Cataluña se compromete a recuperar el dinero republicano ante el bloqueo del Gobierno
Vosseler Abogados ha recibido 360 declaraciones oficiales del Ejecutivo, paso previo a reclamar el resarcimiento
El dictador Francisco Franco visita Sevilla en 1961 para acudir a una misa. | Europa Press
El bando republicano sigue perdiendo la guerra. Nueve décadas después, sus descendientes continúan sin recuperar el denominado dinero rojo. Los sublevados requisaron miles de millones de pesetas a sus adversarios durante la contienda. El dictador Francisco Franco prometió devolverlos, pero nunca sucedió. El régimen entregó a sus propietarios unos cupones que aún conservan sus herederos. El Gobierno abrió la puerta a la reparación en 2022. A pesar de que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Histórica ha reconocido 360 reclamaciones, aún no ha cumplido su promesa. La Generalitat de Cataluña se ha comprometido a «ayudar» a las víctimas.
La Asociación de Perjudicados por las Incautaciones del Gobierno Franquista (Apigf) puso el caso en manos de Vosseler Abogados. La letrada Leire López ha realizado 425 reclamaciones de restitución. El departamento que dirige Ángel Víctor Torres ha expedido por el momento 360 declaraciones oficiales que reconocen las incautaciones realizadas por el franquismo. La abogada destaca que esos títulos que incluyen la firma del ministro suponen «un requisito previo indispensable para reclamar la compensación económica».
El bloqueo del Gobierno contrasta con algunos hitos que podrían ser considerados como agravios comparativos, como la reciente recuperación del palacete de París por parte del PNV. El pasado jueves, López y dos directivas de Apigf, la presidenta Laureana Cervera y la tesorera Lidia Jiménez, se reunieron con el director general de Memoria Democrática de la Generalitat de Cataluña, Xavier Menéndez. La letrada le expuso «la falta de agilidad en la restitución de los bienes incautados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista» desde que se aprobó la Ley de Memoria Democrática, en octubre de 2022.
El Gobierno reconoce 360 reclamaciones
Menéndez se comprometió a «ayudar» en todo lo que estuviese a su alcance, pese a no tener competencias directas en la materia. Los miembros de Apigf también solicitaron una reunión con el ministro Torres en julio, pero continúan sin recibir respuesta. El artículo 3 de la normativa aprobada hace ahora tres años otorga la calificación de víctima a «las personas que padecieron la represión económica con incautaciones y pérdida total o parcial de bienes, multas, inhabilitación y extrañamiento».
El artículo 31 de la Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho a su resarcimiento por razones políticas, ideológicas o religiosas. Además, encarga a la Administración General del Estado promover «las iniciativas necesarias» para investigar su alcance e implementar las vías para compensar a los afectados. Pero la lentitud burocrática contrasta con la urgencia humana de la situación. Jiménez, nieta del expresidente Lluís Companys, denuncia que «estamos encallados, la gente es mayor y se está muriendo».
La tesorera de Apigf señala que la compensación económica, como las 1.000 pesetas incautadas a su abuelo, en muchos casos es simbólica. En su opinión se trata de un acto de «honor» y justicia histórica. El Gobierno creó en abril del año pasado una comisión para valorar las reparaciones y establecer su alcance y los destinatarios. Disponía de un año para exponer sus conclusiones, el mismo periodo que marca la ley para la auditoría de bienes expoliados, aún pendiente. Sin embargo, ese plazo ha finalizado sin que por el momento se haya presentado el informe pertinente.
Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los integrantes de dicha comisión es dilucidar el valor actual de los títulos. Hay diferentes estudios sobre la cuestión. Uno de los más rigurosos fue elaborado por Lluís Planas, doctor en Economía por la Universidad de Barcelona. Tras la demanda conjunta que presentó el Ayuntamiento de San Julián de Ramis (Girona) en 2019, el profesor estableció que cada peseta republicana equivaldría en la actualidad a 13,91 euros. Multiplicando esa cifra por la cantidad que reclaman los miembros de Apigf supondría 250 millones. Otros afectados elevan la cifra a los 3.000 millones de euros.
Valor actual de los títulos
Un informe del Banco de España fechado en marzo de 1938 cifró la incautación en 35 millones de pesetas. Carlos Barciela, profesor de Historia Económica en la Universidad de Alicante, estima que Franco anuló 25.536 millones de pesetas (unos 150 millones de euros de la época que habría que actualizar). Más de la mitad del montante correspondía a dinero de curso legal, por lo que la cantidad decomisada podría ser superior.
Los franquistas advirtieron pronto que, si querían ganar la guerra, debían luchar contra la Segunda República en el frente económico. El Gobierno de Burgos aprobó en noviembre de 1936 un decreto para marcar los billetes puestos en circulación por el bando republicano después de la sublevación militar, lo que motivó su pérdida de valor. En abril de 1938 los sublevados ordenaron cambiar el papel moneda rojo por su dinero.
Ese año Franco aprobó tres decretos para regular el canje de billetes y las incautaciones de los signos fiducitarios republicanos. El régimen prometió devolver el dinero a sus legítimos dueños, a los que entregó unos cupones con el epígrafe «Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo». La normativa designó un tribunal extraordinario que debía resolver las solicitudes. Las que fuesen denegadas, la mayoría, engrosarían una cuenta en el Banco de España denominada «Billetes de canje desestimado».
Para recuperar sus ahorros, los damnificados tenían que ir acompañados por tres personas afines al nuevo régimen, algo que pocas veces ocurría. La mayoría se deshizo de sus recibos al entender que nunca los cobrarían. Muchos títulos aparecieron en mudanzas o en la basura. Hasta que en 2005 los descendientes crearon Apigf, que cuenta con casi un millar de socios.
Los perjudicados comenzaron a solicitar el dinero confiscado por Franco en los años ochenta a través del despacho de Cristina Almeida. En 2015, el exjuez Baltasar Garzón presentó una reclamación al Consejo de Ministros, luego rechazada por el Tribunal Supremo. El asunto ya se debatió en 2007 en el Congreso, pero fue desestimado con los votos de PP y PSOE. Una década después, el Parlamento de Cataluña envió una proposición de ley para reformar la ya derogada Ley de Memoria Histórica, que no contempló la reparación. Mariano Rajoy bloqueó la iniciativa alegando que la demanda supondría aumentar los créditos presupuestarios.