letrado de Ábalos «intervino en procedimientos de especial relevancia en materia de cooperación judicial, delincuencia económica y extradiciones, aportando una sólida experiencia técnica en la gestión de causas complejas». El exministro está investigado por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

El nuevo representante legal de Ábalos ejerció durante 32 años como fiscal, casi dos décadas en la Audiencia Nacional, donde se mostró especialmente exigente con las concesiones de terceros grados a etarras. Las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE sostienen que es experto en blanqueo de capitales, hacia donde parece encaminarse la causa que cerca al exministro. De hecho, el juez Leopoldo Puente apunta que dispondría de «dinero opaco» en cuentas de terceros.

El fichaje de Ábalos

Con el cambio de letrado, Ábalos busca armar una estrategia que pasa por colaborar con la justicia sin entregar el acta de diputado, como le exigía Álvarez. «Es su red, lo que le protege», reconoce un prestigioso penalista. Este recuerda que apenas unos días después de que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán decidiera abandonar el escaño, Puente decretó su ingreso en prisión al atribuirle un rol de «cierta preeminencia» en la trama de amaños de obras públicas a cambio de mordidas.

Álvarez se cerraba a cualquier pacto con la Fiscalía, algo que podría cambiar en las próximas semanas. «Para eso ha fichado a un fiscal con una dilatada carrera y con buenos vínculos en el Ministerio Público», señala un penalista con décadas de experiencia. El antiguo abogado de Ábalos también intentó persuadirle de abandonar el acta de diputado y de que se inculpara. Otras fuentes consultadas sostienen que el exministro sospecha que su antiguo letrado filtraba cuestiones de la defensa. La nueva táctica pasaría por poner en el disparadero al PSOE, en el punto de mira del juez por financiación ilegal.

Un escenario impensable hasta ahora para Ábalos, que ha negado en todo momento haber cobrado mordidas ni recibido dádivas por las adjudicaciones de las mascarillas y el presunto amaño de obras públicas. Y eso a pesar de los indicios en su contra que ha encontrado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los dispositivos incautados a Koldo García. Las grabaciones efectuadas por el asesor y sus conversaciones han revelado que habría actuado como «gestor» y «custodio» del dinero «opaco» que habría recibido su antiguo jefe.

Ábalos ha tanteado en los últimos días al menos a tres abogados, según ha podido saber este diario. Todos ellos le habrían recomendado un cambio de actitud: colaborar con la justicia, admitir ciertos hechos que consideran evidentes y negociar con la Fiscalía un pacto benévolo para sus intereses. «Nunca va a reconocerlo, pero hacerlo es la única forma de minimizar los daños», admiten varios penalistas. El exministro se abre por primera vez a esa fórmula tras admitir en su última visita al Supremo, donde rechazó declarar, que se sentía «indefenso».

Aldama y la Fiscalía

Es la estrategia que siguió Víctor de Aldama, imputado en dos causas que cercan al exministro. El empresario que medió en la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión abandonó la cárcel de Soto del Real el 21 de noviembre del año pasado, horas después de autoinculparse y comprometerse a aportar pruebas tras declarar por el caso hidrocarburos, que comparte fiscal con el caso Koldo. Como avanzó este diario, el comisionista pactó su salida de la cárcel en una cita con el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y un mando de la UCO.

El exministro informó el pasado lunes al Supremo que cambiaba de abogado. Faltaban dos días para su cuarta declaración ante el juez por «diferencias irreconducibles» con su letrado. Unas desavenencias que, «lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante». Álvarez pretendía que Ábalos abandonara el acta de diputado, lo que devolvería el caso a la Audiencia Nacional y supondría alargar la instrucción durante una década, un escenario que beneficiaría los intereses del PSOE.

Puente rechazó la maniobra al considerarla un «fraude de ley», aunque las fuentes consultadas insisten en que las desavenencias venían de muy atrás. El juez, en cambio, consideró que la decisión de despedir a su letrado carecía de justificación y buscaba «provocar de forma indebida la suspensión de vistas o comparecencias oportunamente señaladas». Además, insistía en que la propuesta de designar a un abogado de oficio «abunda» en esa línea y obligó a Álvarez a acompañar a Ábalos en las dos comparecencias previstas. Tras ellas, otorgó un plazo de tres días para designar a un nuevo abogado.

La treta de Ábalos irritó a Puente, que emitió un duro auto el pasado martes. Las fuentes jurídicas consultadas por este diario sostienen que la «imposición» de acudir con un abogado despedido abre una vía para anular la causa por indefensión. El exministro ya aludió en marzo a una «injerencia» en sus derechos fundamentales para allanar el camino al Tribunal Constitucional. No ha sido el único. En vísperas de la declaración de su antiguo jefe, Koldo García remitió un escrito al Supremo para pedir la nulidad de la pieza separada sobre contratos públicos porque el juez no solicitó el pertinente suplicatorio al Congreso.