Cerdán reclama al Supremo salir de prisión tras ratificar la libertad de Ábalos y Koldo

La defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha vuelto a pedir al Tribunal Supremo (TS) que revoque la prisión provisional en la que se encuentra desde el pasado 30 de junio, sobre todo después de que el instructor del caso Koldo haya confirmado esta misma semana la libertad del exministro de Transportes José Luis Ábalos y del que fuera su asesor. «Hace ya 107 días», recalca.

«Justificamos esta nueva petición esencialmente en el devenir procesal del presente procedimiento y, concretamente, en las últimas decisiones adoptadas por el magistrado instructor en fecha 15 y 16 de octubre sobre situación personal de los señores Ábalos y (Koldo) García», sostienen los abogados de Cerdán en un nuevo escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

Se refieren a la decisión del magistrado del TS Leopoldo Puente de mantener las medidas cautelares a Ábalos y Koldo –prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y comparecencia quincenal en sede judicial– al considerar que, si bien el riesgo de fuga de ambos es «creciente», se puede conjurar con dichas medidas.

Así lo acordó tras sendas comparecencias en las que ambos optaron por guardar silencio. En las vistillas posteriores, las acusaciones populares encabezadas por el PP pidieron a Puente que les enviara a prisión provisional, pero Fiscalía Anticorrupción propuso ratificar las medidas vigentes y el instructor siguió este criterio.

La defensa de Cerdán esgrime que si Puente dice, en las resoluciones sobre Ábalos y Koldo, que «ni la concurrencia de contactos internacionales, ni la existencia de cuentas de terceros que pudieran contener el dinero fruto del delito, ni la posibilidad de disponer de cantidades de dinero todavía no halladas son ‘fuentes de prueba’ en el presente procedimiento que exijan la adopción de medidas cautelares como la prisión provisional», entonces tampoco debería aplicarse a su cliente.

«Si aquellos que tienen contactos internacionales, posibles cuentas con terceros y la posibilidad de disponer de dinero todavía no hallado por la investigación no son objeto de prisión provisional por riesgo de destrucción de esas fuentes de prueba, mucho menos quien no tiene acreditada la existencia de cuentas de terceros ni contactos internacionales ni se le ha hallado, a pesar de los meses de investigación, cantidad de dinero alguno», expone.

Tampoco comprende «cómo una parte de esa ‘trama’ puede poner en riesgo las fuentes de prueba (Cerdán) mientras que el resto de esa ‘trama’ no compromete en ningún momento esas mismas fuentes de prueba». «En definitiva, es difícil de entender cuáles son las acciones de ‘ocultación o destrucción’ de pruebas que únicamente y en carácter exclusivo puede realizar Cerdán y no el resto de miembros de esa supuesta ‘trama’. No solo Ábalos y García, sino también el resto de investigados», afirma.

Con todo, apunta que «la percepción que produce esta incomprensible situación es que la pretendida justificación de la situación de prisión provisional no es otra que la espera a la llegada del informe patrimonial definitivo de Cerdán acordado hace meses», si bien alega que «no es un motivo que ni la ley ni el intérprete de la Constitución hayan avalado en ningún momento como tal».

Cerdán está en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el 30 de junio por riesgo de fuga y de destrucción, ocultación y manipulación de pruebas debido a su «papel principal» en la presunta trama de cobro de sobornos a cambio de obra pública. En una reciente resolución, el propio instructor avanzó que Cerdán saldría pronto de prisión provisional, antes de que se cumplieran los primeros seis meses, que vencen el 30 de diciembre.

No hay vínculos con el patrimonio de Ábalos

La defensa añade a sus argumentos que el reciente informe sobre las finanzas de Ábalos, en el que la Unidad Central Operativa (UCO) detecta una fuente de ingresos de dinero en efectivo de origen desconocido, no revela ninguna conexión entre el patrimonio del exministro y el de Cerdán. «La realidad documental, contable, bancaria y material de Ábalos, estudiada por la unidad de élite de la Guardia Civil no confirma la hipótesis de la acusación. A pesar de ello, Cerdán sigue preso a día de hoy», denuncian los abogados.

Además, insisten en los argumentos ya expuestos en sus anteriores peticiones de libertad, todas rechazadas. Aseguran que el encarcelamiento preventivo de Cerdán «deriva de la violación de su derecho fundamental a la participación política en la expresión de su inmunidad como diputado del Congreso», que achacan a la «autodeterminación de la Policía Judicial».

Sobre esto, subrayan que, si tal y como afirmó el instructor en una de sus últimas resoluciones, no ordenó a la Guardia Civil investigar a Cerdán siendo aforado sin pedir permiso al Congreso, sino únicamente comprobar si aparecía en las comunicaciones del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, no entienden cómo esa «decisión tan concreta» acabó resultando en «un atestado policial de 490 páginas», por lo que hablan de «una investigación de meses» que «nadie había ordenado».

Y cuestionan, además, si «no es una investigación prospectiva pedir los mensajes con un diputado cuando no se acredita actividad alguna previa que permita relacionar al señor Aldama con el señor Cerdán», a lo que los abogados añaden que dicho informe no reflejó ninguna conversación entre ambos pero sí del exdirigente socialista con Ábalos, Koldo «y otras personas».

La defensa incide asimismo en que el resultado es que «en el presente procedimiento ha sucedido exactamente aquello que la inmunidad parlamentaria está llamada a proteger que es la alteración del cuerpo legislativo», recalcando que «desde que Cerdán no está en el Congreso, el Gobierno no consigue tirar adelante la mayoría de votaciones en la Cámara Baja».

«Quién, cómo y cuándo» grabó los audios

En este contexto, la defensa recela de la «investigación policial, dada la indeterminación y ocultación de sus orígenes y fuentes», y vuelve a poner sobre la mesa la posible función de García como agente encubierto por sus vínculos con la Guardia Civil, recordando en este sentido que el agente Rubén Villalba –imputado en la Audiencia Nacional– le facilitó teléfonos seguros para que la presunta trama se comunicara.

Al hilo, vuelve a cuestionar las grabaciones que Koldo hizo entre 2019 y 2023 de las conversaciones que mantenía con Ábalos y Cerdán y que constituyen uno de los principales indicios contra el exdiputado. «Los famosos audios aparecen –algunos duplicados, por cierto– en unos teléfonos que había proporcionado el comandante investigado», enfatiza.

De la misma forma, recuerda también que hay investigaciones judiciales por espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros a través de programas informáticos como Pegasus, algo que reconoce que lanza como «hipótesis» pero que cree que debería tenerse en cuenta.

Anuda asimismo que el portavoz parlamentario del Partido Popular, Miguel Tellado, «podría llegar a disponer de los informes» de la UCO «incluso antes de su presentación ante el Tribunal Supremo», a juzgar por sus declaraciones a la prensa, algo que la defensa de Cerdán ya denunció ante el TS. Por todo, vuelve a solicitar al magistrado que se investigue «quién, cómo, cuándo y por qué procedió a grabar estos audios y, en su caso, a editarlos y sobre todo con qué finalidad».