Cinco exjefes de ETA se desvinculan del asesinato de Pedrosa, edil del PP en Durango
Apenas ocho minutos han durado las comparecencias
El exjefe de ETA ‘Mikel Antza' en una imagen de archivo. | Europa Press
Cinco exdirigentes de ETA, incluido Mikel Albisu (Mikel Antza), han guardado silencio este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el atentado perpetrado contra el concejal del PP en Durango (Vizcaya) Jesús María Pedrosa, el 4 de junio de 2000, del que se han desvinculado.
Junto a Antza, estaban citados por videoconferencia Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería, Asier Oyarzabal, Ramón Sagarzazu y Vicente Goicoechea, investigados en la causa que instruye el magistrado Francisco de Jorge, reabierta en 2013 tras admitir a trámite una querella de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, según recoge EFE.
En el marco de esta investigación, la Policía constató en un informe el «contexto de persecución» y «de expulsiones forzadas» al que ETA sometió en el País Vasco y parte de Navarra a un grupo de la población civil, al que «colocó en la diana de su política de terror» y que representaba para la banda terrorista «un obstáculo para conseguir sus objetivos».
Era, según la tesis de los agentes, una «campaña estratégica de ETA» que se centró en miembros de partidos, pero que también «tuvo como objetivos policías, militares, periodistas, miembros de la judicatura» y, «en definitiva, todo aquel que la organización considerase enemigo». De nada de esto ni del propio atentado han hablado este lunes ninguno de los cinco exdirigentes de la banda citados.
Apenas ocho minutos han durado las comparecencias, en las que, según informan a EFE fuentes jurídicas, los investigados se han limitado a subrayar que nada tienen que ver con los hechos que se investigan.
A preguntas de su defensa, Ramón Sagarzazu ha explicado además que fue investigado en Francia por pertenencia a organización terrorista en grado de dirigente, si bien no se acreditó y fue condenado en grado de militante, de forma que el juez le ha reclamado que aporte la sentencia. Tras la comparecencia de estos exdirigentes, aún faltan por declarar Ainhoa Múgica, Javier García Gaztelu, Txpote; Juan Antonio Olarra Guridi, Juan Carlos Iglesias, alias Gadafi, y María Soledad Iparaguirre, Anboto, todos ellos en prisión.
En este procedimiento judicial, la Policía plasmó en el citado informe «la existencia de todo un contexto persecutorio y de expulsiones forzadas de población por parte de ETA contra un grupo de población civil por su condición de español». Una «persecución» contra «líderes políticos en el intento de crear un clima general de miedo» en el que «la población no nacionalista se sienta amenazada» y decidiera abandonar el País Vasco.
Los investigadores constataron el «acoso continuado» que sufrió el concejal Jesús María Pedrosa, que estuvo «durante mucho tiempo» en el «punto de mira» de ETA y devino en objetivo de la banda terrorista «por ser miembro» del PP en un momento en el que la banda había desplegado una «estrategia de desestabilización» que marcaba como «objetivos directos» a los representante políticos, especialmente de este partido.